Organizaciones sociales y comunidades exigen libertad para sus líderes sociales

Diversas organizaciones de derechos humanos han denunciado el avance de una política de persecución al movimiento social en Casanare caracterizada por constantes señalamientos, amenazas, procesos de judicialización a través de montajes judiciales, malas interpretaciones de la norma y asesinatos selectivos contra líderes y organizaciones ambientalistas, campesinas, juveniles, comunales y de mujeres. 
Es por eso que diversos líderes del departamento, junto con organizaciones y procesos comunitarios convocaron el pasado 12 de junio una movilización con la consigna #SerLíderSocialNoEsDelito para evidenciar que a la lucha por los derechos y reivindicaciones de las comunidades no se le puede dar un tratamiento de guerra, como lo vienen haciendo las instituciones de investigación y judicialización del Estado.

Esta movilización rechazó la política de persecución al movimiento social y acompaño a diversos líderes sociales y comunales que están atravesando procesos de judicialización como lo son los líderes sociales del movimiento social de Casanare y los líderes de San Luis de Palenque y Trinidad quienes se encuentran privados de la libertad, debido a sus acciones de movilización en defensa del territorio. En Casanare más de 30 líderes sociales enfrentan procesos judiciales por defender la vida, el territorio y ejercer su derecho a la movilización, política de Estado implantada para acallar las comunidades en la exigencia de sus derechos.

La verdad de Lengupá

La desaparición forzada y otras caras del conflicto se vivieron entre los paisajes profundos y las gentes humildes de Lengupá: seis municipios de Boyacá en la frontera con Casanare donde también reclaman por la verdad y la búsqueda de sus seres amados. PeriodismodeVerdad.com se acerca a las verdades ocultas de un territorio hermoso y poco nombrado en el relato nacional de la guerra y la paz.

Lengupá es una provincia en Boyacá que acoge seis municipios: Berbeo, Miraflores, Páez, Campo Hermoso, Zetaquirá y San Eduardo. Sus montañas, valles y abismos la hacen hermosa y aterradora al mismo tiempo. Aquí, donde la naturaleza es diversa y rica, todas las formas de la violencia se dieron cita. Actores armados de distintas características y corrientes se encontraron en esta región y resquebrajaron el tejido social y la confianza para imponer sus leyes de dolor, silencio y muerte. Hoy la abundante flora inunda con su aroma el paisaje a la vez que sus precipicios dibujan un escenario perfecto contra el olvido de aquellos que arrasó la violencia y les obligó a perecer a merced de las aves rapaces al fondo de los abismos.

Es la frontera con el Casanare en la cordillera oriental. En Lengupá, como en muchas tierras de Colombia, la historia se ha llenado de violencia. Gracias a las comunidades, a la fortaleza de las víctimas y el acompañamiento de organizaciones también se han escrito días y años de luchas sociales, las comunidades han buscado la verdad y los desaparecidos que la violencia le arrebató a esta hermosa tierra.  Sin embargo, a excepción de Puerto Boyacá, Boyacá ha sido casi invisible en el mapa de la desaparición forzada en el país. Y a pesar de vivir las violencias y la guerra a la par con el resto de Colombia, poco ha resonado esta provincia en el historial del conflicto. Por eso el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición tiene desafíos especiales en esa región.


Acto central de Peregrinación a Lengupá – Diciembre de 2018

La semilla que ya han sembrado organizaciones y víctimas empezó a ser abonada por la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD). A inicios de mayo, la comunidad se reunió en Tunja con delegados de estos mecanismos para conversar sobre la apuesta del Sistema y trazar una ruta sobre la cual empezar. Boyacá resultó ubicada en la región Centro Andina de la Comisión de la Verdad, junto a Tolima y Huila.

Según el Registro Único de Víctimas, unas 33 mil personas se registraron como víctimas de diversos tipos en Boyacá, pero no se consolidan aún cifras de casos de desaparición forzada. Las familias, por ejemplo, reclaman por el paradero de unas 2 mil personas según el plantón realizado en 2018. “¿Dónde están 2216 desaparecidos en Boyacá?”, decía la Corporación Zoscua. Sin embargo, la Unidad de Víctimas habla de 522 víctimas directas y 1374 familiares de desaparecidos siendo los municipios con más casos Puerto Boyacá (213), Otanche (28), Miraflores (24), Muzo (23) y San Luis de Gaceno (22).

