Laempresa privada y su injerencia en el proceso de judicializaci\u00f3n de los l\u00edderes sociales en Casanare deja entre dicho la aparente imparcialidad de las instituciones del Estado colombiano. As\u00ed lo refirma la alianza entre Frontera Energy, cuerpos Militares y Policiales, y la Fiscal\u00eda, para fortalecer la capacidad investigativa y de protecci\u00f3n de estas instituciones del Estado en relaci\u00f3n con hechos y conductas que pongan en riesgo los intereses de la empresa.<\/p>\n\n\n\n
El 16 de noviembre de 2018, once d\u00edas antes de la detenci\u00f3n de las ocho personas, la empresa Frontera Energy suscribi\u00f3 el Convenio No. 18-014 con el Ministerio de Defensa Nacional, en la cual el Ej\u00e9rcito Nacional se compromete a brindar una especial protecci\u00f3n a las \u00e1reas de inter\u00e9s de la empresa a cambio de unos aportes que Frontera Energy realiza por un monto de $2.152.974.695 durante un periodo de 13 meses[1]. Tan solo tres d\u00edas despu\u00e9s, suscribi\u00f3 un nuevo convenio, el No. 18-017 con el Ministerio de Defensa Nacional, para los mismos prop\u00f3sitos, esta vez por un monto de $2.340 millones de pesos en un plazo de un mes y doce d\u00edas, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2018[2].<\/p>\n\n\n\n
ECOPETROL ha firmado desde el a\u00f1o 2015 hasta la fecha, cinco convenios de cooperaci\u00f3n con la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n por un monto de $ 82.621.590.882 para que esta entidad preste, a trav\u00e9s de las Estructuras de Apoyo (EDA\u00b4s): \u201cEspecial atenci\u00f3n para reforzar su capacidad investigativa y de judicializaci\u00f3n, en la represi\u00f3n de las conductas delictuales que afectan a esta empresa, su grupo empresarial y asociadas, que corresponden a los delitos de apoderamiento de hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que lo contengan, terrorismo ejecutados contra la infraestructura petrolera e instalaciones de la industria, obstrucci\u00f3n a v\u00edas p\u00fablicas, secuestro, extorsi\u00f3n, hurto de bienes, lavado de activos, v\u00edas de hecho durante protestas sociales que afecten la adecuada operaci\u00f3n de la industria petrolera, en las zonas que comprenden el presente convenio\u201d[3]. Cuatro de estos convenios estuvieron vigentes durante el proceso de investigaci\u00f3n que promovi\u00f3 la Fiscal\u00eda en contra de los l\u00edderes sociales de San Luis de Palenque. Pese a que el Acuerdo es suscrito entre ECOPETROL, cobija las conductas que se cometan en contra de sus asociadas. Frontera Energy es una de las empresas asociadas.<\/p>\n\n\n\n
Las Estructuras de Apoyo -EDA-, son divisiones destinadas exclusivamente a delitos contra el sector de hidrocarburos. Desde 2013, estas estructuras en Arauca, Casanare y Meta ampliaron su campo de acci\u00f3n para investigar el delito de obstrucci\u00f3n a v\u00edas que afecten el orden p\u00fablico. Recientemente han promovido la detenci\u00f3n de varios dirigentes campesinos y defensores de derechos humanos como represalias a la participaci\u00f3n en protestas pac\u00edficas contra empresas petroleras que operan en distintas regiones del pa\u00eds, particularmente en Arauca, Boyac\u00e1, Casanare, Meta y Caquet\u00e1.<\/p>\n\n\n\n
Desde el a\u00f1o 2015 hasta el 31 de mayo de 2019 la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n inici\u00f3 196 investigaciones por la comisi\u00f3n de delitos en escenarios de protesta social en el entorno de empresas petroleras. Producto de estas investigaciones han capturado a 47 personas. Recientemente se conoci\u00f3 otro caso a cargo de la EDA de siete l\u00edderes sociales en el departamento del Meta por su participaci\u00f3n y promoci\u00f3n de movilizaciones y protestas para exigirle a Frontera Energy respeto por el medio ambiente y por condiciones laborales dignas en Puerto Gait\u00e1n[4].<\/p>\n\n\n\n
