El próximo sábado 27 de abril a las 9.00 am se realizará el lanzamiento del Caso Tipo No 14 Hilando voces, tejiendo memorias. Tras las huellas de la violencia de Lengupá, Boyacá.
Tendrá lugar en la Casa de la Cultura del municipio de Páez, en la provincia de Lengupá.
La violencia en este departamento, tiene algunos hitos como en los años cincuenta con la guerra bipartidista entre liberales y conservadores, la historia de los Chulavitas[1] el embrión que dio nacimiento a los grupos de autodefensas y paramilitares en Colombia. Tampoco se puede olvidar que en Puerto Boyacá tuvieron origen las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC-[2] las cuales sembraron el terror en el país. Incluso este municipio es considerado como la capital antisubversiva de Colombia.
Boyacá, es uno de los departamentos donde se pretendió invisibilizar la violencia. De las masacres que allí perpetraron los paramilitares poco se sabe, igual de las víctimas del conflicto social y político, especialmente en la provincia de Lengupá.
Ante la necesidad de construir memoria. Comunidades, organizaciones sociales y de derechos humanos el pasado 31 marzo de 2019, en Miraflores – Boyacá, desarrollaron el lanzamiento del Caso tipo número 14 Hilando voces, tejiendo memorias, tras la huella de la violencia vivida desde los años 80’s hasta el 2005. resultado parcial de un proceso de investigación que tiene como objetivo la búsqueda e identificación de personas desaparecidas.
Para los habitantes que vivieron esta época, el número de víctimas es indeterminado, “hasta este lugar, los paramilitares llevaban a sus víctimas, para luego lanzarlas de este precipicio al lecho del río Lengupá“.
Para Tatiana Triana, de la corporación COSPACC, “se viene adelantando un proceso de investigación con el fin de aportar a la memoria y la verdad, y visibilizar los procesos de violencia. El lanzamiento de Hilando voces, tejiendo memorias, tras la huella de la violencia en Lengupá Boyacá, como un primer producto, que entregamos a la región y a la nación, evidenciando y visibilizando los casos que se presentaron, en Lengupá – Boyacá, documentados desde 1985 hasta el año 2005”. Aseguró.
Yolanda Acevedo una de las víctimas narró “El hecho victimizante fue la desaparición de mi hermano, con alegría expongo mi caso, porque muchos se van a dar cuenta que sí me quitaron un miembro de mi familia, que salió a la luz pública ese caso que tanto duele, ejemplo para que muchos otros, lo tomen y lo hagan, lo que se hasta haciendo es llevar una voz a estas víctimas que no quieren hablar, que no quieren decir lo que sucedió, decirles hablen, comenten para que salga a la luz pública, por dicen que la región de Lengupá no tiene violencia, pero si la tenemos”
ORGANIZACIONES SOCIALES DE CASANARE DENUNCIAN PÚBLICAMENTE ANTE LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL Y ANTE LOS ORGANISMOS COMPETENTES LA DETENCIÓN ARBITRARIA DEL LÍDER SOCIAL E INTEGRANTE DE CONGRESO DE LOS PUEBLOS, JONATHAN CAMARGO.
ANTECEDENTES
Jonathan Camargo se ha caracterizado por el liderazgo estudiantil y social. En ocasión a su trabajo político con las organizaciones sociales de Congreso de los Pueblos, ha sido objeto de hostigamientos, persecución y amenazas que han puesto en riesgo su vida, seguridad e integridad, razón por la cual en el año 2018 se inició una ruta de protección con la Defensoría del Pueblo y la Unidad Nacional de Protección.
HECHOS
1. El día 23 de abril de 2019 el líder social JONATHAN CAMARGO BAUTISTA asistió en la ciudad de Yopal, Casanare, a la reunión preparatoria del Paro Cívico Nacional convocado por organizaciones sociales, cívicas y populares para el 25 de abril, en rechazo al Plan Nacional de Desarrollo.
