{"id":689,"date":"2019-10-11T14:34:22","date_gmt":"2019-10-11T14:34:22","guid":{"rendered":"https:\/\/cospacc.org\/?p=689"},"modified":"2019-11-23T06:17:22","modified_gmt":"2019-11-23T06:17:22","slug":"guerra-juridica-y-falsos-positivos-en-casanare-el-precio-de-la-protesta-social-en-colombia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cospacc.org\/?p=689","title":{"rendered":"Guerra jur\u00eddica y falsos positivos en Casanare: el precio de la protesta social en Colombia"},"content":{"rendered":"\n

Portada<\/a> \u00bb AraInfo<\/a> \u00bb Mundo<\/a> \u00bb Guerra jur\u00eddica y falsos positivos en Casanare: el precio de la protesta social en ColombiaMundo<\/a><\/p>\n\n\n\n

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En este a\u00f1o se ha incrementado la persecuci\u00f3n de los l\u00edderes y lideresas sociales, algunos de los l\u00edderes sociales con los que nos entrevistamos est\u00e1n ahora judicializados y dif\u00edcilmente podr\u00e1n votar en la pr\u00f3xima convocatoria electoral prevista para el 27 de octubre<\/em><\/a><\/a><\/a><\/a><\/a><\/a><\/a><\/p>\n\n\n\n

A<\/a> A<\/a> A<\/a>COMIT\u00c9 DE SOLIDARIDAD INTERNACIONALISTA<\/a> | 11 octubre, 2019 12.10<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Yulivel Leal. Foto: Comit\u00e9 de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza.<\/em><\/p>\n\n\n\n

Regresamos a Yopal, departamento de Casanare, en la regi\u00f3n de los Llanos Orientales de Colombia. Ha pasado mas de un a\u00f1o desde que en agosto de 2018 la Caravana organizada por Redher, junto a otras organizaciones nacionales, regionales e internacionales, visitamos la zona del centro-oriente colombiano. Entonces tuvimos la oportunidad de visitar el asentamiento de \u201cMi Nueva Esperanza\u201d.<\/p>\n\n\n\n

En esta ocasi\u00f3n, la visita coincide con periodo de elecciones regionales y el asentamiento se ha llenado de afiches que piden el voto a los candidatos a los diferentes cargos de gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y ediles, quienes muestran su mejor sonrisa en los carteles repartidos por el asentamiento. En este a\u00f1o se ha incrementado la persecuci\u00f3n de los l\u00edderes y lideresas sociales, algunos de los l\u00edderes sociales con los que nos entrevistamos est\u00e1n ahora judicializados y dif\u00edcilmente podr\u00e1n votar en la pr\u00f3xima convocatoria electoral prevista para el 27 de octubre.<\/p>\n\n\n\n

Es conocido que en Colombia la protesta social se cobra un precio muy alto. Desde asesinatos que permanecen en la impunidad hasta la judicializaci\u00f3n de l\u00edderes como respuesta del Estado. Organizaciones como ASONALCA, COSPACC, ANJECO, ASMUC, UNION SINDICAL OBRERA (subdirectiva TAURAMENA \u201cUSO\u201d) denunciaron en un comunicado que esta respuesta recrudece las problem\u00e1ticas comunitarias y que la privaci\u00f3n de la libertad busca desarticular los procesos sociales.<\/p>\n\n\n\n

Hermes Burgos y Alix Miriam Aguilar aparecen como v\u00edctimas de montajes judiciales por parte de la fiscal\u00eda al igual que otros l\u00edderes sociales del departamento. Nos entrevistamos con Alix Miriam acusada de rebeli\u00f3n, concierto para delinquir y extorsion en su humilde vivienda en \u201cMi Nueva Esperanza\u201d. Ella lleg\u00f3 a Casanare desde el departamento vecino de Arauca, desplazada por el conflicto interno colombiano, como tantos de los pobladores del asentamiento que son sus vecinos. En abril de 2012, junto a otras 3000 personas, invadieron unas fincas privadas para conseguir un lugar donde vivir. Tres meses despu\u00e9s les desaloj\u00f3 a la fuerza y con gases lacrim\u00f3genos el ESMAD (Escuadr\u00f3n M\u00f3vil Antidisturbios). En septiembre de 2012, una parte de los pobladores volvieron a ocupar las tierras junto al ca\u00f1o Usibar.<\/p>\n\n\n\n

