Organizaciones sociales y comunidades exigen libertad para sus líderes sociales

Diversas organizaciones de derechos humanos han denunciado el avance de una política de persecución al movimiento social en Casanare caracterizada por constantes señalamientos, amenazas, procesos de judicialización a través de montajes judiciales, malas interpretaciones de la norma y asesinatos selectivos contra líderes y organizaciones ambientalistas, campesinas, juveniles, comunales y de mujeres. 
Es por eso que diversos líderes del departamento, junto con organizaciones y procesos comunitarios convocaron el pasado 12 de junio una movilización con la consigna #SerLíderSocialNoEsDelito para evidenciar que a la lucha por los derechos y reivindicaciones de las comunidades no se le puede dar un tratamiento de guerra, como lo vienen haciendo las instituciones de investigación y judicialización del Estado.

Esta movilización rechazó la política de persecución al movimiento social y acompaño a diversos líderes sociales y comunales que están atravesando procesos de judicialización como lo son los líderes sociales del movimiento social de Casanare y los líderes de San Luis de Palenque y Trinidad quienes se encuentran privados de la libertad, debido a sus acciones de movilización en defensa del territorio. En Casanare más de 30 líderes sociales enfrentan procesos judiciales por defender la vida, el territorio y ejercer su derecho a la movilización, política de Estado implantada para acallar las comunidades en la exigencia de sus derechos.

Asesinar, perseguir y judicializar: Plan de exterminio de líderes sociales


Trochando Sin Fronteras, edición 39 abril – junio de 2019
Por: Equipo de comunicaciones Casanare – Trochando Sin Fronteras

Como una política sistemática y continuada de exterminio califican algunos medios, organizaciones y sectores sociales, alternativos y populares el permanente proceso de persecución, amedrentamiento, judicialización y asesinato de líderes sociales en Colombia[1]. Esto, teniendo en cuenta referentes históricos como ¡A Luchar![2] o la Unión Patriótica en los 80’s, con el paso de cada gobierno represivo y las constantes arremetidas estatales y paramilitares contra el movimiento social desde los gobiernos de Uribe, Santos y Duque se demuestra que la tendencia ha sido la agudización y profundización del modelo de despojo y explotación, que a su paso golpea y ataca a los procesos populares y sus líderes, muestra de ello, es que tan sólo en los primeros 7 días del año 2019 fueron asesinados 6 lideres comunitarios, ambientales, campesinos, indígenas y de víctimas a nivel nacional, tendencia que se ha mantenido, todos los días hay lideres sociales asesinados, perseguidos, amenazados o encarcelados.

Con la posesión de Iván Duque se hace más clara la política reaccionaria y agresiva del uribismo, que ubica a la cabeza del Ministerio de Defensa a un empresario ultraconservador como Guillermo Botero, y en el Ministerio del Interior que tiene, entre otras, la función de impulsar políticas para el ejercicio de la protección, promoción, respeto y garantía de los Derechos Humanos a Nancy Patricia Gutiérrez, quien estuvo vinculada a investigaciones por parapolítica y se ha demostrado una real partidaria de la lógica autoritaria de Uribe y su séquito.

Lideres comunales, étnicos (indígenas y afrodescendientes), campesinos, defensores de derechos humanos y reclamantes de tierra son el principal blanco de las acciones de persecución por parte de instituciones, actores armados legales y extra-institucionales a nivel nacional, en el caso puntual del centro oriente colombiano, han sido las alianzas entre empresas multinacionales, órganos judiciales y agentes de inteligencia (a través de las Estructuras de Apoyo EDA), el mecanismo para crear procesos de judicialización basados en montajes judiciales a grupos de líderes, con la supuesta existencia del delito de “concierto para delinquir” se persigue cualquier proceso de lucha en el que más de dos personas se junten para protestar y exigir sus derechos, y con el delito de “rebelión” se asume que actuar en contra de las actuaciones del gobierno es adelantar acciones tendientes a “derrumbar el orden constitucional”, lo que lleva a que se criminalicen todas las labores de organización y movilización de las comunidades, buscando el exterminio de cualquier brote de protesta.