Desaparición y muerte

Particularmente en Lengupá se desconoce el número. Solo algunos están documentados ya que el miedo aún prevalece y se convive con organizaciones ilegales. Entre ellos está el caso del campesino José Germán Salamanca de 43 años de edad, desaparecido por las Autodefensas Campesinas de Casanare (ACC). Lo sacaron  de su casa de habitación en la vereda Guanatá, municipio Zetaquirá, hacia las 8 de la noche el 23 de octubre del año 2000. ¿Dónde está? ¿Qué pasó con el campesino que labraba la tierra y con su yunta de bueyes les araba las tierras a sus vecinos? ¿Qué pasó con el líder de la junta de acción comunal? Esta y muchas más son las verdades que Lengupá reclama.

“La familia ya estaba durmiendo cuando llegaron siete hombres y le dijeron a José que tenía que irse con ellos, que al otro día regresaba. José no sospechó nada, se vistió y se fue con ellos y nunca más se volvió a saber de él”, relata su esposa quien luego de un mes de desaparecido hizo la denuncia ante la Fiscalía de Miraflores. Durante los años siguientes la citaron a declaraciones. En agosto de 2014 el personero de Zetaquirá le informó a la familia que el caso se había cerrado.

También la familia de Carlos Ovalle Gordillo espera justicia. “A mi padre lo ejecutaron las Autodefensas del Casanare un 26 de febrero del 2002 en su finca de la vereda Chapacía, donde también pretendían atentar contra mi madre María Elvira Díaz y declararon objetivo militar a toda la familia Ovalle Diaz”, le cuenta a PeriodismodeVerdad.com Miguel Ovalle, hijo de Carlos y víctima de la persecución y el desplazamiento forzado junto a toda su familia.

“Mi padre era un hombre de carácter fuerte y arraigado a su tierra que tras varios intentos de los paramilitares para asesinarlo, se mantenía en este lugar ya que él decía que él era un hombre que no le había hecho mal a nadie. Para nosotros fue muy difícil aceptar su muerte y a esto se le suma que en su velorio la Defensoría del Pueblo de Tunja  abordó a mi mamá y le indicó que era necesario que abandonáramos el pueblo; de ahí salimos para Bogotá y luego del atentado contra mi hermano el 28 de agosto del 2001 que para la época se desempeñaba como Personero municipal”, recuerda Miguel hasta rememorar su exilio.

“Iniciamos trámites para salir del país. Aplicamos para varios países pero terminamos en Canadá; allí estuvimos por dos años. Bueno, el único que regresó al pueblo fui yo en el 2004. Pero ya no tengo a mi mamá, acá no tengo a mi hermano, no tengo a mi papá. Tengo a mis dos hijas que ya crecieron, pero no tengo a mis otros seres queridos”, relata Miguel desde su fincaEl joven sigue labrando la tierra y en la actualidad participa en la recopilación de memorias en busca de la reconstrucción y sanación de su entorno. Su hermano Nelson, entre tanto, sigue en la defensa de los derechos humanos.

La historia de la guerra

Todo empezó a inicios del siglo XX. Esta historia reciente de violencias en Lengupá se divide en dos periodos con tres olas. El primero comenzó con la posesión de Mariano Ospina como Presidente de Colombia en 1946 hasta 1950 y la configuración del poder político entre el partido Conservador y el Liberal. Lengupá también vivió el terror bipartidista.

A mediados de los 80  y principios de los 90 comenzó a gestarse la segunda ola de violencia tras la llegada de Ecopetrol en la región, al mismo tiempo que se levantó el Batallón Energético Prócer José María Carbonell para custodiar las inversiones petroleras de acciones subversivas de guerrillas y otros grupos ilegales que ya hacían presencia en el territorio.

La oferta inesperada de trabajo industrial transformó la economía local, atrayendo mano de obra externa que precarizó el trabajo y redujo considerablemente la labor agraria. Estas condiciones motivaron diversas manifestaciones de inconformismo en la clase popular, permitiendo la conformación de organizaciones sindicales y políticas de izquierda, que fueron exterminadas violentamente, bajo el pretexto de la guerra contrainsurgente y en complicidad con los paramilitares, quienes se encontraban en la zona garantizando la seguridad del corredor cocalero entre los Llanos orientales y el centro del país.