En el caso de San Luis de Palenque, uno de los principales testigos en el proceso en contra de las ocho personas defensoras de derechos humanos es Juli\u00e1n Ren\u00e9 G\u00f3mez Mart\u00ednez, responsable del \u00e1rea social de la Empresa Frontera Energy, quien declara la existencia de un grupo delictivo organizado, y asocia a este a las personas que durante m\u00e1s de tres a\u00f1os han mantenido un proceso de vocer\u00eda de las demandas de la comunidad.<\/p>\n\n\n\n
Frontera Energy no solamente ha presentado querellas por las protestas sociales adelantadas, sino que ha testificado en un proceso judicial sin el debido fundamento. Lo anterior se suma a las campa\u00f1as de desprestigio contra las y los defensores con el objeto de afectar su credibilidad, concretado en las declaraciones p\u00fablicas realizadas en la cual los acusaban de no representar los intereses de la comunidad.<\/p>\n\n\n\n
Al respecto, el Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reuni\u00f3n pac\u00edfica y de asociaci\u00f3n, Maina Kiai, destaca que todo poder judicial independiente deber\u00eda desempe\u00f1ar una funci\u00f3n positiva de reconocimiento y defensa de las normas internacionales de derechos humanos, especialmente en los contextos en que los defensores de los derechos humanos y las comunidades sean objeto de procedimientos judiciales por ejercer sus derechos a la libertad de reuni\u00f3n pac\u00edfica y de asociaci\u00f3n[5].<\/p>\n\n\n\n
De esta manera y por la injerencia de la empresa privada, la falta de parcialidad y autonom\u00eda del Estado colombiano, se ha criminalizado el derecho a la protesta y hoy mantiene privados de la libertad a: Ferney Salcedo Guti\u00e9rrez, Yulivel Leal Oros, Jes\u00fas Leal Salcedo, Miguel \u00c1ngel Rinc\u00f3n Santiesteban, Carmen Iraida Salcedo Guti\u00e9rrez, Josu\u00e9 Eliecer Rinc\u00f3n Duarte, Mar\u00eda Teresa Rinc\u00f3n Duarte y Jer\u00f3nimo Salcedo Betancourt , l\u00edderes de una comunidad que ha venido exigiendo sus derechos a la participaci\u00f3n, el trabajo, la reuni\u00f3n y la movilizaci\u00f3n.Un ejercicio leg\u00edtimo de las comunidades de San Luis de Palenque \u2013Casanare, que inicio el 2012 y que ante los incumplimientos del Estado y la empresa petrolera Frontera Energy y en los \u00faltimos tres a\u00f1os las comunidades han tenido que optar por la protesta pac\u00edfica por los incumplimientos de los acuerdos pactados y las afectaciones que la explotaci\u00f3n petrolera genera en los territorios.<\/p>\n\n\n\n
[1]<\/a>ANEXO 23. Convenio No. 18 \u2013 014 Suscrito entre el Ministerio de Defensa Nacional \u2013 Fuerzas Militares de Colombia y Frontera Energy Corp. Disponible en: http:\/\/cort.as\/-MGU4<\/a><\/p>\n\n\n\n [2]<\/a>ANEXO 24. Convenio No. 18 \u2013 017 Suscrito entre el Ministerio de Defensa Nacional \u2013 Fuerzas Militares de Colombia y Frontera Energy Corp. Disponible en: http:\/\/cort.as\/-MGUK<\/a><\/p>\n\n\n\n [3]<\/a>ANEXO 25. Convenios y\/o Acuerdos suscritos entre ECOPETROL y el Ministerio de Defensa, Polic\u00eda Nacional y Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. Gerencia de Seguridad F\u00edsica.<\/p>\n\n\n\n [4]<\/a> Rutas del conflicto (2019). L\u00edderes tratados como delincuentes. Disponible en: http:\/\/cort.as\/-N1c4<\/a>.<\/p>\n\n\n\n