2. Siendo las 8:00 pm del 23 de abril de 2019, patrulleros de policía que se transportaban en motocicleta y agentes de la SIJIN que se transportaban en un vehículo de transporte público (taxi) abordaron a tres líderes sociales, entre ellos a JONATHAN CAMARGO BAUTISTA en un procedimiento de requisa e identificación, registraron sus elementos personales, solicitaron sus documentos y pudieron evidenciar que no hay requerimiento alguno contra el líder social.
3. JONATHAN CAMARGO BAUTISTA fue conducido por los agentes en el vehículo de transporte público (taxi) a las instalaciones del Comando Departamental de Policía de Casanare.
4. En estas instalaciones el líder social fue sometido a un proceso de individualización, interrogatorio, plena identificación focalizada que incluyó requisa, revisión de documentos personales, celular y agendas. Posterior a dicho procedimiento se le permitió abandonar las instalaciones del Comando.
DENUNCIAMOS la política de persecución, seguimiento, individualización, judicialización y estigmatización al que son sometidos/as los/as lideres sociales en Colombia, y en este caso, en el departamento de Casanare.
Los siguientes procedimientos irregulares:
Solicitamos a la Procuraduría General de la Nación, Contraloría, Defensoría, Personería y demás entes de control, se vigilen las actuaciones de la Policía Nacional y agentes involucrados en acciones que impliquen la individualización de lideres sociales, ya que estas alertan, intimidan y ponen en riesgo la función social contemplada en la Constitución y la Ley.
Responsabilizamos al Estado Colombiano en cabeza del señor IVAN DUQUE MARQUEZ, el Ministerio de Defensa y a la Policía Nacional por las violaciones a los derechos humanos cometidas por integrantes de las fuerzas regulares del Estado colombiano contra dirigentes y líderes sociales.
Exigimos al Estado colombiano que garantice la vida, la debida protección, la libertad y la integridad de los integrantes de las organizaciones sociales de Casanare, específicamente de JONATHAN CAMARGO BAUTISTA.
Que las autoridades competentes aseguren la realización de una investigación exhaustiva y urgente con el fin de proceder con las sanciones a las que haya lugar y se logre detener cualquier acción contra la vida, la seguridad, la libertad y la integridad los líderes y las organizaciones sociales de Casanare.
A la Fiscalía General de la Nación, dar trámite expedito a las denuncias expuestas por líderes sociales y organizaciones defensoras de derechos humanos. Se proceda a realizar una investigación eficaz que individualice y acuse a los autores de estos hechos, con el fin de evitar repeticiones a estas series de amenazas.
FIRMA
Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria
COSPACC
COPIA A:
Centro oriente de Colombia, 2 de octubre de 2018
Comunicado a la opinión pública
Detenido el compañero Hermes José Burgos, Fiscal de ASONALCA.
La Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro -ASONALCA- repudia, rechaza y denuncia la detención del compañero Hermes José Burgos, campesino forjado al calor de la lucha quien se desempeña como Fiscal de nuestra asociación y promotor de la misma en los distintos departamentos del Centro Oriente.
Esta detención se presenta en momentos en que se arrecia la violencia y la estigmatización de las fuerzas del régimen contra las comunidades organizadas. En los últimos años, ASONALCA ha denunciado públicamente seguimientos, intimidaciones, persecución, falsos positivos judiciales y asesinatos contra miembros de nuestra Asociación en los departamentos de Arauca, Boyacá, Santander, Casanare y Norte de Santander, siendo los casos más graves los asesinatos cometidos contra nuestros compañeros Arley Mogollón en el municipio de Saravena Arauca y Daniel Abril en Trinidad, Casanare. Todas las denuncias que hemos realizado tienen como denominador común la desidia y falta de voluntad del Estado colombiano en esclarecer las agresiones contra los líderes sociales y campesinos.
El caso de nuestro compañero Hermes se enmarca a nivel nacional en el genocidio y la violencia política impulsada por las fuerzas estatales y para-estatales contra los líderes sociales registrando en los últimos años más de 460 asesinatos, 60 falsos positivos judiciales y capturas masivas que ante la falta de pruebas caen como las ocurridas en el sur de bolívar, cesar y Nariño.
No es una persecución aislada, los intereses de profundizar el modelo económico de muerte y desolación chocan con las comunidades organizadas y luchadoras, los actos victimizantes y las detenciones arrecian luego de jornadas de movilización y acciones colectivas en defensa de los territorios y las comunidades.