De acuerdo con documentación y relatos locales, durante esta etapa de conflicto los paramilitares reclutaron jóvenes, hicieron labores de patrullaje, cometieron asesinatos selectivos e infiltraron las instituciones locales del Gobierno. El Alto de Buenavista  -vereda Cápaga, municipio de Páez- fue testigo silencioso de las masacres; hasta este abismo hermoso e imponente llegaban hombres armados y civiles a quienes les hacían pelear hasta la muerte o, simplemente, les arrojaban al vacío.


Caminata hacia el Alto de Buenavista

Mientras este entramado sociopolítico violento se manifestaba en la región, llegó la tercera ola de violencia que inició con la Ley de Justicia y Paz en 2005, mediante la cual las Autodefensas Unidas de Colombia se desmovilizaron. Las Autodefensas de Colombia (ACC), sin embargo, no entraron en ese proceso e inició una lucha cada vez más aguda por mantener el poder territorial. De acuerdo con Fernando Ortiz en Hilando Voces, publicación del programa de paz del CINEP, él mismo fue reclutado por paramilitares para hacer parte de sus filas y recuerda escucharles hablando de la posibilidad que tenían de legalizar su accionar una vez Álvaro Uribe Vélez llegara a la presidencia. Su reclusión fue motivada por uno de sus compañeros de colegio, quien hacía parte de la red de informantes y colaboradores de los “paras” en la región.

Hoy se hace un esfuerzo por desenterrar la verdad de la que poco se conoce. Hay quienes se han dedicado a contar la historia desde la voz de las víctimas y se encuentran ahora buscando estrategias para romper el silencio, para no caer en la re victimización de comunidades a las que les han desgarrado el alma y que les sigue doliendo recordar sus casos. También defensoras y defensores de la vida construyen a cada paso elementos de confianza que permitan entender qué pasó en Lengupá, por qué se ha instalado allá tantas veces la violencia y cómo enmendar errores del pasado para evitar que de nuevo se ubique el terror.

Pero muchos aún no se atreven a hablar. Entregar testimonios para avanzar en la construcción de la memoria de Lengupá ha generado incluso discrepancias; los responsables no fueron solo los ilegales sino el Ejército nacional y la similitud de uniformes no permitían la plena identificación. A eso se suma que, en ocasiones, miembros del Ejército y paramilitares se hacían pasar  por guerrilleros. Pese a todo hay voces y luchas como la de Miguel Ovalle quien se escucha de nuevo en las calles de su pueblo y retumba en los cañones de la exuberante provincia de Lengupá como una grito de valor y dignidad: “Uno se acostumbra a sobrevivir; lo más importante es que ya no tengo rencor”, dice desde su paraíso. 

Texto: América Leguizamón. Fotos Cortesía Jennifer Camargo – Trochando Sin Fronteras

HERMES JOSÉ BURGOS, FISCAL DE -ASONALCA- DETENIDO EN FALSO POSITIVO JUDICIAL

Centro oriente de Colombia, 2 de octubre de 2018

Comunicado a la opinión pública


Detenido el compañero Hermes José Burgos, Fiscal de ASONALCA.

La Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro -ASONALCA- repudia, rechaza y denuncia la detención del compañero Hermes José Burgos, campesino forjado al calor de la lucha quien se desempeña como Fiscal de nuestra asociación y promotor de la misma en los distintos departamentos del Centro Oriente.

Esta detención se presenta en momentos en que se arrecia la violencia y la estigmatización de las fuerzas del régimen contra las comunidades organizadas. En los últimos años, ASONALCA ha denunciado públicamente seguimientos, intimidaciones, persecución, falsos positivos judiciales y asesinatos contra miembros de nuestra Asociación en los departamentos de Arauca, Boyacá, Santander, Casanare y Norte de Santander, siendo los casos más graves los asesinatos cometidos contra nuestros compañeros Arley Mogollón en el municipio de Saravena Arauca y Daniel Abril en Trinidad, Casanare. Todas las denuncias que hemos realizado tienen como denominador común la desidia y falta de voluntad del Estado colombiano en esclarecer las agresiones contra los líderes sociales y campesinos.

