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Trochando Sin Fronteras, febrero 28 de 2019

Por: Paul Salgado- Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia REDHER

Fotografías: Paul Salgado

Desnutrición infantil, aislamiento, una falta de necesidades básicas, escuelas sin luz y campesinos atacados por militares y amenazados con desplazamiento fueron algunas de las violaciones de derechos humanos descubiertas por una misión humanitaria en el piedemonte llanero en la frontera Boyacense con Casanare en febrero.

Amanecer en Vereda Sabanalarga, mirando hacia los Llanos de Casanare

Dirigido por Juan Riveros, presidente de la Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro -ASONALCA-, Jenny Soler y la abogada Tatiana Triana, de La Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria (Cos-pacc), y acompañado de un observador internacional de La Red de Hermandad y Solidaridad (REDHER), la misión partió de Huerta Vieja en la carretera de Sogamoso a Pajarito, y trochó a caballo por caminos de herradura para llegar a los campesinos en veredas aisladas y abandonadas, antes de terminar en Labranzagrande.

El vaquero es Don Juan Riveros, presidente de ASONALCA – Boyacá

Durante la misión, investigadoras de Bienestar Familia descubrieron casos de desnutrición infantil, y representantes de la defensoría del pueblo investigaron casos de campesinos acusados por los militares de ser guerrilleros y amenazados con desplazarse.

Mi caballo

‘Estas comunidades tienen un alto riesgo de desplazamiento como resultado del conflicto armado,’ dijo Dairo García, un representante de la defensoría del pueblo, ‘El Estado ha abandonado veredas como estás’

Escuela de Sabanalarga, tiene 5 niños,los trabajadores de Bienestar Familia descubrieron muchos casos de desnutrición entre los niños de las veredas en este viaje

Campesina lideresa Jenny y abogada Tatiana

Una parte crucial de la misión fue investigar el ataque militar en diciembre en una finca aislada y el hostigamiento de una familia durante tres días por parte del ejército.

El rancho de Don Gonzálo, donde los militares atacaron, bombardearon la selva y aterrizaron helicópteros con 150 soldados porque dijeron que había guerrilleros allí

El 15 de diciembre a la 1:30 am, en esta finca en la vereda Ocobé del municipio de Labranzagrande, la Brigada XVI del Ejército Nacional bombardeó la tierra de una familia, mientras helicópteros aterrizó a solo 50 metros de su casa para desplegar 150 soldados.

Don Gonzálo. Tiene un hijo de 18 años… él solo fue a la escuela por tres años porque está muy lejos y la familia lo necesitaba para trabajar en el rancho. Los militares lo acusaron de ser guerrillero y mantuvieron a la familia prisionera durante tres días

Algunos militares efectuaron un allanamiento ilegal e impidiendo que los 3 miembros de esta familia salieran de su propiedad, lo cual configura una detención arbitraria, y un capitán señaló al joven de la familia de pertenecer a la insurgencia y lo amenazó diciéndole ‘si lo vemos por un camino solo, lo prendo a plomo.’

Un miembro de la defensoría del pueblo y un bombero con fragmentos de una bomba, y fotos de la destrucción, sólo a 200 metros del rancho de la familia

Durante la misión, el presidente de ASONALCA, Juan Riveros, habló en reuniones de campesinos en cada vereda para destacar la importancia de la lucha por los derechos y la defensa de sus territorios.

Profe Jota Jota con sus niños en la escuela de la vereda Ocobé, sin luz, sin carretera, sin agua

‘Nos corresponde a nosotros como campesinos organizarnos en defensa de nuestra autonomía, costumbres y una vida digna para evitar la migración a las ciudades, donde los cinturones de miseria aumentan mientras nuestra tierra está abandonada,’ dijo.

Campesinas y campesinos de Ocobé escuchando a Don Juan Riveros

Riveros exaltó también la importancia de la presencia de organizaciones internacionales de derechos humanos como La Red, que propicien la visibilización de la situación de la población campesina en el piedemonte llanero.

Finalmente, tres días en caballo más tarde, llegamos a Labranzagrande. Amanecer, Río Cravo

Muy militarizado este pueblo. El cementerio tiene muchas tumbas ‘NN’

Pero todavía tiene paisaje un increíble

Tomado de: https://trochandosinfronteras.info/mision-de-verificacion-de-violacion-de-derechos-humanos-en-ocobe-y-sabanalarga/

Fotos: archivo Organizaciones sociales y de Derechos Humanos de Boyacá

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DENUNCIA PÚBLICA

Las organizaciones sociales y defensores de Derechos Humanos de Boyacá, denunciamos, la violación sistemática a la vida, la integridad, la libertad, la persecución, la estigmatización, el hostigamiento y los señalamientos hacia la comunidad campesina de las veredas de Sabanalarga y Ocobé de los municipios de Pajarito y Labranzagrande por parte de las Fuerza Armadas de Colombia.