En palabras de nuestro compañero Hermes “las mazmorras del Estado son lugares que nos obligan a ser más fuertes, las cárceles son lugares de aprendizaje y lucha para los líderes y las dirigencias de las comunidades, mi compromiso es de convicción en el proceso social, en defensa del pueblo colombiano y en confrontación a las políticas de despojo y arrasamiento del Estado”.
Reiteramos la denuncia contra la clase oligarca de este país que en combinación de las formas de represión golpean a los movimientos populares. Reiteramos nuestra apuesta por la construcción de un nuevo sistema agroalimentario para un país Sin Hambre para las clases trabajadoras y renovamos nuestra vocación de lucha y construcción de poder popular.
Exigimos la liberación inmediata de nuestro compañero Hermes José Burgos y la de los demás líderes y lideresas sociales víctimas de montajes judiciales, gritamos: Ser líder social no es delito.
Las cárceles y la muerte son la respuesta de los tiranos contra un pueblo que reclama, justicia, libertad y vida digna.
Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro -ASONALCA-
Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria – COSPACC-
Casanare, octubre 1 de 2018
COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA
Las organizaciones sociales del departamento de Casanare como parte del Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia y del Congreso de los Pueblos denunciamos a la comunidad internacional y nacional los hechos de criminalización y persecusión a los que el Estado colombiano somete a los líderes y lideresas del departamento.
En horas de la madrugada del día lunes primero de Octubre miembros del Gaula de la policía llegaron a la vivienda de la Lideresa social Alix Miriam Aguilar en la ciudad de Yopal, Casanare. Luego de realizar un allanamiento proceden a capturar a la lideresa social en un nuevo caso de falso positivo judicial y de criminalización de la organización popular.
Alix Miriam es una reconocida lideresa social de la ciudad, su labor social ha estado encaminada a impulsar los movimientos en búsqueda de vivienda digna, Miriam es además presidenta del comité municipal de la Asociación de Mujeres Unidas Por Casanare -ASMUC-, organización que ha entablado acciones legales y legítimas en defensa de los derechos de las clases populares y con la cual la gobernación del Casanare y diferentes alcaldías se han sentado en espacios de diálogo interlocución y negociación, siendo ella misma vocera. Resaltamos que El Estado colombiano en
lugar de ofrecer soluciones a la problemática de vivienda, persigue a los líderes y lideresas y busca encarcerlarlas.
La persecución a Alix Miriam ha sido reiterativa y ha tomado cada vez mayores niveles de hostigamiento por parte de las fuerzas estatales, en el año 2015, también su lugar de residencia fue allanado, sin encontrar ningún tipo de material probatorio o ilegal. Sin embargo si emprendieron una campaña mediática de señalamiento y persecusión. Debido a esta persecución, Miriam cuenta en la actualidad con medidas de protección de la Unidad Nacional de Protección.
Estos allanamientos y detenciones se dan en un marco de criminalización de la protesta social, donde se cuentan en los últimos años más de 460 asesinatos -como el presentado en Trinidad Casanare contra el líder social y ambiental Daniel Abril en el que están vinculados miembros de la brigada XVI-, decenas de casos de judicializaciones, capturas masivas, procesos y acusaciones.
De igual manera todos estos hechos se profundizan con la llegada de un gobierno con tintes fascistas donde el ministro de defensa plantea regular la protesta social y declara que quienes se manifiestan están financiados por la mafia. Todas estas medidas están encaminadas a romper la capacidad organizativa y de lucha del pueblo colombiano, resquebrajar el tejido social y por esta vía brindar mayores garantías para el despojo de los territorios, empeorar las condiciones de los trabajadores y trabajadoras y aumentar las ganancias del gran capital.
Hacemos un llamado a las organizaciones sociales, de mujeres, campesinas, jóvenes, indígenas, estudiantiles, de afrocolombianos, defensoras de los derechos humanos, culturales y en general al movimiento popular del país a acompañar las personas, familias y procesos sociales perseguidos.