Algunos de los casos más emblemáticos de persecución y judicialización sistemática en Colombia los han tenido que enfrentar recientemente las organizaciones vinculadas al Congreso de los Pueblos, Miriam Aguilar, Hermes Burgos[3], Julián Gil, Ferney Salcedo, Miguel Ángel Rincón, Jesús Leal, Yulibel Leal, Maria Teresa Rincón, Milena Quiroz, Rosa Herrera, Pedro Pablo Castellanos, Reinaldo Efrain Gonzalez Fuentes, Gabriel Valderrama Ancizar Morales[4] y Germán Bernardo Carlosama, son solo algunos de los nombres de quienes, en sus territorios, y en medio de la lucha por conquistar condiciones de vida digna o cumplimiento de acuerdos con empresas e instituciones han sido detenidos arbitrariamente, de manera injusta e involucrados en montajes o falsos positivos judiciales.

Así, mientras Hidroituango se impone a sus anchas, los criminales internacionales de Odebretch pasan de agache, las empresas de Ardila Lule que financiaron el paramilitarismo siguen manejando los hilos políticos del país, las Fuerzas Militares y de Policía imponen su brazo autoritario de represión y muerte, los medios enfocan la mirada hacia Venezuela, el aparato legislativo permite la profundización del modelo neoliberal adoptado por la clase multimillonaria que ha mantenido en la pobreza a las clases populares, y el país sigue hundiéndose en un estancadero que parece no tener salida, las comunidades y procesos sociales y populares se siguen organizando, juntando rebeldías, fortaleciendo el ejercicio de formación, cualificando la lucha y recreando formas diversas de hacer política sin la necesidad primaria de acudir a la corrupta estructura institucional.

Con la campaña “Ser Líder Social No Es Delito”, diversas organizaciones envían un mensaje a la sociedad, al Gobierno Nacional y la comunidad internacional: en Colombia, ser líder social se ha considerado, desde las esferas empresariales y gubernamentales una acción delictiva, delincuencial, una labor que se debe perseguir, criminalizar y judicializar, muestra de ello han sido todos los casos anteriormente mencionados, sumados a la aguda represión que afrontan las comunidades que se movilizan en mingas, paros, bloqueos y marchas que tienden también a escalar en un año como el actual, en el que el movimiento social viene tejiendo la Minga Nacional por la Vida contra el Plan Nacional de Desarrollo y sus nefastas intenciones, alineadas al capitalismo internacional.

[1] La ofensiva de terror y exterminio del movimiento y su liderazgo de base
[2] A luchar 1984-1991 una propuesta de nueva izquierda y unidad
[3] Hermes Burgos: el delincuente que no cometió ningún delito

[4] ¡Atención! nuevo montaje judicial: Detenido Ancísar Morales por Falsas Acusaciones

La verdad de Lengupá

La desaparición forzada y otras caras del conflicto se vivieron entre los paisajes profundos y las gentes humildes de Lengupá: seis municipios de Boyacá en la frontera con Casanare donde también reclaman por la verdad y la búsqueda de sus seres amados. PeriodismodeVerdad.com se acerca a las verdades ocultas de un territorio hermoso y poco nombrado en el relato nacional de la guerra y la paz.

Lengupá es una provincia en Boyacá que acoge seis municipios: Berbeo, Miraflores, Páez, Campo Hermoso, Zetaquirá y San Eduardo. Sus montañas, valles y abismos la hacen hermosa y aterradora al mismo tiempo. Aquí, donde la naturaleza es diversa y rica, todas las formas de la violencia se dieron cita. Actores armados de distintas características y corrientes se encontraron en esta región y resquebrajaron el tejido social y la confianza para imponer sus leyes de dolor, silencio y muerte. Hoy la abundante flora inunda con su aroma el paisaje a la vez que sus precipicios dibujan un escenario perfecto contra el olvido de aquellos que arrasó la violencia y les obligó a perecer a merced de las aves rapaces al fondo de los abismos.