El caso de nuestro compañero Hermes se enmarca a nivel nacional en el genocidio y la violencia política impulsada por las fuerzas estatales y para-estatales contra los líderes sociales registrando en los últimos años más de 460 asesinatos, 60 falsos positivos judiciales y capturas masivas que ante la falta de pruebas caen como las ocurridas en el sur de bolívar, cesar y Nariño.

No es una persecución aislada, los intereses de profundizar el modelo económico de muerte y desolación chocan con las comunidades organizadas y luchadoras, los actos victimizantes y las detenciones arrecian luego de jornadas de movilización y acciones colectivas en defensa de los territorios y las comunidades.

En palabras de nuestro compañero Hermes “las mazmorras del Estado son lugares que nos obligan a ser más fuertes, las cárceles son lugares de aprendizaje y lucha para los líderes y las dirigencias de las comunidades, mi compromiso es de convicción en el proceso social, en defensa del pueblo colombiano y en confrontación a las políticas de despojo y arrasamiento del Estado”.

Reiteramos la denuncia contra la clase oligarca de este país que en combinación de las formas de represión golpean a los movimientos populares. Reiteramos nuestra apuesta por la construcción de un nuevo sistema agroalimentario para un país Sin Hambre para las clases trabajadoras y renovamos nuestra vocación de lucha y construcción de poder popular.

Exigimos la liberación inmediata de nuestro compañero Hermes José Burgos y la de los demás líderes y lideresas sociales víctimas de montajes judiciales, gritamos: Ser líder social no es delito.

Las cárceles y la muerte son la respuesta de los tiranos contra un pueblo que reclama, justicia, libertad y vida digna.

Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro -ASONALCA-

Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria – COSPACC-

Comunicado a la opinión Publica

Yopal Casanare, diciembre 20 de 2018

LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE CONGRESO DE LOS PUEBLOS CAPÍTULO CASANARE NOS PRONUNCIAMOS EN RECHAZO A LOS INCUMPLIMIENTOS DE LA MULTINACIONAL PETROLERA CANADIENSE FRONTERA ENERGY Y A LOS MONTAJES JUDICIALES DE LÍDERES COMUNITARIOS DE SAN LUIS DE PALENQUE – CASANARE

En agosto de 2017 las comunidades del bloque Cubiro del municipio de San Luis de Palenque presentaron un pliego de peticiones a la multinacional petrolera canadiense Frontera Energy – bloque Cubiro, manifestando la disposición de diálogo para concertar soluciones a las problemáticas económicas, sociales y ambientales de los territorios.

Ante los reiterados incumplimientos por parte de Frontera Energy en los acuerdos, las comunidades se han movilizado pacíficamente desde octubre de 2017, con el fin de exigir el pago de la deuda por servicios, pavimentación de 2,5 km de vía, la formalización laboral, las garantías de derechos humanos para la comunidad y el cumplimiento de las licencias ambientales.

Como organizaciones sociales en varias ocasiones hemos manifestado públicamente la falta de seriedad por parte de la multinacional en el cumplimiento real de los acuerdos establecidos con las comunidades y la inobservancia de las autoridades gubernamentales. Exigimos que se viabilizaran las soluciones materiales de las peticiones expuestas y los puntos concertados con las comunidades.

Rechazamos que la multinacional petrolera incumpla el punto de garantías de derechos humanos, toda vez que instaura una denuncia penal contra líderes que exigen el cumplimiento de lo pactado, denuncia que no ha sido retirada. Rechazamos que la respuesta estatal haya sido la captura efectuada el 27 de noviembre de 2018 con un despliegue desproporcionado de fuerza pública, y la posterior judicialización a ocho líderes y lideresas comunitarias que han participado de estos escenarios de organización y movilización, quienes hoy se encuentran privados de su libertad, de los cuales 4 tienen una medida de aseguramiento intramural en establecimiento penitenciario y los otros 4 detención domiciliaria como consecuencia de los montajes judiciales.