A la comunidad internacional a denunciar y presionar al gobierno de Iván Duque por estos falsos positivos judiciales visibilizando las prácticas de exterminio y acallamiento contra el movimiento social.
Asociación de Mujeres Unidas Por Casanare -ASMUCAsociación Nacional de Jóvenes y Estudiantes de Colombia -ANJECOAsociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro -ASONALCACorporación Social Para La Asesoría y Capacitación Comunitaria -COSPACC-
Yopal Casanare, noviembre 27 de 2018
Comunicado a la opinión Publica
Las organizaciones sociales de Casanare rechazamos enérgicamente la detención de la que ha sido objeto en horas de la mañana de hoy, el líder comunitario del municipio de San Luis Ferney Salcedo y su esposa Yulibel Leal, también a otros líderes como Jesús Leal Salcedo de la vereda Platanales Teresa Rincón y Eliecer Rincón de la Vereda la Venturosa, Salcedo Betancur Jerónimo de la Vereda el Tigre ademas de Miguel Angel Rincón, Carmen Iradia Salcedo, todos ellos líderes campesinos y comunitarios que participan como negociadores de un pliego de peticiones por incumplimientos de la empresa Frontera Energy antes Pacific Rubiales en el Bloque Cubiro municipio de San Luis de Palenque Casanare desde agosto de 2017 y lo corrido de éste año.
Solicitamos a la defensoría regional del pueblo, a la procuraduría general de la nación su intervención como garantes del respeto de los derechos humanos y exigimos a la fiscalía y autoridades judiciales garantizar el debido proceso.
Una vez más rechazamos estos hechos que reiteran la constante persecución judicial al movimiento social en Casanare Y dejamos en evidencia la política de las empresas petroleras con complicidad con el Estado colombiano para no cumplir los acuerdos pactados con las comunidades y usar la judicialización como mecanismo de intimidación contra todo aquel que reclame sus derechos.
ASOCIACIÓN NACIONAL CAMPESINA JOSE ANTONIO GALÁN ZORRO “ASONALCA” CORPORACIÓN SOCIAL PARA LA ASESORÍA Y CAPACITACIÓN COMUNITARIA “COSPACC” ASOCIACIÓN NACIONAL DE JÓVENES Y ESTUDIANTES SECCIONAL CASANARE “ANJECO” ASOCIACIÓN DEPARTAMENTOS DE MUJERES UNIDAS POR CASANARE “ASMUC” UNION SINDICAL OBRERA subdirectiva TAURAMENA “USO”
Yopal Casanare, diciembre 20 de 2018
LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE CONGRESO DE LOS PUEBLOS CAPÍTULO CASANARE NOS PRONUNCIAMOS EN RECHAZO A LOS INCUMPLIMIENTOS DE LA MULTINACIONAL PETROLERA CANADIENSE FRONTERA ENERGY Y A LOS MONTAJES JUDICIALES DE LÍDERES COMUNITARIOS DE SAN LUIS DE PALENQUE – CASANARE
En agosto de 2017 las comunidades del bloque Cubiro del municipio de San Luis de Palenque presentaron un pliego de peticiones a la multinacional petrolera canadiense Frontera Energy – bloque Cubiro, manifestando la disposición de diálogo para concertar soluciones a las problemáticas económicas, sociales y ambientales de los territorios.
Ante los reiterados incumplimientos por parte de Frontera Energy en los acuerdos, las comunidades se han movilizado pacíficamente desde octubre de 2017, con el fin de exigir el pago de la deuda por servicios, pavimentación de 2,5 km de vía, la formalización laboral, las garantías de derechos humanos para la comunidad y el cumplimiento de las licencias ambientales.
Como organizaciones sociales en varias ocasiones hemos manifestado públicamente la falta de seriedad por parte de la multinacional en el cumplimiento real de los acuerdos establecidos con las comunidades y la inobservancia de las autoridades gubernamentales. Exigimos que se viabilizaran las soluciones materiales de las peticiones expuestas y los puntos concertados con las comunidades.