Es la frontera con el Casanare en la cordillera oriental. En Lengupá, como en muchas tierras de Colombia, la historia se ha llenado de violencia. Gracias a las comunidades, a la fortaleza de las víctimas y el acompañamiento de organizaciones también se han escrito días y años de luchas sociales, las comunidades han buscado la verdad y los desaparecidos que la violencia le arrebató a esta hermosa tierra.  Sin embargo, a excepción de Puerto Boyacá, Boyacá ha sido casi invisible en el mapa de la desaparición forzada en el país. Y a pesar de vivir las violencias y la guerra a la par con el resto de Colombia, poco ha resonado esta provincia en el historial del conflicto. Por eso el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición tiene desafíos especiales en esa región.


Acto central de Peregrinación a Lengupá – Diciembre de 2018

La semilla que ya han sembrado organizaciones y víctimas empezó a ser abonada por la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD). A inicios de mayo, la comunidad se reunió en Tunja con delegados de estos mecanismos para conversar sobre la apuesta del Sistema y trazar una ruta sobre la cual empezar. Boyacá resultó ubicada en la región Centro Andina de la Comisión de la Verdad, junto a Tolima y Huila.

Según el Registro Único de Víctimas, unas 33 mil personas se registraron como víctimas de diversos tipos en Boyacá, pero no se consolidan aún cifras de casos de desaparición forzada. Las familias, por ejemplo, reclaman por el paradero de unas 2 mil personas según el plantón realizado en 2018. “¿Dónde están 2216 desaparecidos en Boyacá?”, decía la Corporación Zoscua. Sin embargo, la Unidad de Víctimas habla de 522 víctimas directas y 1374 familiares de desaparecidos siendo los municipios con más casos Puerto Boyacá (213), Otanche (28), Miraflores (24), Muzo (23) y San Luis de Gaceno (22).

Desaparición y muerte

Particularmente en Lengupá se desconoce el número. Solo algunos están documentados ya que el miedo aún prevalece y se convive con organizaciones ilegales. Entre ellos está el caso del campesino José Germán Salamanca de 43 años de edad, desaparecido por las Autodefensas Campesinas de Casanare (ACC). Lo sacaron  de su casa de habitación en la vereda Guanatá, municipio Zetaquirá, hacia las 8 de la noche el 23 de octubre del año 2000. ¿Dónde está? ¿Qué pasó con el campesino que labraba la tierra y con su yunta de bueyes les araba las tierras a sus vecinos? ¿Qué pasó con el líder de la junta de acción comunal? Esta y muchas más son las verdades que Lengupá reclama.

“La familia ya estaba durmiendo cuando llegaron siete hombres y le dijeron a José que tenía que irse con ellos, que al otro día regresaba. José no sospechó nada, se vistió y se fue con ellos y nunca más se volvió a saber de él”, relata su esposa quien luego de un mes de desaparecido hizo la denuncia ante la Fiscalía de Miraflores. Durante los años siguientes la citaron a declaraciones. En agosto de 2014 el personero de Zetaquirá le informó a la familia que el caso se había cerrado.

También la familia de Carlos Ovalle Gordillo espera justicia. “A mi padre lo ejecutaron las Autodefensas del Casanare un 26 de febrero del 2002 en su finca de la vereda Chapacía, donde también pretendían atentar contra mi madre María Elvira Díaz y declararon objetivo militar a toda la familia Ovalle Diaz”, le cuenta a PeriodismodeVerdad.com Miguel Ovalle, hijo de Carlos y víctima de la persecución y el desplazamiento forzado junto a toda su familia.

“Mi padre era un hombre de carácter fuerte y arraigado a su tierra que tras varios intentos de los paramilitares para asesinarlo, se mantenía en este lugar ya que él decía que él era un hombre que no le había hecho mal a nadie. Para nosotros fue muy difícil aceptar su muerte y a esto se le suma que en su velorio la Defensoría del Pueblo de Tunja  abordó a mi mamá y le indicó que era necesario que abandonáramos el pueblo; de ahí salimos para Bogotá y luego del atentado contra mi hermano el 28 de agosto del 2001 que para la época se desempeñaba como Personero municipal”, recuerda Miguel hasta rememorar su exilio.

