Audiencia Aplazada

SerLiderSocialNoEsDelito
A última hora es aplazada la audiencia de los líderes sociales de San Luis de Palenque y Trinidad que se realizaría este Miércoles 27 de febrero a las 6:00am, por lo tanto el Plantón también se ha aplazado hasta una nueva fecha.
Estaremos informando. Seguimos exigiendo libertad inmediata para todos los líderes sociales

#SerLíderSocialNoEsDelito

Las comunidades d Trinidad y San Luis de Palenque de Casanare con el acompañamiento de las organizaciones sociales y de Derechos Humanos, exigen libertad de los líderes sociales que han sido judicializados por defender los derechos de las comunidades, derechos que han venido siendo vulnerados por parte de las empresas petroleras presentes en la región.

Misión de verificación de Derechos Humanos en Boyacá, revisó situación de las comunidades

Misión de verificación de Derechos Humanos 12 – 14 de febrero 2019 Sabanalarga -Pajarito y Ocobe – Labranzagrande Boyacá
Fotos: Organizaciones sociales y de Derechos Humanos de Boyacá

Las comunidades del Boyacá junto a las organizaciones sociales y de Derechos Humanos  exigen respeto por la vida y no más atropellos por Parte de la Fuerzas Militares

Luego de la denuncia hecha por parte de las organizaciones Sociales y de Derechos Humanos ante la de violación de Derechos Humanos ocurrida el 15 de diciembre del 2018 en la vereda Ocobe de Labranzagrande Boyacá y una primera verificación al lugar de los hechos realizada por parte del Personero de Labranzagrande con el acompañamiento hacia a las comunidades por parte de la Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria – COSPACC – , la Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro – ASONALCA- y el acompañamiento internacional de las Brigadas Internacionales de Paz – PBI- donde se recogieron la denuncia realizada por parte de la comunidad consignada en una denuncia pública: “Las organizaciones sociales y defensores de Derechos Humanos de Boyacá, denunciamos, la violación sistemática a la vida, la integridad, la libertad, la persecución, la estigmatización, el hostigamiento y los señalamientos hacia la comunidad campesina de las veredas de Sabanalarga y Ocobé de los municipios de Pajarito y Labranzagrande por parte de las Fuerza Armadas de Colombia”[1].

La Defensoría del Pueblo de Boyacá y Casanare y con apoyo de la organización social de la región vieron la necesidad de una misión de verificación de Derechos Humanos donde participaran las diferentes entidades como Defensoría del Pueblo Boyacá y Casanare, ICBF, el enlace de victimas de Pajarito, las Personerías de Pajarito y Labranzagrande, las organizaciones sociales –ASONALCA- y COSPACC con el acompañamiento internacional de la Red de Hermandad con Colombia REDHER. En donde además de verificar las violaciones de Derechos Humanos y las Infracciones del Derecho Internacional Humanitario también recibieron y verificaron el abandono estatal que viven estas comunidades.

Entre ellos en temas relacionados con la educación en donde la escuela de Sabanalarga no cuenta con cosas básicas para la educación de los niños de esta vereda, tales como material didáctico, colchonetas para el descanso o una posible emergencia en tiempos de lluvia, una silla en buenas condiciones para el caballo asignado a la maestra ya que esta tiene que hacer un recorrido de alrededor de 6 horas, desde el punto donde la deja el bus a la escuela a esto se le suma la falta de luz en la escuela ya que la planta solar se encuentra dañada al igual que otras seis plantas pertenecientes a la comunidad.

La falta de infraestructura es otro de los temas que afecta a las comunidades más alejadas de los cascos urbanos de los dos municipios, aunque se ha iniciado con la construcción de la vía terciaria que unirá Pajarito con Labranzagrande , está lejos de que esto sea una realidad ya que faltan los puentes sobre las diferentes ríos y quebradas, siendo uno de los más importantes el puente sobre el río Cusiana, que este le daría acceso a parte de la vía ya construida. Al no contar con vías para sacar los productos agrícolas estas comunidades se ven abocadas a la pobreza al no contar con un sustento adecuado para sus familias lo que acarrea diversos problemas de salud entre ellos la desnutrición en niños y adultos mayores.

Ocobe y Sabanalarga no cuentan con señal de celular ni televisión y son muy pocas las emisoras que se pueden sintonizar entrecortadas de vez en cuando, así que estas comunidades se encuentran en un aislamiento y un abandono total por parte de Estado colombiano. Sumado a esto la violación sistemática a la vida, la integridad, la libertad, la persecución, la estigmatización, el hostigamiento y los señalamientos hacia la comunidad campesina por parte de las Fuerza Armadas de Colombia.

Las prácticas sistemáticas de las Fuerzas Armadas; Batallón Tarqui y Brigada XVI que han efectuado ataques aéreos con arma de fuego y bombardeos y los continuos hostigamientos, persecución y estigmatización acrecienta la crisis socioeconómica en la que están sumergidas estas comunidades.