Los falsos positivos judiciales son la modalidad implementada para atacar al movimiento social, buscan acabar con las expresiones organizativas que trabajan por la defensa de la dignidad de las comunidades. Actualmente se encuentran privados de la libertad los ocho líderes de San Luis de Palenque junto con los líderes sociales Hermes Burgos y Alix Miriam Aguilar, quienes son víctimas de montajes judiciales por parte de la misma unidad de la fiscalía, lo cual pone en evidencia un ataque a líderes sociales del departamento La judicialización de líderes como respuesta del Estado recrudece las problemáticas comunitarias, la privación de la libertad busca desarticular los procesos sociales aun cuando se ha manifestado públicamente que los líderes sociales están prestos ante los requerimientos de las autoridades judiciales, tal como se expresó en el plantón y presentación de líderes realizada el pasado 19 de noviembre ante la Dirección seccional de Fiscalías de Casanare Las comunidades del bloque Cubiro continúan con el ejercicio legal y legítimo a la protesta social, con dos movilizaciones pacíficas que se han realizado el 5 y 14 de diciembre del presente año, a las cuales han invitado a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la Gobernación de Casanare, las Alcaldías Municipales de Trinidad y San Luis de Palenque y la petrolera Frontera Energy Bloque Cubiro.

Estas invitaciones han sido ignoradas por parte de todas las autoridades e instituciones invitadas, excepto el alcalde de San Luis de Palenque, quien asistió y se opuso a las vías de hecho pacíficas a las que han acudido las comunidades ante los reiterados incumplimientos.

Desde las organizaciones sociales de Congreso de los Pueblos capítulo Casanare, nuevamente exponemos la situación política y social que atraviesan las comunidades de San Luis de Palenque, exigimos la libertad de los 8 líderes y lideresas víctimas de montajes judiciales, rechazamos la persecución a los procesos organizativos y exigimos el cumplimiento de los acuerdos que ha firmado la multinacional petrolera canadiense Frontera Energy bloque Cubiro. Una vez más exigimos la libertad inmediata de los líderes Alix Mariam Aguilar y Hermes Burgos.

NO MÁS MONTAJES JUDICIALES CONTRA LOS LÍDERES SOCIALES
SER LÍDER SOCIAL NO ES DELITO
ASOCIACIÓN NACIONAL CAMPESINA JOSE ANTONIO GALÁN ZORRO
“ASONALCA”
CORPORACIÓN SOCIAL PARA LA ASESORÍA Y CAPACITACIÓN
COMUNITARIA “COSPACC”
ASOCIACIÓN NACIONAL DE JÓVENES Y ESTUDIANTES SECCIONAL
CASANARE “ANJECO”
ASOCIACIÓN DEPARTAMENTOS DE MUJERES UNIDAS POR CASANARE
“ASMUC”
UNION SINDICAL OBRERA subdirectiva TAURAMENA “USO”
TAGGEDCASANARECOMUNIDADES

Hilar voces, tejer memorias, la propuesta de las víctimas en Lengupá

La violencia en este departamento, tiene algunos hitos como en los años cincuenta con la guerra bipartidista entre liberales y conservadores, la historia de los Chulavitas[1] el embrión que dio nacimiento a los grupos de autodefensas y paramilitares en Colombia. Tampoco se puede olvidar que en Puerto Boyacá tuvieron origen las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC-[2] las cuales sembraron el terror en el país. Incluso este municipio es considerado como la capital antisubversiva de Colombia.

Boyacá, es uno de los departamentos donde se pretendió invisibilizar la violencia. De las masacres que allí perpetraron los paramilitares poco se sabe, igual de las víctimas del conflicto social y político, especialmente en la provincia de Lengupá.

Ante la necesidad de construir memoria. Comunidades, organizaciones sociales y de derechos humanos el pasado 31 marzo de 2019, en Miraflores – Boyacá, desarrollaron el lanzamiento del Caso tipo número 14 Hilando voces, tejiendo memorias, tras la huella de la violencia vivida desde los años 80’s hasta el 2005. resultado parcial de un proceso de investigación que tiene como objetivo la búsqueda e identificación de personas desaparecidas.

Para los habitantes que vivieron esta época, el número de víctimas es indeterminado, “hasta este lugar, los paramilitares llevaban a sus víctimas, para luego lanzarlas de este precipicio al lecho del río Lengupá“.

