DENUNCIA PÚBLICA
Denunciamos ante la comunidad nacional e internacional y ante los organismos competentes los hostigamientos, persecución y amenazas contra el líder social JULIO RODRÍGUEZ, integrante del asentamiento La Nueva Esperanza del municipio de Nunchía departamento de Casanare, situación que ha puesto en riesgo su vida, seguridad e integridad.
Hechos
- El 07 de mayo de 2019 a las 3.20 PM, nueve personas uniformadas con prendas militares, quienes se presentaron como integrantes del GAULA, llegaron en una camioneta vinotinto al asentamiento La Nueva Esperanza, ubicado en el municipio de Nunchia.
- Dos agentes se quedaron en la camioneta, que se ubicó en la calle principal del asentamiento. Siete agentes ingresaron al asentamiento y preguntaron por la ubicación del señor JULIO RODRÍGUEZ, a lo que la esposa les contestó que se encontraba trabajando.
- Los integrantes del GAULA procedieron a fotografiar la casa de JULIO RODRÍGUEZ y su familia, así como la casa del señor PIOQUINTO URBANO.
- Posteriormente, preguntaron si en el asentamiento había líderes sociales, que cuánto tiempo llevaban viviendo en el asentamiento y con qué servicio cuentan. Solicitaron el número de celular del PIOQUINTO URBANO y entregaron folletos de propaganda del GAULA.
DENUNCIAMOS:
La política de persecución, seguimiento, individualización, judicialización y estigmatización al que son sometidos los líderes y lideresas sociales en Colombia, y en este caso, en especial en el asentamiento La Nueva Esperanza de Nunchia, Casanare.
Si en efecto son miembros del GAULA, el irrumpir en este asentamiento preguntando por los líderes sociales genera zozobra en los habitantes y nos alerta por la situación de riesgo en que se encuentran los líderes sociales en Colombia que han sido víctimas de judicializaciones y asesinatos.
Responsabilizamos
Al Estado colombiano en cabeza de IVÁN DUQUE MÁRQUEZ y al Ministerio de Defensa por las actuaciones de los integrantes de las fuerzas regulares del Estado Colombiano contra dirigentes y líderes sociales.
Exigimos
Al Estado colombiano que garantice la vida, la debida protección, la libertad y la integridad de los líderes sociales.
A las autoridades competentes, que se vigilen las actuaciones de los agentes involucrados en acciones que impliquen la individualización de líderes sociales, ya que estas alertan, intimidan y ponen en riesgo la función social contemplada en la Constitución Política de Colombia y las leyes.
A la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación, que aseguren la realización de una investigación exhaustiva y urgente con el fin de proceder con las sanciones a las que haya lugar y se logre detener cualquier acción contra la vida, la seguridad, la libertad y la integridad de líderes sociales de Nunchia, Casanare.
A las entidades garantes como la Personería Municipal, la Defensoría del Pueblos acompañen, activen y garanticen las medidas de protección para los integrantes de las organizaciones sociales y líderes sociales.
Firma:
Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria “COSPACC”.
Copia a:
Oficina del Alto Comisionado para los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas.
Procuraduría General de la Nación.
Subcomisión de garantías de derechos humanos de la Cumbre Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular.