“Iniciamos trámites para salir del país. Aplicamos para varios países pero terminamos en Canadá; allí estuvimos por dos años. Bueno, el único que regresó al pueblo fui yo en el 2004. Pero ya no tengo a mi mamá, acá no tengo a mi hermano, no tengo a mi papá. Tengo a mis dos hijas que ya crecieron, pero no tengo a mis otros seres queridos”, relata Miguel desde su fincaEl joven sigue labrando la tierra y en la actualidad participa en la recopilación de memorias en busca de la reconstrucción y sanación de su entorno. Su hermano Nelson, entre tanto, sigue en la defensa de los derechos humanos.

La historia de la guerra

Todo empezó a inicios del siglo XX. Esta historia reciente de violencias en Lengupá se divide en dos periodos con tres olas. El primero comenzó con la posesión de Mariano Ospina como Presidente de Colombia en 1946 hasta 1950 y la configuración del poder político entre el partido Conservador y el Liberal. Lengupá también vivió el terror bipartidista.

A mediados de los 80  y principios de los 90 comenzó a gestarse la segunda ola de violencia tras la llegada de Ecopetrol en la región, al mismo tiempo que se levantó el Batallón Energético Prócer José María Carbonell para custodiar las inversiones petroleras de acciones subversivas de guerrillas y otros grupos ilegales que ya hacían presencia en el territorio.

La oferta inesperada de trabajo industrial transformó la economía local, atrayendo mano de obra externa que precarizó el trabajo y redujo considerablemente la labor agraria. Estas condiciones motivaron diversas manifestaciones de inconformismo en la clase popular, permitiendo la conformación de organizaciones sindicales y políticas de izquierda, que fueron exterminadas violentamente, bajo el pretexto de la guerra contrainsurgente y en complicidad con los paramilitares, quienes se encontraban en la zona garantizando la seguridad del corredor cocalero entre los Llanos orientales y el centro del país.

De acuerdo con documentación y relatos locales, durante esta etapa de conflicto los paramilitares reclutaron jóvenes, hicieron labores de patrullaje, cometieron asesinatos selectivos e infiltraron las instituciones locales del Gobierno. El Alto de Buenavista  -vereda Cápaga, municipio de Páez- fue testigo silencioso de las masacres; hasta este abismo hermoso e imponente llegaban hombres armados y civiles a quienes les hacían pelear hasta la muerte o, simplemente, les arrojaban al vacío.


Caminata hacia el Alto de Buenavista

Mientras este entramado sociopolítico violento se manifestaba en la región, llegó la tercera ola de violencia que inició con la Ley de Justicia y Paz en 2005, mediante la cual las Autodefensas Unidas de Colombia se desmovilizaron. Las Autodefensas de Colombia (ACC), sin embargo, no entraron en ese proceso e inició una lucha cada vez más aguda por mantener el poder territorial. De acuerdo con Fernando Ortiz en Hilando Voces, publicación del programa de paz del CINEP, él mismo fue reclutado por paramilitares para hacer parte de sus filas y recuerda escucharles hablando de la posibilidad que tenían de legalizar su accionar una vez Álvaro Uribe Vélez llegara a la presidencia. Su reclusión fue motivada por uno de sus compañeros de colegio, quien hacía parte de la red de informantes y colaboradores de los “paras” en la región.

Hoy se hace un esfuerzo por desenterrar la verdad de la que poco se conoce. Hay quienes se han dedicado a contar la historia desde la voz de las víctimas y se encuentran ahora buscando estrategias para romper el silencio, para no caer en la re victimización de comunidades a las que les han desgarrado el alma y que les sigue doliendo recordar sus casos. También defensoras y defensores de la vida construyen a cada paso elementos de confianza que permitan entender qué pasó en Lengupá, por qué se ha instalado allá tantas veces la violencia y cómo enmendar errores del pasado para evitar que de nuevo se ubique el terror.

Pero muchos aún no se atreven a hablar. Entregar testimonios para avanzar en la construcción de la memoria de Lengupá ha generado incluso discrepancias; los responsables no fueron solo los ilegales sino el Ejército nacional y la similitud de uniformes no permitían la plena identificación. A eso se suma que, en ocasiones, miembros del Ejército y paramilitares se hacían pasar  por guerrilleros. Pese a todo hay voces y luchas como la de Miguel Ovalle quien se escucha de nuevo en las calles de su pueblo y retumba en los cañones de la exuberante provincia de Lengupá como una grito de valor y dignidad: “Uno se acostumbra a sobrevivir; lo más importante es que ya no tengo rencor”, dice desde su paraíso. 