ANTECEDENTES

En el año 2016 en las veredas de Ocobé del municipio de Labranzagrande, las Fuerzas Armadas, en cabeza del Batallón Tarqui, efectuaron ataques con armas de fuego vía aérea, dejando rastros de casquillos en el patio de algunas casas, entre ellas la de la familia Alfonso Alarcón.

Las Fuerzas Armadas durante varios años han estigmatizado perseguido, señalado y hostigado a la comunidad del área rural de Pajarito y Labranza grande, siendo sistemático las requisas de las cargas que transportan por los caminos de herradura, generando daño y pérdida en los mismos.

A través de una denuncia pública, con fecha 30 de diciembre[1] se dieron a conocer hechos que defensores de derechos humanos con acompañamiento internacional realizaron una visita al terreno para la respectiva verificación.

HECHOS

1. El sábado 15 de diciembre a la 1:30 Am, en la vereda Ocobé del municipio de Labranzagrande la Brigada XVI del Ejército Nacional, efectuó un ataque por bombardeo, que alcanzo bienes civiles, en dos detonaciones que impactaron la finca de la familia Alfonso Alarcón, encontrándose la vivienda a 200 metros de distancia del área de impacto, en la que estaban los 3 integrantes de esta familia.
2. Desde la 1:50 am hasta las 4:00 am aproximadamente desembarcaron en dos ocasiones integrantes del Ejército, en un helicóptero que aterrizo a unos 50 metros de la vivienda.
3. Sobre las 6:00 am, miembros del Ejército ingresan a la vivienda, efectuando un allanamiento ilegal e impidiendo que los 3 miembros de esta familia salieran de su propiedad, lo cual configura una detención arbitraria, incluso cuando la señora de la familia manifestó que su hija se encontraba por los días de parto.
4. A las 8:00am descienden 6 Policías de un helicóptero, los cuales ordenan a la familia salir de la casa, entregar sus documentos de identificación y les obligan a firmar un documento, del cual no tienen conocimiento de su contenido, para este momento se encontraban aproximadamente 100 agentes en el predio y sus alrededores.
5. El domingo 16 de diciembre a las 3:00 pm descienden de un helicóptero 6 agentes de la Fuerza Aérea, quienes realizan preguntas a la familia sobre los daños materiales e integridad física, producto del bombardeo, haciéndoles firmar un documento, del que desconocían su contenido.
6. Miembros de la Fuerza Aérea, Policía y Ejército, se retiran en helicóptero, quedando 50 soldados aproximadamente, de la Brigada XVI quienes durante tres días privan de la libertan a los miembros de esta familia.
7. El capitán del operativo señaló al joven de la familia, de pertenecer a grupos de la insurgencia y lo amenazó diciéndole “si lo vemos por un camino solo, lo prendo a plomo”.
8. El joven de la familia es amenazado con ser retenido y llevado arbitrariamente de la finca, a lo cual su madre lo impide argumentando que es una violación a los derechos humanos, razón por la cual desisten de llevárselo.
9. Estos militares señalaron a la familia de tener elementos bélicos y ser colaboradores de grupos insurgentes.
10. Resultado del ataque por bombardeo, esta familia sufrió, daño psicológico, además perdidas en cultivo de caña de azúcar, maderas nativas, carne, infraestructura de la ramada del trapiche.

INVESTIGACIÓN, SANCIONES PENALES Y DISCIPLINARIAS

Exigimos el respeto y garantía de la vida, la integridad y la seguridad de las personas que se ven afectadas por los hechos que se denuncian, así como de la comunidad de los municipios de Pajarito y Labranzagrande que han sido víctimas de constante estigmatización y señalamiento por parte de la Fuerza Pública y en especial a la Brigada XVI acorde con los lineamientos constitucionales y el Derecho Internacional Humanitario que los rige en el marco del conflicto armado, toda vez que han atentado contra civiles mediante amenazas y perjuicios a sus bienes, reteniéndolos además contra su voluntad durante tres días.

Solicitamos de manera urgente la investigación de estos hechos por parte de las entidades de control disciplinario como la Procuraduría y de las entidades de Derechos Humanos como Defensoría del Pueblo y Personería.

