La Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria, (Cospacc), dedica la mayor parte de sus esfuerzos a la atención, organización y acompañamiento a víctimas a causa del alto grado de violaciones a los derechos humanos que se presentan en las zonas donde trabaja, concentrándose especialmente en los departamentos de Tolima, Boyacá, Casanare, y la ciudad de Bogotá. Todo ello, sin perder de vista el objetivo principal que es la reconstrucción del tejido social y la formación permanente en la promoción y defensa de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario (DIH).

Historia

A finales de la década de 1990, el movimiento campesino reunido en la Asociación Departamental de Usuarios Campesinos de Casanare (Aduc) fue exterminado por las fuerzas militares, organismos de seguridad del Estado y grupos paramilitares[1]. En 2002, algunos de sus miembros sobrevivientes crearon la organización Cospacc, luego de varios debates frente a la necesidad de reconstruir las organizaciones sociales de la región y frente al tema de la violación sistemática de los derechos humanos en el piedemonte llanero, es decir, entre los departamentos de Boyacá y Casanare.

Trabajo

Cospacc desarrolla sus actividades en regiones donde la situación, tanto ambiental como social, es supremamente grave. Acompaña y asesora en materia jurídica a víctimas de violaciones de derechos humanos. Además, documenta y denuncia, en coordinación con la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (Fcspp) y la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, casos de daños ambientales, de violaciones de derechos humanos o del derecho internacional humanitario (DIH) y de lesa humanidad, en particular, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Las organizaciones presentan conjuntamente quejas disciplinarias, denuncias públicas y penales, entre las cuales se destaca la que interpusieron contra la Brigada XVI por varios casos de ejecuciones extrajudiciales en el departamento de Casanare[2].

Para informar y sensibilizar sobre estas violaciones de derechos humanos, una parte muy importante del trabajo de Cos-pacc es la publicación de informes, investigaciones y video documentales elaborados en los contextos de las comunidades con las que trabajan.

Participación en plataformas e iniciativas de paz y derechos humanos

Cospacc forma parte de varias plataformas y redes de derechos humanos como la Coordinación Colombia, Europa y Estados Unidos (Cceeu), la red del banco de datos del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice). Además, participa de forma activa en el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Multinacionales y forma parte del Congreso de los Pueblos y, desde este trabajo, participa en la subcomisión de garantías y derechos humanos de la Cumbre Nacional Agraria[3].

Enfoque regional de Cospacc

La entrada de empresas multinacionales a finales de los años 1980, sobre todo empresas petroleras[4], en Casanare, Tolima y Boyacá, (regiones donde actualmente trabaja Cospacc), ha producido un gran impacto negativo en las comunidades, no sólo en su medio ambiente, sino de su entorno social, tras violaciones sistemáticas de sus derechos.

Casanare

Es la región donde Cos-pacc desempeña la mayor parte de su trabajo. Allí la organización acompaña procesos organizativos de casi todos los sectores y ha establecido un equipo de derechos humanos para poder realizar el trabajo en terreno con mayor presencia. Este equipo está compuesto por delegados del sector campesino a través de la Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro, la Asociación Nacional, la organización Regional Indígena de Casanare (Oric) y el sector juvenil estudiantil (agrupado en la Asociación Casanareña de Jóvenes y Estudiantes, Ajocare), quienes desarrollan una agenda en coordinación con la Fundación Jurídica Javier Barriga Verger (Funjab).

En 2014, se realizó en el municipio de Trinidad (Casanare) una audiencia pública, convocada por políticos, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos, y coordinada por Cos-pacc, bajo el lema “El impacto ambiental y de derechos humanos de la política minero energética en el piedemonte llanero”. En palabras de Fabián Laverde, miembro de Cosp-acc, se trata de “un espacio importante y sin antecedentes para las comunidades casanareñas, quienes fueron las que realizaron las denuncias por las que se consideran víctimas, teniendo en cuenta que pertenecen a procesos organizativos.

También fue un espacio para recalcar la directa responsabilidad del Estado ya que es el que permite u omite las responsabilidades de las empresas petroleras. Las denuncias hechas por las comunidades fueron llevadas ante el Congreso”[5] donde se hizo seguimiento y a finales de 2015 hubo un debate sobre política de seguridad para el sector minero-energético en el cual el senador Iván Cepeda Castro denunció la existencia de convenios entre unidades militares y empresas mineras, de hidrocarburos e hidroeléctricas; “Convenios que cuentan con el mayor número de casos de ejecuciones extrajudiciales”, según comentó el político[6].

Cabe resaltar que las investigaciones realizadas por Cos-pacc sobre los daños ambientales producidos por algunas multinacionales han generado tensiones y oposición de parte de las empresas y entidades públicas frente a la organización[7].

https://pbicolombiablog.org/organizaciones-acompanadas/cos-pacc/