Para Tatiana Triana, de la corporación COSPACC, “se viene adelantando un proceso de investigación con el fin de aportar a la memoria y la verdad, y visibilizar los procesos de violencia. El lanzamiento de Hilando voces, tejiendo memorias, tras la huella de la violencia en Lengupá Boyacá, como un primer producto, que entregamos a la región y a la nación, evidenciando y visibilizando los casos que se presentaron, en Lengupá – Boyacá, documentados desde 1985 hasta el año 2005”. Aseguró.

Yolanda Acevedo una de las víctimas narró “El hecho victimizante fue la desaparición de mi hermano, con alegría expongo mi caso, porque muchos se van a dar cuenta que sí me quitaron un miembro de mi familia, que salió a la luz pública ese caso que tanto duele, ejemplo para que muchos otros, lo tomen y lo hagan, lo que se hasta haciendo es llevar una voz a estas víctimas que no quieren hablar, que no quieren decir lo que sucedió, decirles hablen, comenten para que salga a la luz pública, por dicen que la región de Lengupá no tiene violencia, pero si la tenemos

Tomado de:
https://trochandosinfronteras.info/hilar-voces-tejer-memorias-la-propuesta-de-las-victimas-en-lengupa/?fbclid=IwAR2Dgm-OKNQvYPulN3k1VJIbYlXEeE-nvZCIs8pjxnjt1-LmpdZmOr54SIg

Misión de verificación de Derechos Humanos en Boyacá, revisó situación de las comunidades

Misión de verificación de Derechos Humanos 12 – 14 de febrero 2019 Sabanalarga -Pajarito y Ocobe – Labranzagrande Boyacá
Fotos: Organizaciones sociales y de Derechos Humanos de Boyacá

Las comunidades del Boyacá junto a las organizaciones sociales y de Derechos Humanos  exigen respeto por la vida y no más atropellos por Parte de la Fuerzas Militares

Luego de la denuncia hecha por parte de las organizaciones Sociales y de Derechos Humanos ante la de violación de Derechos Humanos ocurrida el 15 de diciembre del 2018 en la vereda Ocobe de Labranzagrande Boyacá y una primera verificación al lugar de los hechos realizada por parte del Personero de Labranzagrande con el acompañamiento hacia a las comunidades por parte de la Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria – COSPACC – , la Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro – ASONALCA- y el acompañamiento internacional de las Brigadas Internacionales de Paz – PBI- donde se recogieron la denuncia realizada por parte de la comunidad consignada en una denuncia pública: “Las organizaciones sociales y defensores de Derechos Humanos de Boyacá, denunciamos, la violación sistemática a la vida, la integridad, la libertad, la persecución, la estigmatización, el hostigamiento y los señalamientos hacia la comunidad campesina de las veredas de Sabanalarga y Ocobé de los municipios de Pajarito y Labranzagrande por parte de las Fuerza Armadas de Colombia”[1].

La Defensoría del Pueblo de Boyacá y Casanare y con apoyo de la organización social de la región vieron la necesidad de una misión de verificación de Derechos Humanos donde participaran las diferentes entidades como Defensoría del Pueblo Boyacá y Casanare, ICBF, el enlace de victimas de Pajarito, las Personerías de Pajarito y Labranzagrande, las organizaciones sociales –ASONALCA- y COSPACC con el acompañamiento internacional de la Red de Hermandad con Colombia REDHER. En donde además de verificar las violaciones de Derechos Humanos y las Infracciones del Derecho Internacional Humanitario también recibieron y verificaron el abandono estatal que viven estas comunidades.

Entre ellos en temas relacionados con la educación en donde la escuela de Sabanalarga no cuenta con cosas básicas para la educación de los niños de esta vereda, tales como material didáctico, colchonetas para el descanso o una posible emergencia en tiempos de lluvia, una silla en buenas condiciones para el caballo asignado a la maestra ya que esta tiene que hacer un recorrido de alrededor de 6 horas, desde el punto donde la deja el bus a la escuela a esto se le suma la falta de luz en la escuela ya que la planta solar se encuentra dañada al igual que otras seis plantas pertenecientes a la comunidad.