[1]HOSTIGAMIENTO Y PERSECUCIÓN A COMUNIDADES CAMPESINAS EN BOYACÁ, 30 diciembre 2018. Disponible en Internet: http://centroriente.org/hostigamiento-y-persecucion-a-comunidades-campesinas-en-boyaca/.

Firman:

ASONALCA Asociación Campesina Antonio Galán Zorro

COSPACC Corporación Social Para la Asesoría y Capacitación Comunitaria

Por: Fabián Laverde Doncel.

Los pueblos del mundo representamos la acción permanente por la defensa de la vida y la permanencia en los territorios. No importa las distancias geográficas, raza, lenguaje, idioma, costumbres; pues entre juntos tejemos el amor por la vida, la unidad, y sobre todo la resistencia, ante un modelo económico, político y social que patrocina la muerte, saquea los recursos naturales y avanza obsesionada mente en la destrucción de las culturas y la autodeterminación de los pueblos.

El pasado mes de mayo, en el marco del proyecto “Justicia Petrolera” el cual se desarrolla coordinadamente   entre COSPACC y las ong inglesas  War on Want y Deighton Pierce Glynn; estuvimos visitando Europa, participando en actividades de denuncia e incidencia en Inglaterra y España. En este recorrido nos encontramos con activistas, sindicalistas, académicos, parlamentarios y defensores de derechos humanos; así mismo participamos en la asamblea anual de accionistas de la Britihs Petroleum Company; empresa multinacional responsable de la sistemática victimización a la que han sido sometidos comunidades y procesos sociales en el departamento de Casanare.

Gracias a nuestros aliados en Inglaterra, tuvimos acceso a documentos correspondientes a convenios de colaboración firmados en 1995 y 1997 entre  esta empresa con el ministerio de defensa de Colombia y la Policía Nacional, aplicando a estos últimos bonificaciones mensuales desde 125 mil pesos hasta 500 mil pesos para personal designado en Casanare; logrando sustento jurídico nuestra denuncia permanente consistente en que la fuerza pública actuó como empresa de seguridad privada, toda vez que destinó a personal para el cuidado exclusivo de la infraestructura petrolera.

En conclusión, la BP, no solamente es responsable de graves crímenes ambientales, sino que además financió y se benefició del conflicto armado en Colombia. Queda la esperanza que la comisión de la verdad, en el marco de los acuerdos firmados entre el gobierno colombiano y las FARC; solicite a la BP desclasificar información que podría ayudar a conocer la verdad de lo ocurrido.

Por: Fabián Laverde Doncel, Presidente Consejo Directivo

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El pasado 16 de agosto, tres magistrados de la sala de reconocimiento de la verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz, hicieron presencia en El Yopal Casanare; la visita tubo como objetivos: compartir las expectativas de la nueva jurisdicción, con víctimas de crímenes de estado, representantes de organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos; así mismo recibir de manos de estas organizaciones un informe sobre falsos positivos ocurridos en el departamento.

En una jornada de trabajo a la que asistieron alrededor de 170 personas perteneciente a ASONALCA, ASMUC, ANJECO, Familiares Colombia, y la Mesa Departamental de Victimas; la Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria COSPACC y la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos FCSPP, con el respaldo del Movimiento Nacional de Victimas de Crímenes de Estado, hicieron entrega del informe “Ni delincuentes, ni combatientes” donde fueron analizados 12 casos de ejecuciones extrajudiciales con modalidad de falsos positivos, cometidos por el tropas de la Brigada 16,  durante el periodo comprendido entre los años 2005 – 2007, en el cual el entonces Coronel del Ejército HENRRY TORRES ESCALANTE, fungió como comandante de la Brigada 16.

El informe da cuenta de patrones que demuestran sistematicidad en la comisión de los hechos delictivos, así como un profundo análisis en el modo operandi utilizado por los victimarios; quienes acabaron con la vida de menores de edad, campesinos y comunales, entre ellos el menor Roque Julio Torres Torres quien había sido testigo de dos ejecuciones extrajudiciales en su vecindario, en el municipio de Aguazul. Durante la entrega hizo presencia el subcomandante de Policía del departamento, el jefe de operaciones de la Brigada 16 y la Defensoría Regional del Pueblo. Las victimas contaron con el acompañamiento de Brigadas Internacionales de Paz, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la Secretaria Ejecutiva de la JEP.

La actividad concluyó con una galería a la memoria de las víctimas de crímenes de estado; la cual fue expuesta en el parque Ramón Nonato Pérez.