Esta misión de verificación permitió que las comunidades hicieran las respectivas denuncias ante las entidades pertinentes y a la espera que estas den pronta respuesta. Dejando claro que a estas comunidades debe llegar el Estado a darle respuesta a las diferentes problemáticas y no las Fuerzas Militares ya que estos han sido los victimarios durante décadas dejando un sin número de ejecuciones extrajudiciales, judicializaciones y continuamente violan los derechos de las comunidades, así lo demuestra las diferentes denuncias interpuestas[2].

[1]Comunidades campesinas víctimas de las fuerzas Armadas en Boyacá

[2]Campesinos Y Dignatarios De Juntas De Acción Comunal de Casanare y Boyacá Denuncian Que Fueron Retenidos Por El Ejército Nacional

Tomado de: https://trochandosinfronteras.info/mision-de-verificacion-de-derechos-humanos-en-boyaca-reviso-situacion-de-las-comunidades/

Trochando Sin Fronteras, febrero 23 de 2019

Comunidades campesinas víctimas de las Fuerzas Armadas en Boyacá

Fotos: archivo Organizaciones sociales y de Derechos Humanos de Boyacá

DENUNCIA PÚBLICA

Las organizaciones sociales y defensores de Derechos Humanos de Boyacá, denunciamos, la violación sistemática a la vida, la integridad, la libertad, la persecución, la estigmatización, el hostigamiento y los señalamientos hacia la comunidad campesina de las veredas de Sabanalarga y Ocobé de los municipios de Pajarito y Labranzagrande por parte de las Fuerza Armadas de Colombia.

ANTECEDENTES

En el año 2016 en las veredas de Ocobé del municipio de Labranzagrande, las Fuerzas Armadas, en cabeza del Batallón Tarqui, efectuaron ataques con armas de fuego vía aérea, dejando rastros de casquillos en el patio de algunas casas, entre ellas la de la familia Alfonso Alarcón.

Las Fuerzas Armadas durante varios años han estigmatizado perseguido, señalado y hostigado a la comunidad del área rural de Pajarito y Labranza grande, siendo sistemático las requisas de las cargas que transportan por los caminos de herradura, generando daño y pérdida en los mismos.

A través de una denuncia pública, con fecha 30 de diciembre[1] se dieron a conocer hechos que defensores de derechos humanos con acompañamiento internacional realizaron una visita al terreno para la respectiva verificación.

HECHOS

  1. El sábado 15 de diciembre a la 1:30 Am, en la vereda Ocobé del municipio de Labranzagrande la Brigada XVI del Ejército Nacional, efectuó un ataque por bombardeo, que alcanzo bienes civiles, en dos detonaciones que impactaron la finca de la familia Alfonso Alarcón, encontrándose la vivienda a 200 metros de distancia del área de impacto, en la que estaban los 3 integrantes de esta familia.
  2. Desde la 1:50 am hasta las 4:00 am aproximadamente desembarcaron en dos ocasiones integrantes del Ejército, en un helicóptero que aterrizo a unos 50 metros de la vivienda.
  3. Sobre las 6:00 am, miembros del Ejército ingresan a la vivienda, efectuando un allanamiento ilegal e impidiendo que los 3 miembros de esta familia salieran de su propiedad, lo cual configura una detención arbitraria, incluso cuando la señora de la familia manifestó que su hija se encontraba por los días de parto.
  4. A las 8:00am descienden 6 Policías de un helicóptero, los cuales ordenan a la familia salir de la casa, entregar sus documentos de identificación y les obligan a firmar un documento, del cual no tienen conocimiento de su contenido, para este momento se encontraban aproximadamente 100 agentes en el predio y sus alrededores.
  5. El domingo 16 de diciembre a las 3:00 pm descienden de un helicóptero 6 agentes de la Fuerza Aérea, quienes realizan preguntas a la familia sobre los daños materiales e integridad física, producto del bombardeo, haciéndoles firmar un documento, del que desconocían su contenido.
  6. Miembros de la Fuerza Aérea, Policía y Ejército, se retiran en helicóptero, quedando 50 soldados aproximadamente, de la Brigada XVI quienes durante tres días privan de la libertan a los miembros de esta familia.
  7. El capitán del operativo señaló al joven de la familia, de pertenecer a grupos de la insurgencia y lo amenazó diciéndole “si lo vemos por un camino solo, lo prendo a plomo”.
  8. El joven de la familia es amenazado con ser retenido y llevado arbitrariamente de la finca, a lo cual su madre lo impide argumentando que es una violación a los derechos humanos, razón por la cual desisten de llevárselo.
  9. Estos militares señalaron a la familia de tener elementos bélicos y ser colaboradores de grupos insurgentes.
  10. Resultado del ataque por bombardeo, esta familia sufrió, daño psicológico, además perdidas en cultivo de caña de azúcar, maderas nativas, carne, infraestructura de la ramada del trapiche.

INVESTIGACIÓN, SANCIONES PENALES Y DISCIPLINARIAS

Exigimos el respeto y garantía de la vida, la integridad y la seguridad de las personas que se ven afectadas por los hechos que se denuncian, así como de la comunidad de los municipios de Pajarito y Labranzagrande que han sido víctimas de constante estigmatización y señalamiento por parte de la Fuerza Pública y en especial a la Brigada XVI acorde con los lineamientos constitucionales y el Derecho Internacional Humanitario que los rige en el marco del conflicto armado, toda vez que han atentado contra civiles mediante amenazas y perjuicios a sus bienes, reteniéndolos además contra su voluntad durante tres días.

