Asesinar, perseguir y judicializar: Plan de exterminio de líderes sociales


Trochando Sin Fronteras, edición 39 abril – junio de 2019
Por: Equipo de comunicaciones Casanare – Trochando Sin Fronteras

Como una política sistemática y continuada de exterminio califican algunos medios, organizaciones y sectores sociales, alternativos y populares el permanente proceso de persecución, amedrentamiento, judicialización y asesinato de líderes sociales en Colombia[1]. Esto, teniendo en cuenta referentes históricos como ¡A Luchar![2] o la Unión Patriótica en los 80’s, con el paso de cada gobierno represivo y las constantes arremetidas estatales y paramilitares contra el movimiento social desde los gobiernos de Uribe, Santos y Duque se demuestra que la tendencia ha sido la agudización y profundización del modelo de despojo y explotación, que a su paso golpea y ataca a los procesos populares y sus líderes, muestra de ello, es que tan sólo en los primeros 7 días del año 2019 fueron asesinados 6 lideres comunitarios, ambientales, campesinos, indígenas y de víctimas a nivel nacional, tendencia que se ha mantenido, todos los días hay lideres sociales asesinados, perseguidos, amenazados o encarcelados.

Con la posesión de Iván Duque se hace más clara la política reaccionaria y agresiva del uribismo, que ubica a la cabeza del Ministerio de Defensa a un empresario ultraconservador como Guillermo Botero, y en el Ministerio del Interior que tiene, entre otras, la función de impulsar políticas para el ejercicio de la protección, promoción, respeto y garantía de los Derechos Humanos a Nancy Patricia Gutiérrez, quien estuvo vinculada a investigaciones por parapolítica y se ha demostrado una real partidaria de la lógica autoritaria de Uribe y su séquito.

Lideres comunales, étnicos (indígenas y afrodescendientes), campesinos, defensores de derechos humanos y reclamantes de tierra son el principal blanco de las acciones de persecución por parte de instituciones, actores armados legales y extra-institucionales a nivel nacional, en el caso puntual del centro oriente colombiano, han sido las alianzas entre empresas multinacionales, órganos judiciales y agentes de inteligencia (a través de las Estructuras de Apoyo EDA), el mecanismo para crear procesos de judicialización basados en montajes judiciales a grupos de líderes, con la supuesta existencia del delito de “concierto para delinquir” se persigue cualquier proceso de lucha en el que más de dos personas se junten para protestar y exigir sus derechos, y con el delito de “rebelión” se asume que actuar en contra de las actuaciones del gobierno es adelantar acciones tendientes a “derrumbar el orden constitucional”, lo que lleva a que se criminalicen todas las labores de organización y movilización de las comunidades, buscando el exterminio de cualquier brote de protesta.

Algunos de los casos más emblemáticos de persecución y judicialización sistemática en Colombia los han tenido que enfrentar recientemente las organizaciones vinculadas al Congreso de los Pueblos, Miriam Aguilar, Hermes Burgos[3], Julián Gil, Ferney Salcedo, Miguel Ángel Rincón, Jesús Leal, Yulibel Leal, Maria Teresa Rincón, Milena Quiroz, Rosa Herrera, Pedro Pablo Castellanos, Reinaldo Efrain Gonzalez Fuentes, Gabriel Valderrama Ancizar Morales[4] y Germán Bernardo Carlosama, son solo algunos de los nombres de quienes, en sus territorios, y en medio de la lucha por conquistar condiciones de vida digna o cumplimiento de acuerdos con empresas e instituciones han sido detenidos arbitrariamente, de manera injusta e involucrados en montajes o falsos positivos judiciales.

Así, mientras Hidroituango se impone a sus anchas, los criminales internacionales de Odebretch pasan de agache, las empresas de Ardila Lule que financiaron el paramilitarismo siguen manejando los hilos políticos del país, las Fuerzas Militares y de Policía imponen su brazo autoritario de represión y muerte, los medios enfocan la mirada hacia Venezuela, el aparato legislativo permite la profundización del modelo neoliberal adoptado por la clase multimillonaria que ha mantenido en la pobreza a las clases populares, y el país sigue hundiéndose en un estancadero que parece no tener salida, las comunidades y procesos sociales y populares se siguen organizando, juntando rebeldías, fortaleciendo el ejercicio de formación, cualificando la lucha y recreando formas diversas de hacer política sin la necesidad primaria de acudir a la corrupta estructura institucional.

Con la campaña “Ser Líder Social No Es Delito”, diversas organizaciones envían un mensaje a la sociedad, al Gobierno Nacional y la comunidad internacional: en Colombia, ser líder social se ha considerado, desde las esferas empresariales y gubernamentales una acción delictiva, delincuencial, una labor que se debe perseguir, criminalizar y judicializar, muestra de ello han sido todos los casos anteriormente mencionados, sumados a la aguda represión que afrontan las comunidades que se movilizan en mingas, paros, bloqueos y marchas que tienden también a escalar en un año como el actual, en el que el movimiento social viene tejiendo la Minga Nacional por la Vida contra el Plan Nacional de Desarrollo y sus nefastas intenciones, alineadas al capitalismo internacional.

