El Comit\u00e9 de Solidaridad con los Presos Pol\u00edticos (CSPP) y la Corporaci\u00f3n Social para la Asesor\u00eda y Capacitaci\u00f3n Comunitaria (COSPACC) denunciaron este lunes 16 de septiembre ante el Grupo de Trabajo sobre la Detenci\u00f3n Arbitraria de Naciones Unidas, el caso de ocho l\u00edderes ambientales y comunitarios de San Luis de Palenque (Casanare, Colombia) capturados tras participar en protestas contra la empresa canadiense Frontera Energy, quien d\u00edas antes de producirse la detenci\u00f3n, de la cual es denunciante, firm\u00f3 dos convenios de cooperaci\u00f3n con la Fuerza P\u00fablica por m\u00e1s de cuatro mil millones de pesos.<\/p>\n\n\n\n
El 27 de noviembre de 2018, siendo aproximadamente las 2:45AM, se realizaron los procesos de allanamiento y captura de Ferney Salcedo, Yulivel Leal, Jes\u00fas Leal Salcedo, Carmen Iraida Salcedo, Miguel \u00c1ngel Rinc\u00f3n, Josu\u00e9 Eliecer Rinc\u00f3n, Mar\u00eda Teresa Rinc\u00f3n y Salcedo Betancourt, l\u00edderes comunitarios y ambientales del municipio de San Luis de Palenque y, adem\u00e1s, integrantes de una misma familia.<\/p>\n\n\n\n
Con un operativo de m\u00e1s de 200 hombres, entre miembros de la Polic\u00eda y el Ej\u00e9rcito Nacional, dos Helic\u00f3pteros y la Fiscal\u00eda 135 de la Estructura de Apoyo (EDA) en Casanare, capturaron a estas personas a quienes se les acusa de concierto para delinquir, violencia contra servidor p\u00fablico y obstrucci\u00f3n a v\u00edas p\u00fablicas que afecten el orden p\u00fablico, entre otros delitos.<\/p>\n\n\n\n
De inmediato, la comunidad rechaz\u00f3 esta decisi\u00f3n y denunci\u00f3 que se trataba de un montaje judicial promovido por la empresa petrolera Frontera Energy <\/strong>(antigua Pacific Exploration and Production) y la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, en contra de los principales voceros de la comunidad, la cual desde el 2016 ha venido denunciando los da\u00f1os ambientales, sociales y econ\u00f3micos que la explotaci\u00f3n del Bloque Cubiro est\u00e1 generando en su territorio.<\/p>\n\n\n\n Los ocho l\u00edderes sociales capturados han liderado procesos de denuncia y organizaci\u00f3n social para exigirle a la empresa que invierta una compensaci\u00f3n ambiental por el valor del 1% de su inversi\u00f3n por la captaci\u00f3n de agua que se realiza para la actividad petrolera; reparaci\u00f3n de las v\u00edas veredales que se han deteriorado por el paso constante de veh\u00edculos pesados; y el pago de las deudas adquiridas por Frontera Energy durante los \u00faltimos a\u00f1os con m\u00e1s de 80 personas de la comunidad que prestaron sus servicios de transporte, alimentaci\u00f3n y hospedaje.<\/p>\n\n\n\n Pese a ser l\u00edderes sociales reconocidos, la Fiscal\u00eda ha argumentado que las ocho personas conformaron en el a\u00f1o 2016 un Grupo Delictivo Organizado (GDO) el cual tiene como \u201cfachada la protesta social\u201d. Adem\u00e1s, los acusan de ser los responsables de las lesiones que fueron ocasionadas a un agente del Esmad en una protesta el 26 de febrero de 2018. Sin embargo, a lo largo del proceso la Fiscal\u00eda y la Fuerza P\u00fablica, han limitado su actuaci\u00f3n a se\u00f1alar la organizaci\u00f3n y movilizaci\u00f3n social como una conducta il\u00edcita y no han presentado pruebas que relacionen a estas personas con actividades realmente ilegales.<\/p>\n\n\n\n El CSPP y COSPACC denunciaron y entregaron abundante documentaci\u00f3n en Ginebra \u2013 Suiza, que da cuenta de c\u00f3mo Frontera Energy ha incidido en el proceso de investigaci\u00f3n contra los l\u00edderes sociales que protestaban en su contra, entre otras a trav\u00e9s de la firma de millonarios convenios con las fuerzas militares y la polic\u00eda directamente y presuntamente aprovech\u00e1ndose de los convenios que Ecopetrol tiene con la Fiscal\u00eda y que financian directamente a los funcionarios y las unidades que estar\u00edan detr\u00e1s de este caso.<\/p>\n\n\n\n Muestra de ello, es como durante el mes de noviembre de 2018, y pocos d\u00edas antes de la detenci\u00f3n, la empresa Frontera Energy<\/em> suscribi\u00f3 dos convenios con el Ministerio de Defensa Nacional (18-014 y 18-017), en los cuales el Ej\u00e9rcito Nacional se comprometi\u00f3 a brindar una especial protecci\u00f3n a las \u00e1reas de inter\u00e9s de la empresa a cambio $4.492.974.695.<\/p>\n\n\n\n Por su parte, el Fiscal 135 EDA, que funge como acusador en el caso de San Luis de Palenque, tiene su oficina en las instalaciones del Cant\u00f3n Militar de la Brigada 16, estructura que recibi\u00f3 buena parte de la mencionada financiaci\u00f3n. A su vez, la estructura de la Fiscal\u00eda de la que hace parte (Estructura de Apoyo de Hidrocarburos \u2013EDA-), ha recibido durante los \u00faltimos cinco a\u00f1os, m\u00e1s de 82 mil millones de pesos de Ecopetrol para investigar delitos relacionados con \u201cacciones de hecho durante la protesta social\u201d, entre otros, que afecten a la empresa colombiana y sus asociadas.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan Franklin Casta\u00f1eda, presidente del CSPP, \u201cson altos los riesgos que entra\u00f1an los mencionados convenios, que colocan al servicio de intereses privados las instituciones del Estado colombiano, hecho que se agrava si se tiene en cuenta que una de sus beneficiarias es la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, entidad que ha venido impulsando procesos en contra de defensores de derechos humanos y del medio ambiente que han denunciado o se han movilizado contra las irregularidades con la que funcionan estas empresas\u201d.<\/p>\n\n\n\n Las organizaciones que presentaron la comunicaci\u00f3n denunciaron en la ONU la parcialidad del ente investigador del Estado en favor de la empresa Frontera Energy, as\u00ed como las violaciones al debido proceso que se han presentado a partir de un uso indebido del derecho penal, la violaci\u00f3n de la libertad personal y el presupuesto de peligrosidad de la labor de defensa de los derechos humanos. Por esto, solicitaron que se declaren estas detenciones como arbitrarias.<\/p>\n\n\n\n El Grupo de Trabajo sobre la detenci\u00f3n arbitraria es un mecanismo creado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,\u200b en el que un grupo de expertos tienen como funci\u00f3n la averiguaci\u00f3n de casos en los que existan detenciones que puedan atentar contra los principios establecidos por normas internacionales y la Declaraci\u00f3n Universal de los Derechos Humanos.<\/p>\n\n\n\n