Solicitamos de manera urgente la investigación de estos hechos por parte de las entidades de control disciplinario como la Procuraduría y de las entidades de Derechos Humanos como Defensoría del Pueblo y Personería.

[1]HOSTIGAMIENTO Y PERSECUCIÓN A COMUNIDADES CAMPESINAS EN BOYACÁ, 30 diciembre 2018. Disponible en Internet: http://centroriente.org/hostigamiento-y-persecucion-a-comunidades-campesinas-en-boyaca/.

Firman:

ASONALCA Asociación Campesina Antonio Galán Zorro

COSPACC Corporación Social Para la Asesoría y Capacitación Comunitaria

Globalizando la lucha, se globaliza la esperanza

Por: Fabián Laverde Doncel.

Los pueblos del mundo representamos la acción permanente por la defensa de la vida y la permanencia en los territorios. No importa las distancias geográficas, raza, lenguaje, idioma, costumbres; pues entre juntos tejemos el amor por la vida, la unidad, y sobre todo la resistencia, ante un modelo económico, político y social que patrocina la muerte, saquea los recursos naturales y avanza obsesionada mente en la destrucción de las culturas y la autodeterminación de los pueblos.

El pasado mes de mayo, en el marco del proyecto “Justicia Petrolera” el cual se desarrolla coordinadamente   entre COSPACC y las ong inglesas  War on Want y Deighton Pierce Glynn; estuvimos visitando Europa, participando en actividades de denuncia e incidencia en Inglaterra y España. En este recorrido nos encontramos con activistas, sindicalistas, académicos, parlamentarios y defensores de derechos humanos; así mismo participamos en la asamblea anual de accionistas de la Britihs Petroleum Company; empresa multinacional responsable de la sistemática victimización a la que han sido sometidos comunidades y procesos sociales en el departamento de Casanare.

Gracias a nuestros aliados en Inglaterra, tuvimos acceso a documentos correspondientes a convenios de colaboración firmados en 1995 y 1997 entre  esta empresa con el ministerio de defensa de Colombia y la Policía Nacional, aplicando a estos últimos bonificaciones mensuales desde 125 mil pesos hasta 500 mil pesos para personal designado en Casanare; logrando sustento jurídico nuestra denuncia permanente consistente en que la fuerza pública actuó como empresa de seguridad privada, toda vez que destinó a personal para el cuidado exclusivo de la infraestructura petrolera.

En conclusión, la BP, no solamente es responsable de graves crímenes ambientales, sino que además financió y se benefició del conflicto armado en Colombia. Queda la esperanza que la comisión de la verdad, en el marco de los acuerdos firmados entre el gobierno colombiano y las FARC; solicite a la BP desclasificar información que podría ayudar a conocer la verdad de lo ocurrido.

Organizaciones de Derechos Humanos en Casanare presentaron informe a la JEP

Por: Fabián Laverde Doncel, Presidente Consejo Directivo

El pasado 16 de agosto, tres magistrados de la sala de reconocimiento de la verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz, hicieron presencia en El Yopal Casanare; la visita tubo como objetivos: compartir las expectativas de la nueva jurisdicción, con víctimas de crímenes de estado, representantes de organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos; así mismo recibir de manos de estas organizaciones un informe sobre falsos positivos ocurridos en el departamento.

En una jornada de trabajo a la que asistieron alrededor de 170 personas perteneciente a ASONALCA, ASMUC, ANJECO, Familiares Colombia, y la Mesa Departamental de Victimas; la Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria COSPACC y la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos FCSPP, con el respaldo del Movimiento Nacional de Victimas de Crímenes de Estado, hicieron entrega del informe “Ni delincuentes, ni combatientes” donde fueron analizados 12 casos de ejecuciones extrajudiciales con modalidad de falsos positivos, cometidos por el tropas de la Brigada 16,  durante el periodo comprendido entre los años 2005 – 2007, en el cual el entonces Coronel del Ejército HENRRY TORRES ESCALANTE, fungió como comandante de la Brigada 16.

El informe da cuenta de patrones que demuestran sistematicidad en la comisión de los hechos delictivos, así como un profundo análisis en el modo operandi utilizado por los victimarios; quienes acabaron con la vida de menores de edad, campesinos y comunales, entre ellos el menor Roque Julio Torres Torres quien había sido testigo de dos ejecuciones extrajudiciales en su vecindario, en el municipio de Aguazul. Durante la entrega hizo presencia el subcomandante de Policía del departamento, el jefe de operaciones de la Brigada 16 y la Defensoría Regional del Pueblo. Las victimas contaron con el acompañamiento de Brigadas Internacionales de Paz, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la Secretaria Ejecutiva de la JEP.

La actividad concluyó con una galería a la memoria de las víctimas de crímenes de estado; la cual fue expuesta en el parque Ramón Nonato Pérez.