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Alix Miriam Aguilar. Foto: Comit\u00e9 de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza.<\/em><\/p>\n\n\n\n

Desde entonces viven bajo la constante amenaza del desalojo y reclamando a las autoridades una soluci\u00f3n para una vivienda digna. En estos momentos, lleva mas de un a\u00f1o en casa por c\u00e1rcel, una medida de aseguramiento a la espera de juicio por los delitos de rebeli\u00f3n, concierto para delinquir y extorsi\u00f3n desde que el 30 de septiembre de 2018 su casa fue allanada por la Polic\u00eda. Esta medida no le permite salir de su casa donde teje \u201cmochilas\u201d (bolsos tradicionales) que vende para conseguir algo de dinero. El calor que irradia la techumbre de planchas de acero se nos hace dif\u00edcil de soportar tras una hora de encuentro, pero Miriam tiene que soportar las incomodidad y sensaci\u00f3n de aislamiento que, puede convertirse en claustrof\u00f3bica, teniendo que recurrir a amistades y vecinos para que le ayuden a sobrellevar las gestiones ordinarias que para ella se convierten en una odisea.<\/p>\n\n\n\n

No es la primera vez que Alix sufre el acoso de la polic\u00eda, la anterior fue en febrero de 2017, cuando la Fiscal\u00eda allan\u00f3 su casa junto a la polic\u00eda, CTI, Gaula y ej\u00e9rcito. No encontraron nada. El origen de esta persecuci\u00f3n data de 2014 cuando particip\u00f3 en los paros de la Cumbre Agraria que tuvieron lugar aquel a\u00f1o en Colombia. Despu\u00e9s del allanamiento de 2017 sigui\u00f3 participando en marchas a favor de la vivienda digna y en plantones contra el feminicidio. Y las amenazas de la polic\u00eda se reanudaron. <\/p>\n\n\n\n

Por la tarde nos reunimos con tres de los procesados en otro caso. En esta ocasi\u00f3n del municipio de San Luis de Palenque. El 27 de noviembre de 2018, fueron detenidos Ferney Salcedo, Yulivel Leal, Jes\u00fas Leal Salcedo, Carmen Iraida Salcedo, Miguel \u00c1ngel Rinc\u00f3n, Josu\u00e9 Eliecer Rinc\u00f3n, Mar\u00eda Teresa Rinc\u00f3n y Salcedo Betancourt, algunos integrantes de una misma familia.
Un operativo de m\u00e1s de 200 efectivos de la Polic\u00eda y el Ej\u00e9rcito Nacional, helic\u00f3pteros y la Fiscal\u00eda 135 de la Estructura de Apoyo (EDA) en Casanare, acusadas de concierto para delinquir, violencia contra servidor p\u00fablico y obstrucci\u00f3n a v\u00edas p\u00fablicas, entre otros delitos. Entre los procesados se encuentran los l\u00edderes y lideresas que desde 2017 dirigen las movilizaciones de protesta de las comunidades del bloque Cubiro del municipio de San Luis de Palenque frente a la multinacional petrolera canadiense Frontera Energy.<\/p>\n\n\n\n

Las reivindicaciones inclu\u00edan desde el pago de deuda por servicios a empresas locales, reparaci\u00f3n de la pavimentaci\u00f3n, temas laborales, garant\u00edas de derechos humanos para la comunidad y el cumplimiento de las licencias ambientales. En este caso, hay varias cuestiones que resultan sorprendentes. Por un lado, fue la propia empresa la que durante el a\u00f1o 2018 invit\u00f3 a los hoy procesados a Bogot\u00e1 a gastos pagados para reunirse con ellos en las negociaciones para resolver estas reclamaciones. Unas reuniones a las que por parte de la empresa asist\u00edan todo tipo de abogados y asesores que entraban y sal\u00edan de las reuniones. De estas se levantaban las correspondientes actas y eran firmadas por los asistentes.<\/p>\n\n\n\n