[1] La ofensiva de terror y exterminio del movimiento y su liderazgo de base
[2] A luchar 1984-1991 una propuesta de nueva izquierda y unidad
[3] Hermes Burgos: el delincuente que no cometió ningún delito

[4] ¡Atención! nuevo montaje judicial: Detenido Ancísar Morales por Falsas Acusaciones

Lengupá: una provincia que busca sus desaparecidos

Foto: Jornada de la memoria provincia de Lengupá

La desaparición forzada es una modalidad de violencia usada por los actores armados para garantizar el silencio y la impunidad, una estrategia política de dominación, para evadir la verdad y las responsabilidades.

Es deber del Estado garantizar la protección, la vida, la seguridad, la integridad y la libertad. Para ello es necesario que exista un reconocimiento institucional de las violencias que ha padecido el territorio. Para el caso de Boyacá, muchas personas fueron sustraídas de sus hogares, de sus comunidades y se quedó el silencio, el vacío, la esperanza de volver a encontrarles.

Por: Equipo de Derechos Humanos – Boyacá

Familiares y comunidad de Páez, Miraflorez y San Eduardo continúan en la búsqueda de los desaparecidos, junto a organizaciones y defensores de derechos humanos realizan espacios pedagógicos de capacitación sobre rutas de atención, el Sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no repetición, la memoria, la identificación, la búsqueda y el reconocimiento del territorio en la provincia de Lengupá.

Este espacio convocado por la alianza -Desaparición Forzada en Guaviare y Boyacá-, integrada por el Centro de Investigación y Educación Popular CINEP PPP, el Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, la Corporación Vida Paz y la Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria COSPACC busca dar elementos para que familiares y comunidades puedan participar y apoyar los procesos de la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas -UBPD-.

Según Tatiana Trina de la Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria – COSPACC-: “El taller permitió compartir experiencias y aprendizajes en torno a lo que tiene que ver con la búsqueda de personas desaparecidas y la ruta de atención a las personas que no descansan y siguen buscando a sus familiares. En este espacio se explicaron las funciones y mandatos de la -UBPD- y qué es un mecanismo que surge de un del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación y Garantías de no repetición.”

Un despliegue necesario

Según las comunidades y organizaciones en Boyacá no sé realizado el despliegue territorial de la Comisión de la Verdad y la -UBPD-, el Estado históricamente no reconoce a Boyacá como territorio que padeció el conflicto y las múltiples violencias, que bajo sus suelos y sus campos tiene cuerpo de personas sin identificar.

Ante esta situación, es una exigencia de la comunidad y de las familias que priorice en Boyacá el trabajo de estas dos instituciones. Mientras esto sucede las comunidades y organizaciones trabajan para que las personas de esta provincia conozcan las rutas de atención y generen las confianzas necesarias para atender los procesos y procedimientos.

Reconocen que los familiares sufren un proceso de revictimización al enfrentarse con las instituciones y contar la verdad de la violencia y sus desaparecidos, es por esto que la Alianza Desaparición Forzada en Guaviare y Boyacá proyecta continuar con estos escenarios pedagógicos con el objetivo de acercar a las comunidades a la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, pero con la exigencia, – que vivos se los llevaron y vivos los queremos – y con el objetivo de no descansar hasta encontrar las personas desaparecidas e identificar las personas reposan en nuestros territorios.

Mientras este despliegue se da en los territorios las familias y comunidades se preguntan:

¿Quiénes son las personas sepultadas y lanzadas a los campos boyacenses?, ¿Dónde están todas las personas que se llevaron?

Detrás de un cuerpo sin identificar hay una familia que le busca y una comunidad que le extraña. Los cuerpos que han sido sepultados llevan consigo vidas, historias, tranquilidad para las familias y el tejido social en las comunidades.

Lengupá, contará su historia, pero requiere de los esfuerzos del Estado en la búsqueda de las personas desaparecidas, por tanto, es una exigencia la presencia de la Unidad de Búsqueda de las Personas Dadas por Desaparecidas, porque las familias lo necesitan, porque las experiencias de búsqueda de la comunidad son muy valiosas y porque en este territorio desaparecieron y sepultaron a muchos.

Se lo llevaron, se la llevaron, no volví a ver su rostro ni a tomar su mano. No sabe nada sobre qué ha sido de nosotros y yo no sé qué ha sido de él o de ella.

No sé si decidió dejarse crecer el cabello o la barba, no sé si creció un par de centímetros más, o si todavía me da en el hombro, donde recostaba su cabeza en una expresión tímida de cariño.