Rechazamos que la multinacional petrolera incumpla el punto de garantías de derechos humanos, toda vez que instaura una denuncia penal contra líderes que exigen el cumplimiento de lo pactado, denuncia que no ha sido retirada. Rechazamos que la respuesta estatal haya sido la captura efectuada el 27 de noviembre de 2018 con un despliegue desproporcionado de fuerza pública, y la posterior judicialización a ocho líderes y lideresas comunitarias que han participado de estos escenarios de organización y movilización, quienes hoy se encuentran privados de su libertad, de los cuales 4 tienen una medida de aseguramiento intramural en establecimiento penitenciario y los otros 4 detención domiciliaria como consecuencia de los montajes judiciales.
Los falsos positivos judiciales son la modalidad implementada para atacar al movimiento social, buscan acabar con las expresiones organizativas que trabajan por la defensa de la dignidad de las comunidades. Actualmente se encuentran privados de la libertad los ocho líderes de San Luis de Palenque junto con los líderes sociales Hermes Burgos y Alix Miriam Aguilar, quienes son víctimas de montajes judiciales por parte de la misma unidad de la fiscalía, lo cual pone en evidencia un ataque a líderes sociales del departamento La judicialización de líderes como respuesta del Estado recrudece las problemáticas comunitarias, la privación de la libertad busca desarticular los procesos sociales aun cuando se ha manifestado públicamente que los líderes sociales están prestos ante los requerimientos de las autoridades judiciales, tal como se expresó en el plantón y presentación de líderes realizada el pasado 19 de noviembre ante la Dirección seccional de Fiscalías de Casanare Las comunidades del bloque Cubiro continúan con el ejercicio legal y legítimo a la protesta social, con dos movilizaciones pacíficas que se han realizado el 5 y 14 de diciembre del presente año, a las cuales han invitado a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la Gobernación de Casanare, las Alcaldías Municipales de Trinidad y San Luis de Palenque y la petrolera Frontera Energy Bloque Cubiro.
Estas invitaciones han sido ignoradas por parte de todas las autoridades e instituciones invitadas, excepto el alcalde de San Luis de Palenque, quien asistió y se opuso a las vías de hecho pacíficas a las que han acudido las comunidades ante los reiterados incumplimientos.
Desde las organizaciones sociales de Congreso de los Pueblos capítulo Casanare, nuevamente exponemos la situación política y social que atraviesan las comunidades de San Luis de Palenque, exigimos la libertad de los 8 líderes y lideresas víctimas de montajes judiciales, rechazamos la persecución a los procesos organizativos y exigimos el cumplimiento de los acuerdos que ha firmado la multinacional petrolera canadiense Frontera Energy bloque Cubiro. Una vez más exigimos la libertad inmediata de los líderes Alix Mariam Aguilar y Hermes Burgos.
NO MÁS MONTAJES JUDICIALES CONTRA LOS LÍDERES SOCIALES
SER LÍDER SOCIAL NO ES DELITO
ASOCIACIÓN NACIONAL CAMPESINA JOSE ANTONIO GALÁN ZORRO
“ASONALCA”
CORPORACIÓN SOCIAL PARA LA ASESORÍA Y CAPACITACIÓN
COMUNITARIA “COSPACC”
ASOCIACIÓN NACIONAL DE JÓVENES Y ESTUDIANTES SECCIONAL
CASANARE “ANJECO”
ASOCIACIÓN DEPARTAMENTOS DE MUJERES UNIDAS POR CASANARE
“ASMUC”
UNION SINDICAL OBRERA subdirectiva TAURAMENA “USO”TAGGEDCASANARECOMUNIDADES
Hoy 12 de abril de 2019 denunciamos a la opinión pública regional, nacional e internacional los siguientes hechos.
Por lo anterior solicitamos al Ministerio Público, Procuraduría General de la Nación su intervención como garantes del respeto de los derechos humanos y exigimos a la Fiscalía y autoridades judiciales garantizar el debido proceso.
Una vez más rechazamos estos hechos que reiteran la constante persecución al movimiento social en Casanare.