El proceso negociador culmin\u00f3 sin mayor contratiempo ni sobresalto con una serie de acuerdos que se est\u00e1n cumpliendo en la actualidad. En todos los aspectos menos el ambiental. Un escenario que no se corresponde con el de los delitos por los que est\u00e1n siendo acusados. Adem\u00e1s, la empresa no es la que est\u00e1 acusando directamente, quien acusa es la Fiscal\u00eda, entidad que esta cuestionada en Casanare por su falta de imparcialidad al haber suscrito once d\u00edas antes de la detenci\u00f3n, el 16 de noviembre de 2018, el convenio n\u00famero 18-014 con el Ministerio de Defensa Nacional, en la cual el Ej\u00e9rcito Nacional se compromete a dar una especial protecci\u00f3n a las \u00e1reas de inter\u00e9s de la empresa a cambio de 2.152.974.695 de pesos; tres d\u00edas despu\u00e9s, suscribi\u00f3 un nuevo convenio, el n\u00famero 18-017 con el Ministerio de Defensa Nacional, con igual objeto, esta vez por 2.340 millones de pesos. Unas pr\u00e1cticas que en Colombia son habituales.<\/p>\n\n\n\n

Desde 2015 hasta la fecha, ECOPETROL ha firmado cinco convenios de cooperaci\u00f3n con la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n por un monto de 82.621.590.882 de pesos. En el a\u00f1o 2001, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n firm\u00f3 un convenio de cooperaci\u00f3n con la Polic\u00eda Nacional, Ecopetrol y el Fondo Rotatorio de la Polic\u00eda Nacional para crear siete estructuras de apoyo (EDA) en regiones estrat\u00e9gicas del pa\u00eds para la industria petrolera, con el prop\u00f3sito de adelantar las investigaciones por delitos como el apoderamiento de hidrocarburos y atentados terroristas contra la infraestructura petrolera y energ\u00e9tica. Una relaci\u00f3n tan pr\u00f3xima y estrecha que en Yopal la Fiscal\u00eda se encuentra ubicada en instalaciones del ej\u00e9rcito, lo que compromete su imparcialidad y trabajo.<\/p>\n\n\n\n

En la casa de Yulivel Leal, esposa de Ferney Salcedo, que actualmente se encuentra en prisi\u00f3n nos entrevistamos con esta. Est\u00e1 en situaci\u00f3n de casa por c\u00e1rcel. Con un aparato electr\u00f3nico en el tobillo permanece recluida y nos relata algunos pormenores del caso y las dificultades del r\u00e9gimen en el que se encuentra: desde los problemas para concertar una visita m\u00e9dica que tiene que coordinarse con el INPEC (instituci\u00f3n penitenciaria) y el Juzgado, como los econ\u00f3micos derivados de no poder atender la finca que antes constitu\u00eda su trabajo, sustituido ahora por la elaboraci\u00f3n de algunas piezas de bisuter\u00eda para sacar algo de dinero.<\/p>\n\n\n\n

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Iraida Salcedo y Miguel \u00c1ngel Rinc\u00f3n. Foto: Comit\u00e9 de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza.<\/p>\n\n\n\n

Tambi\u00e9n nos reunimos con Iraida Salcedo y Miguel \u00c1ngel Rinc\u00f3n, un matrimonio que tambi\u00e9n se encuentra entre los procesados e igualmente en r\u00e9gimen de casa por c\u00e1rcel. Su situaci\u00f3n es excepcional por lo an\u00f3malo de su caso: acusados de haber sido beneficiados de un contrato por parte de la empresa Frontera como consecuencia de presiones, aunque ellos argumentan que fueron la empresa seleccionada al presentar la oferta econ\u00f3mica mas ventajosa para la petrolera en un proceso abierto y p\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n

