Trochando Sin Fronteras, edición 39 abril – junio de 2019
Por: Equipo de comunicaciones Casanare – Trochando Sin Fronteras
Como una política sistemática y continuada de exterminio califican algunos medios, organizaciones y sectores sociales, alternativos y populares el permanente proceso de persecución, amedrentamiento, judicialización y asesinato de líderes sociales en Colombia[1]. Esto, teniendo en cuenta referentes históricos como ¡A Luchar![2] o la Unión Patriótica en los 80’s, con el paso de cada gobierno represivo y las constantes arremetidas estatales y paramilitares contra el movimiento social desde los gobiernos de Uribe, Santos y Duque se demuestra que la tendencia ha sido la agudización y profundización del modelo de despojo y explotación, que a su paso golpea y ataca a los procesos populares y sus líderes, muestra de ello, es que tan sólo en los primeros 7 días del año 2019 fueron asesinados 6 lideres comunitarios, ambientales, campesinos, indígenas y de víctimas a nivel nacional, tendencia que se ha mantenido, todos los días hay lideres sociales asesinados, perseguidos, amenazados o encarcelados.
Con la posesión de Iván Duque se hace más clara la política reaccionaria y agresiva del uribismo, que ubica a la cabeza del Ministerio de Defensa a un empresario ultraconservador como Guillermo Botero, y en el Ministerio del Interior que tiene, entre otras, la función de impulsar políticas para el ejercicio de la protección, promoción, respeto y garantía de los Derechos Humanos a Nancy Patricia Gutiérrez, quien estuvo vinculada a investigaciones por parapolítica y se ha demostrado una real partidaria de la lógica autoritaria de Uribe y su séquito.
Lideres comunales, étnicos (indígenas y afrodescendientes), campesinos, defensores de derechos humanos y reclamantes de tierra son el principal blanco de las acciones de persecución por parte de instituciones, actores armados legales y extra-institucionales a nivel nacional, en el caso puntual del centro oriente colombiano, han sido las alianzas entre empresas multinacionales, órganos judiciales y agentes de inteligencia (a través de las Estructuras de Apoyo EDA), el mecanismo para crear procesos de judicialización basados en montajes judiciales a grupos de líderes, con la supuesta existencia del delito de “concierto para delinquir” se persigue cualquier proceso de lucha en el que más de dos personas se junten para protestar y exigir sus derechos, y con el delito de “rebelión” se asume que actuar en contra de las actuaciones del gobierno es adelantar acciones tendientes a “derrumbar el orden constitucional”, lo que lleva a que se criminalicen todas las labores de organización y movilización de las comunidades, buscando el exterminio de cualquier brote de protesta.
Algunos de los casos más emblemáticos de persecución y judicialización sistemática en Colombia los han tenido que enfrentar recientemente las organizaciones vinculadas al Congreso de los Pueblos, Miriam Aguilar, Hermes Burgos[3], Julián Gil, Ferney Salcedo, Miguel Ángel Rincón, Jesús Leal, Yulibel Leal, Maria Teresa Rincón, Milena Quiroz, Rosa Herrera, Pedro Pablo Castellanos, Reinaldo Efrain Gonzalez Fuentes, Gabriel Valderrama Ancizar Morales[4] y Germán Bernardo Carlosama, son solo algunos de los nombres de quienes, en sus territorios, y en medio de la lucha por conquistar condiciones de vida digna o cumplimiento de acuerdos con empresas e instituciones han sido detenidos arbitrariamente, de manera injusta e involucrados en montajes o falsos positivos judiciales.
Así, mientras Hidroituango se impone a sus anchas, los criminales internacionales de Odebretch pasan de agache, las empresas de Ardila Lule que financiaron el paramilitarismo siguen manejando los hilos políticos del país, las Fuerzas Militares y de Policía imponen su brazo autoritario de represión y muerte, los medios enfocan la mirada hacia Venezuela, el aparato legislativo permite la profundización del modelo neoliberal adoptado por la clase multimillonaria que ha mantenido en la pobreza a las clases populares, y el país sigue hundiéndose en un estancadero que parece no tener salida, las comunidades y procesos sociales y populares se siguen organizando, juntando rebeldías, fortaleciendo el ejercicio de formación, cualificando la lucha y recreando formas diversas de hacer política sin la necesidad primaria de acudir a la corrupta estructura institucional.
Con la campaña “Ser Líder Social No Es Delito”, diversas organizaciones envían un mensaje a la sociedad, al Gobierno Nacional y la comunidad internacional: en Colombia, ser líder social se ha considerado, desde las esferas empresariales y gubernamentales una acción delictiva, delincuencial, una labor que se debe perseguir, criminalizar y judicializar, muestra de ello han sido todos los casos anteriormente mencionados, sumados a la aguda represión que afrontan las comunidades que se movilizan en mingas, paros, bloqueos y marchas que tienden también a escalar en un año como el actual, en el que el movimiento social viene tejiendo la Minga Nacional por la Vida contra el Plan Nacional de Desarrollo y sus nefastas intenciones, alineadas al capitalismo internacional.
[1] La ofensiva de terror y exterminio del movimiento y su liderazgo de base
[2] A luchar 1984-1991 una propuesta de nueva izquierda y unidad
[3] Hermes Burgos: el delincuente que no cometió ningún delito
[4] ¡Atención! nuevo montaje judicial: Detenido Ancísar Morales por Falsas Acusaciones