La falta de infraestructura es otro de los temas que afecta a las comunidades más alejadas de los cascos urbanos de los dos municipios, aunque se ha iniciado con la construcción de la vía terciaria que unirá Pajarito con Labranzagrande , está lejos de que esto sea una realidad ya que faltan los puentes sobre las diferentes ríos y quebradas, siendo uno de los más importantes el puente sobre el río Cusiana, que este le daría acceso a parte de la vía ya construida. Al no contar con vías para sacar los productos agrícolas estas comunidades se ven abocadas a la pobreza al no contar con un sustento adecuado para sus familias lo que acarrea diversos problemas de salud entre ellos la desnutrición en niños y adultos mayores.

Ocobe y Sabanalarga no cuentan con señal de celular ni televisión y son muy pocas las emisoras que se pueden sintonizar entrecortadas de vez en cuando, así que estas comunidades se encuentran en un aislamiento y un abandono total por parte de Estado colombiano. Sumado a esto la violación sistemática a la vida, la integridad, la libertad, la persecución, la estigmatización, el hostigamiento y los señalamientos hacia la comunidad campesina por parte de las Fuerza Armadas de Colombia.

Las prácticas sistemáticas de las Fuerzas Armadas; Batallón Tarqui y Brigada XVI que han efectuado ataques aéreos con arma de fuego y bombardeos y los continuos hostigamientos, persecución y estigmatización acrecienta la crisis socioeconómica en la que están sumergidas estas comunidades.

Esta misión de verificación permitió que las comunidades hicieran las respectivas denuncias ante las entidades pertinentes y a la espera que estas den pronta respuesta. Dejando claro que a estas comunidades debe llegar el Estado a darle respuesta a las diferentes problemáticas y no las Fuerzas Militares ya que estos han sido los victimarios durante décadas dejando un sin número de ejecuciones extrajudiciales, judicializaciones y continuamente violan los derechos de las comunidades, así lo demuestra las diferentes denuncias interpuestas[2].

[1]Comunidades campesinas víctimas de las fuerzas Armadas en Boyacá

[2]Campesinos Y Dignatarios De Juntas De Acción Comunal de Casanare y Boyacá Denuncian Que Fueron Retenidos Por El Ejército Nacional

Tomado de: https://trochandosinfronteras.info/mision-de-verificacion-de-derechos-humanos-en-boyaca-reviso-situacion-de-las-comunidades/

Trochando Sin Fronteras, febrero 23 de 2019

17 años de la masacre del páramo de la Sarna

Peregrinación páramo de la Sarna 2018

El pasado 2 de diciembre como es costumbre, organizaciones sociales, comunidades y víctimas de la masacre del Páramo de la sarna se reunieron en una peregrinación para seguir construyendo tejido social y como ejercicio de memoria histórica.

Alrededor de 400 personas llegaron de diferentes lugares para participar en la peregrinación del páramo de la Sarna desde Pisba, Labranzagrande, Sogamoso y Aquitania  a las 9 de la mañana se dieron cita en el punto donde se efectuó la masacre para conmemorar el décimo sexto  año  de este fatídico evento, durante la jornada se pudo apreciar una eucaristía oficiada por “Prias?” acompañada del grupo musical “Los Inolvidables del ayer” Así como intervenciones de voceros de ASONALCA, ASOTRAVID, ANJECO,  COSPAC y el grupo de familiares de víctimas de crímenes de Estado “Vida, Memoria y Dignidad” quienes recordaron esta masacre como un hecho no aislado dentro de la política de seguridad democrática que marcó un escenario violento para las comunidades rurales más empobrecidas del país.

La masacre de La Sarna fue uno más de estos hechos violentos cometidos por paramilitares en complicidad con el Ejército Nacional, en el cual el 1 de diciembre de 2001, asesinaron a 15 pasajeros de un bus Cootracero que iba de Sogamoso a LabranzaGrande, hacia las 7:00 am uno de los pasajeros de la buseta amenazo al conductor obligándolo a frenar y atravesar el bus en la carretera, en seguida tres hombres subieron y exigieron a los pasajeros bajar del vehículo y acostarse boca abajo para después asesinarlos con armas de fuego, en este hecho dos menores y una mujer adulta mayor Sobrevivieron.

La peregrinación ha resultado ser un escenario propicio para tejer la memoria y exigir verdad, justicia, reparación y no repetición, y exigirle al Estado y las Fuerzas Militares que reconozcan su responsabilidad en este hecho.