No sé, y lo peor de todo es no saber, si tiene hambre, si padece sueño, si se niega a tener hijos o si tenga muchos más, si quiere volver.

Sueño con su sonrisa y sueño con que la mañana le va a traer de vuelta.

Tomado de: https://trochandosinfronteras.info/lengupa-una-provincia-que-busca-sus-desaparecidos/

DENUNCIA PÚBLICA

Denunciamos ante la comunidad nacional e internacional y ante los organismos competentes los hostigamientos, persecución y amenazas contra el líder social JULIO RODRÍGUEZ, integrante del asentamiento La Nueva Esperanza del municipio de Nunchía departamento de Casanare, situación que ha puesto en riesgo su vida, seguridad e integridad.

Foto: Equipo de comunicaciones Casanare

Hechos

  1. El 07 de mayo de 2019 a las 3.20 PM, nueve personas uniformadas con prendas militares, quienes se presentaron como integrantes del GAULA, llegaron en una camioneta vinotinto al asentamiento La Nueva Esperanza, ubicado en el municipio de Nunchia.
  2. Dos agentes se quedaron en la camioneta, que se ubicó en la calle principal del asentamiento. Siete agentes ingresaron al asentamiento y preguntaron por la ubicación del señor JULIO RODRÍGUEZ, a lo que la esposa les contestó que se encontraba trabajando.
  3. Los integrantes del GAULA procedieron a fotografiar la casa de JULIO RODRÍGUEZ y su familia, así como la casa del señor PIOQUINTO URBANO.
  4. Posteriormente, preguntaron si en el asentamiento había líderes sociales, que cuánto tiempo llevaban viviendo en el asentamiento y con qué servicio cuentan. Solicitaron el número de celular del PIOQUINTO URBANO y entregaron folletos de propaganda del GAULA.

DENUNCIAMOS:

La política de persecución, seguimiento, individualización, judicialización y estigmatización al que son sometidos los líderes y lideresas sociales en Colombia, y en este caso, en especial en el asentamiento La Nueva Esperanza de Nunchia, Casanare.

Si en efecto son miembros del GAULA, el irrumpir en este asentamiento preguntando por los líderes sociales genera zozobra en los habitantes y nos alerta por la situación de riesgo en que se encuentran los líderes sociales en Colombia que han sido víctimas de judicializaciones y asesinatos.

Responsabilizamos

Al Estado colombiano en cabeza de IVÁN DUQUE MÁRQUEZ y al Ministerio de Defensa por las actuaciones de los integrantes de las fuerzas regulares del Estado Colombiano contra dirigentes y líderes sociales.

Exigimos

Al Estado colombiano que garantice la vida, la debida protección, la libertad y la integridad de los líderes sociales.

A las autoridades competentes, que se vigilen las actuaciones de los agentes involucrados en acciones que impliquen la individualización de líderes sociales, ya que estas alertan, intimidan y ponen en riesgo la función social contemplada en la Constitución Política de Colombia y las leyes.

A la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación, que aseguren la realización de una investigación exhaustiva y urgente con el fin de proceder con las sanciones a las que haya lugar y se logre detener cualquier acción contra la vida, la seguridad, la libertad y la integridad de líderes sociales de Nunchia, Casanare.

A las entidades garantes como la Personería Municipal, la Defensoría del Pueblos acompañen, activen y garanticen las medidas de protección para los integrantes de las organizaciones sociales y líderes sociales.

Firma:

Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria “COSPACC”.

Copia a:

Oficina del Alto Comisionado para los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas.

Procuraduría General de la Nación.

Subcomisión de garantías de derechos humanos de la Cumbre Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular.

Archivo Cospacc

Libros

  • Cos-pacc: Por dentro e’soga (Tomo I): Una mirada social al boom petrolero y al fenómeno transnacional en Casanare, 2010;
  • Cos-pacc: Por dentro e’soga (Tomo II): Un análisis de los impactos de BP en Casanare, 2010;
  • Cos-pacc, con el  apoyo de alcaldía Local Ciudad Bolívar de Bogotá: Partir de lo que somos: Ciudad Bolívar, Tierra, Agua y Luchas, 2014

Informes

Artículos de prensa

DVD / CD

  • Cos-pacc: La salud no es un negocio, es un derecho, 2009;
  • Cos-pacc: El Capitalismo verde. Otra cara de un mismo modelo, 2012;
  • Cos-pacc: Comparando Aire. Argos en Montes de María, 2012;
  • Cos-pacc y Choapo: Polvo, Petróleo Golf y Miedo, 2013
  • Cos-pacc, Detrás de la Sequía, 2014
  • Partir de lo que somos. Ciudad Bolívar, Tierra, Agua y Luchas (2014)