Frontera no les acusa y los trabajos fueron realizados y pagados oportunamente, a excepci\u00f3n de una retenci\u00f3n o fianza por el 5% de los trabajos que no est\u00e1n en condiciones de reclamar dado que no tienen acceso a la documentaci\u00f3n y ordenadores de su empresa por la situaci\u00f3n judicial en la que se encuentran. Se quejan amargamente de que \u201cnuestro material de trabajo, los computadores, la fiscal\u00eda no nos los han querido entregar, aun y cuando lo hemos solicitado desde hace m\u00e1s de 7 meses en reiteradas ocasiones\u201d. Un embrollo legal que les est\u00e1 llevando a la ruina econ\u00f3mica de su empresa que ha terminado con sus empleados en la calle y que ocasiona que tengan que vivir de la ayuda de familiares y amigos. Los hijos no pueden ir al colegio con los padres y tienen que recurrir a taxistas u otras personas para que puedan cumplir con sus actividades.
La esperanza de este grupo pasa en estos momentos por Ginebra donde el Comit\u00e9 de Solidaridad con los Presos Pol\u00edticos \u2013CSPP- y la Corporaci\u00f3n Social Para la Asesor\u00eda y Capacitaci\u00f3n Comunitaria \u2013COSPACC- presentaron una comunicaci\u00f3n al Grupo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas \u2013ONU- por su captura.<\/p>\n\n\n\n

En un momento en que los acuerdos de Paz entre el Gobierno y las FARC-EP se encuentran en uno de sus momentos mas bajos, con noticias de asesinatos de ex integrantes de las FARC, a los que se a\u00f1aden los de defensores de derechos humanos, en un goteo diario, la ofensiva del aparato estatal contra los movimientos sociales es otra constante que ahonda la grave situaci\u00f3n de los derechos humanos.<\/p>\n\n\n\n

El falso positivo judicial es una adaptaci\u00f3n del tristemente conocido como falso positivo. En estos, ciudadanos normales eran asesinados por fuerzas del ej\u00e9rcito y hechos pasar como integrantes de la insurgencia, uno de los episodios mas negros de la reciente historia de Colombia. En los falsos positivos judiciales se manipula el derecho penal, mediante pruebas y acusaciones falsas para construir expediente judiciales generalmente en contra de activistas sociales y defensores de derechos humanos.<\/p>\n\n\n\n

Muchas veces los acusados despu\u00e9s de a\u00f1os sometidos a procesos judiciales son liberados ante la inconsistencia de las acusaciones que no resisten el momento definitivo del juicio. Una situaci\u00f3n que nos recuerda los casos que nos han expuesto donde dif\u00edcilmente resultan cre\u00edbles las acusaciones. Una de las investigadas por el caso de San Luis de Palenque nos contaba que tras la firma de los acuerdos cuando surg\u00eda una disputa laboral con Frontera los empleados implicados reclamaban la intervenci\u00f3n de los representantes de la Comunidad ante la desesperaci\u00f3n de la empresa.<\/p>\n\n\n\n

Todo parece una venganza de la compa\u00f1\u00eda para desincentivar la protesta social recurriendo a la Fiscal\u00eda. Unas pr\u00e1cticas \u00edntimamente relacionadas con el law fare o guerra jur\u00eddica y que constituye una de las amenazas mas graves a los sistemas democr\u00e1ticos. Que casos como los descritos se resuelvan sin destruir las vidas de los implicados, estigmatiz\u00e1ndolos de por vida, es un imperativo para que el historial de Colombia en incumplimiento en materia de Derechos Humanos no siga creciendo.<\/p>\n\n\n\n

Tomado de: https:\/\/arainfo.org\/guerra-juridica-y-falsos-positivos-en-casanare-el-precio-de-la-protesta-social-en-colombia\/<\/a> <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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