Texto: América Leguizamón. Fotos Cortesía Jennifer Camargo – Trochando Sin Fronteras

Lengupá: una provincia que busca sus desaparecidos

Foto: Jornada de la memoria provincia de Lengupá

La desaparición forzada es una modalidad de violencia usada por los actores armados para garantizar el silencio y la impunidad, una estrategia política de dominación, para evadir la verdad y las responsabilidades.

Es deber del Estado garantizar la protección, la vida, la seguridad, la integridad y la libertad. Para ello es necesario que exista un reconocimiento institucional de las violencias que ha padecido el territorio. Para el caso de Boyacá, muchas personas fueron sustraídas de sus hogares, de sus comunidades y se quedó el silencio, el vacío, la esperanza de volver a encontrarles.

Por: Equipo de Derechos Humanos – Boyacá

Familiares y comunidad de Páez, Miraflorez y San Eduardo continúan en la búsqueda de los desaparecidos, junto a organizaciones y defensores de derechos humanos realizan espacios pedagógicos de capacitación sobre rutas de atención, el Sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no repetición, la memoria, la identificación, la búsqueda y el reconocimiento del territorio en la provincia de Lengupá.

Este espacio convocado por la alianza -Desaparición Forzada en Guaviare y Boyacá-, integrada por el Centro de Investigación y Educación Popular CINEP PPP, el Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, la Corporación Vida Paz y la Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria COSPACC busca dar elementos para que familiares y comunidades puedan participar y apoyar los procesos de la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas -UBPD-.

Según Tatiana Trina de la Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria – COSPACC-: “El taller permitió compartir experiencias y aprendizajes en torno a lo que tiene que ver con la búsqueda de personas desaparecidas y la ruta de atención a las personas que no descansan y siguen buscando a sus familiares. En este espacio se explicaron las funciones y mandatos de la -UBPD- y qué es un mecanismo que surge de un del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación y Garantías de no repetición.”

Un despliegue necesario

Según las comunidades y organizaciones en Boyacá no sé realizado el despliegue territorial de la Comisión de la Verdad y la -UBPD-, el Estado históricamente no reconoce a Boyacá como territorio que padeció el conflicto y las múltiples violencias, que bajo sus suelos y sus campos tiene cuerpo de personas sin identificar.

Ante esta situación, es una exigencia de la comunidad y de las familias que priorice en Boyacá el trabajo de estas dos instituciones. Mientras esto sucede las comunidades y organizaciones trabajan para que las personas de esta provincia conozcan las rutas de atención y generen las confianzas necesarias para atender los procesos y procedimientos.

Reconocen que los familiares sufren un proceso de revictimización al enfrentarse con las instituciones y contar la verdad de la violencia y sus desaparecidos, es por esto que la Alianza Desaparición Forzada en Guaviare y Boyacá proyecta continuar con estos escenarios pedagógicos con el objetivo de acercar a las comunidades a la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, pero con la exigencia, – que vivos se los llevaron y vivos los queremos – y con el objetivo de no descansar hasta encontrar las personas desaparecidas e identificar las personas reposan en nuestros territorios.

Mientras este despliegue se da en los territorios las familias y comunidades se preguntan:

¿Quiénes son las personas sepultadas y lanzadas a los campos boyacenses?, ¿Dónde están todas las personas que se llevaron?

Detrás de un cuerpo sin identificar hay una familia que le busca y una comunidad que le extraña. Los cuerpos que han sido sepultados llevan consigo vidas, historias, tranquilidad para las familias y el tejido social en las comunidades.

Lengupá, contará su historia, pero requiere de los esfuerzos del Estado en la búsqueda de las personas desaparecidas, por tanto, es una exigencia la presencia de la Unidad de Búsqueda de las Personas Dadas por Desaparecidas, porque las familias lo necesitan, porque las experiencias de búsqueda de la comunidad son muy valiosas y porque en este territorio desaparecieron y sepultaron a muchos.