Firma:
CORPORACIÓN SOCIAL PARA LA ASESORÍA Y CAPACITACIÓN COMUNITARIA
– COSPACC –
La provincia de Lengupá, ubicada en el departamento de Boyacá, es uno de los lugares de Colombia que ha padecido la violencia política por parte de actores armados. Desde el año 2010 COSPACC adelanta un proceso de documentación de los casos de víctimas con el ánimo de romper el silencio y exigir garantías de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
Producto del proceso de documentación y análisis colectivo en el que se fueron sumando asociaciones de víctimas de la región como las de Miraflores, San Eduardo, Berbeo, Campo Hermoso y algunas organizaciones locales como la corporación Tejiendo OSC, también a nivel nacional el Banco de Datos del CINEP y la alianza de búsqueda de personas desaparecidas forzadamente.
El próximo domingo 31 de marzo del año en curso, de 9.00 a.m. a 1.00 p.m. en el salón parroquial del municipio de Miraflores se realizará el lanzamiento del Caso Tipo No. 14 “Hilando voces, tejiendo memorias. Tras las huellas de la violencia de Lengupá, Boyacá” como un documento parcial de memoria histórica que evidencia el contexto de la violencia en la provincia de Lengupá; contiene los casos documentados al 2018 y en él se reconocen diversos tipos de crímenes y hechos victimizantes contra la población y las organizaciones sociales de la región.
Equipo Cospacc, marzo de 2019
Amenaza contra líder estudiantil de la UPTC – Duitama
LA CORPORACIÓN SOCIAL PARA LA ASESORÍA Y CAPACITACIÓN COMUNITARIA (COSPACC) DENUNCIA PÚBLICAMENTE LA AMENAZA CONTRA LÍDER ESTUDIANTIL DE LA UPTC, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE JÓVENES Y ESTUDIANTES DE COLOMBIA (ANJECO) EN BOYACÁ.
ANTECEDENTES
Bryam Hernández, estudiante de Diseño Industrial de la UPTC seccional Duitama, se ha caracterizado por su trabajo estudiantil, político y organizativo. Producto de esa labor como líder estudiantil, ha sido señalado, hostigado y estigmatizado por sectores políticos y en redes sociales. Estos hechos están en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, pero dicha entidad no ha investigado el caso de manera diligente.
HECHOS
PRIMERO. El día 27 de febrero de 2019, sobre las 9:00 pm, el compañero Bryam Hernández se dirigía a su casa en las inmediaciones de la UPTC sede Duitama.
SEGUNDO. A pocos metros de su vivienda, Bryam Hernández fue abordado de manera violenta por dos sujetos que no se identificaron, uno de ellos lo empujó abruptamente contra una pared y con un arma blanca le amenazó, advirtiéndole: “No se meta más en líos, no se meta donde no debe, usted sabe a qué me refiero, la próxima vez no vamos a tener piedad”, haciendo referencia al trabajo organizativo que adelanta el compañero en la Universidad.
En concordancia con lo anterior advertimos a la comunidad boyacense, a las organizaciones de derechos humanos, a la personería, a la defensoría del pueblo, a la Alcaldía de Duitama, a la Gobernación de Boyacá y al Gobierno Nacional sobre el riesgo inminente en el que se encuentra el compañero mencionado, así como los demás líderes estudiantiles de la UPTC.
Responsabilizamos en primera instancia a la administración de la UPTC encabezada por el Rector Óscar Ramírez, a la Policía Nacional, al gobernador Carlos Amaya, al presidente Iván Duque y a todas las instituciones que tienen el deber de protección a las personas, por las repercusiones que puedan llegar a suceder contra la vida, integridad y libertad del líder estudiantil Bryam Hernández.
Exigimos al Estado colombiano que garantice la vida, la debida protección, la integridad de los integrantes de Anjeco, específicamente de Bryam Hernández.
Que las autoridades competentes aseguren la realización de una investigación exhaustiva y urgente con el fin de frenar cualquier acción contra los líderes estudiantiles de la UPTC y las organizaciones sociales que tengan presencia en la misma.
A la Fiscalía General de la Nación, dar trámite expedito a las denuncias expuestas por líderes sociales, estudiantiles y defensores de derechos humanos. Se proceda a realizar una investigación eficaz que individualice a los autores de estos delitos, con el fin de evitar repeticiones a estas series de amenazas.