Se lo llevaron, se la llevaron, no volví a ver su rostro ni a tomar su mano. No sabe nada sobre qué ha sido de nosotros y yo no sé qué ha sido de él o de ella.

No sé si decidió dejarse crecer el cabello o la barba, no sé si creció un par de centímetros más, o si todavía me da en el hombro, donde recostaba su cabeza en una expresión tímida de cariño.

No sé, y lo peor de todo es no saber, si tiene hambre, si padece sueño, si se niega a tener hijos o si tenga muchos más, si quiere volver.

Sueño con su sonrisa y sueño con que la mañana le va a traer de vuelta.

Tomado de: https://trochandosinfronteras.info/lengupa-una-provincia-que-busca-sus-desaparecidos/

DENUNCIA PÚBLICA

Denunciamos ante la comunidad nacional e internacional y ante los organismos competentes los hostigamientos, persecución y amenazas contra el líder social JULIO RODRÍGUEZ, integrante del asentamiento La Nueva Esperanza del municipio de Nunchía departamento de Casanare, situación que ha puesto en riesgo su vida, seguridad e integridad.

Foto: Equipo de comunicaciones Casanare

Hechos

  1. El 07 de mayo de 2019 a las 3.20 PM, nueve personas uniformadas con prendas militares, quienes se presentaron como integrantes del GAULA, llegaron en una camioneta vinotinto al asentamiento La Nueva Esperanza, ubicado en el municipio de Nunchia.
  2. Dos agentes se quedaron en la camioneta, que se ubicó en la calle principal del asentamiento. Siete agentes ingresaron al asentamiento y preguntaron por la ubicación del señor JULIO RODRÍGUEZ, a lo que la esposa les contestó que se encontraba trabajando.
  3. Los integrantes del GAULA procedieron a fotografiar la casa de JULIO RODRÍGUEZ y su familia, así como la casa del señor PIOQUINTO URBANO.
  4. Posteriormente, preguntaron si en el asentamiento había líderes sociales, que cuánto tiempo llevaban viviendo en el asentamiento y con qué servicio cuentan. Solicitaron el número de celular del PIOQUINTO URBANO y entregaron folletos de propaganda del GAULA.

DENUNCIAMOS:

La política de persecución, seguimiento, individualización, judicialización y estigmatización al que son sometidos los líderes y lideresas sociales en Colombia, y en este caso, en especial en el asentamiento La Nueva Esperanza de Nunchia, Casanare.

Si en efecto son miembros del GAULA, el irrumpir en este asentamiento preguntando por los líderes sociales genera zozobra en los habitantes y nos alerta por la situación de riesgo en que se encuentran los líderes sociales en Colombia que han sido víctimas de judicializaciones y asesinatos.

Responsabilizamos

Al Estado colombiano en cabeza de IVÁN DUQUE MÁRQUEZ y al Ministerio de Defensa por las actuaciones de los integrantes de las fuerzas regulares del Estado Colombiano contra dirigentes y líderes sociales.

Exigimos

Al Estado colombiano que garantice la vida, la debida protección, la libertad y la integridad de los líderes sociales.

A las autoridades competentes, que se vigilen las actuaciones de los agentes involucrados en acciones que impliquen la individualización de líderes sociales, ya que estas alertan, intimidan y ponen en riesgo la función social contemplada en la Constitución Política de Colombia y las leyes.

A la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación, que aseguren la realización de una investigación exhaustiva y urgente con el fin de proceder con las sanciones a las que haya lugar y se logre detener cualquier acción contra la vida, la seguridad, la libertad y la integridad de líderes sociales de Nunchia, Casanare.

A las entidades garantes como la Personería Municipal, la Defensoría del Pueblos acompañen, activen y garanticen las medidas de protección para los integrantes de las organizaciones sociales y líderes sociales.

Firma:

Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria “COSPACC”.

Copia a:

Oficina del Alto Comisionado para los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas.

Procuraduría General de la Nación.

Subcomisión de garantías de derechos humanos de la Cumbre Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular.