Derechos Humanos en Boyacá y Casanare
La Corporación Choapo, la Fundación de Derechos Humanos Pasos, la Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria – COSPACC –, y la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, integramos el Equipo Regional de Derechos Humanos de organizaciones sociales de Centro Oriente de Colombia, quienes a su vez somos parte de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos.
Vemos como una necesidad visibilizar las diferentes estrategias que el Estado implementa por acción y omisión, limitando, restringiendo y desconociendo el derecho a la Protesta Social de la sociedad en general y las comunidades organizadas, profundizando en estrategias de montajes judiciales, hostigamientos, desprestigio social, afrentas a la vida y libertad de quienes defendemos la vida y el territorio.
En los llanos orientales comunidades campesinas y trabajadores de la industria petrolera han tenido una lucha incansable por la defensa del ambiente y territorio, condiciones laborales contra el modelo extractivista del Estado Colombiano y los incumplimientos por parte de la industria petrolera.
En el departamento del Meta se registran 8 casos de líderes judicializados entre el 2017 y 2018 en los municipios de Acacias, Castilla la Nueva y Guamal en marco de las exigencias contra la empresa ECOPETROL S.A quien opera en estos municipios por el BLOQUE CPO-9. Algunos de los incumplimientos denunciados por la comunidad y líderes se basan en desconocimiento de procedimientos administrativos y ambientales a la hora de ejecutar actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, desconociendo la vocación agrícola de territorios como la vereda Pio XII municipio de Guamal donde está ubicado el Pozo Trogón 1. En Acacias y Castilla la Nueva trabajadores de la industria petrolera exigen la participación de la comunidad a la hora de dar empleo a la mano de obra local, con base en el decreto 1668 del 2016, el cual obliga a la empresa ECOPETROL S.A a contratar la totalidad de la mano de obra no calificada y el 30% de la calificada, entre otras exigencias.
Los
delitos por los cuales están siendo judicializados son: Concierto para
delinquir, obstrucción de vías, tentativa de homicidio, terrorismo, violencia
contra servidor público, daño en bien ajeno, porte ilegal de armas y violación
a la libertad de trabajo.
En los departamentos de Boyacá y Casanare se registran más de 30 casos de líderes campesinos, comunales, juveniles y mujeres desde 2018 a la actualidad. En el caso de Boyacá la comunidad campesina que protestó porque el consorcio Hidalgo Hidalgo contratista del mejoramiento de la vía Sogamoso Aguazul no cumplió con inversión social y mejoras salariales dejó como resultado 24 personas vinculados a procesos judiciales durante el año 2018.
En el caso de Casanare, estos casos se llevaron adelante con ocasión al ejercicio del derecho a la protesta social por hechos relacionados con incumplimientos de las empresas Frontera Energy, CEPSA, Lewis Energy, oleoducto bicentenario, con las comunidades en cada uno de los territorios. Los delitos por los cuales están siendo procesados son: Concierto para delinquir, perturbación de tráfico, porte ilegal de armas de fuego o municiones, tentativa de homicidio, lesiones personales con perturbación funcional permanente, violencia contra servidor público, obstrucción de vías públicas que afectan el orden público, constreñimiento ilegal y rebelión.
El pasado 26 de mayo fue asesinada Concepción Corredor, líder social del municipio de Nunchía Casanare y que se sema a una larga listo de asesinatos en la que se espera el estado agilice la investigación y responsabilidad sobre los móviles del hecho y que no quede impune como hasta ahora sucede con Daniel Abril Fuentes, asesinado en 2015 en el municipio de Trinidad, luego de participar en varias protestas contra las petroleras y en defensa del agua.
La situación de represión a la protesta social no es nueva, el 20 de diciembre de 2017 fue detenido Josúe Zorro quien participó en varias protestas contra empresas como Pacific Rubiales y Perenco en 2011 y 2012 sobre todo reclamando por el mal estado de las vías que son dañadas por los carrotanques que trasportan crudo. Josúe Zorro meses después fue liberado y condicionado a no participar en ninguna clase de protesta o reunión social. A esto le agregamos para el caso de Yopal que la empresa Termomechero utilizó estrategias para que las comunidades aledañas firmaran un acta donde se comprometen a no protestar.
Tanto las judicializaciones del departamento del Meta, como las de Casanare tienen en común que han sido adelantadas desde el ejercicio de indagación e investigación por parte de las Estructuras de Apoyo -EDA-, creadas por convenio de cooperación que firmó la FISCALÍA , ECOPETROL y el FONDO ROTATORIO de la POLICÍA NACIONAL desde el 2009, el cual dio paso a la creación de 10 Estructuras en todo el territorio nacional, con el objetivo de adelantar las investigaciones por delitos como el apoderamiento de hidrocarburos y terrorismo contra la industria petrolera. No obstante, en denunciamos que este convenio se creó para obstruir todo ejercicio de Protesta Social que se mantiene en los territorios contra la operaciones de la Industria Petrolera y la vulneración de Derechos Humanos, así como de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Hasta el momento, la Fiscalía General de la Nación cuenta con diez Estructuras de Apoyo distribuidas así: Saravena (Arauca), Barrancabermeja (Santander), Puerto Berrío (Antioquia), Cúcuta (Norte de Santander), Tumaco (Nariño), Orito (Putumayo), Cali (Valle), Yopal (Casanare) y Villavicencio (Meta), las cuales han presentado a líderes sociales como miembros de bandas criminales dando resultados en marco de la campaña de Gobierno “El que la hace la paga”.
En consecuencia, denunciamos:
Que la Fiscalía General de la Nación al firmar el convenio de financiación con ECOPETROL y el fondo rotatorio de la Policía Nacional beneficiando a la industria petrolera pierde toda independencia, además viola el principio de equilibrio de armas ( en este caso resulta siendo víctima la industria y líder siendo el procesado).
- El uso de instalaciones de la Fuerza Pública por parte de las EDA por ejemplo en Villavicencio, Meta está ubicada en la Séptima Brigada y Casanare en la Brigada XVI.
- Las comunidades y líderes al organizarse y ejercer su derecho constitucional a la protesta social, para denunciar abusos y exigir cumplimientos de acuerdos pactados, están siendo víctimas de persecución, judicialización y criminalización por parte del Estado Colombiano en cabeza de su administración de justicia.
- La infiltración y tecnificación como práctica psicológica de la fuerza pública que tiene como objetivo la intimidación, el hostigamiento y el amedrantamiento a personas en su lugar de trabajo, estudio y residencia, representa un riesgo para la seguridad de estas que coarta el derecho a la participación política.
- El irrespeto y desconocimiento intencional de los procedimientos y normatividad local (Decreto 563 del 2015 alcaldía de Bogotá y Nacional resolución 1190 del 2018 del Ministerio del Interior) que incrementan la vulneración al ejercicio de la protesta social.
- Las detenciones arbitrarias e indiscriminadas a personas que incluso no participan en escenarios de protesta social, que se producen con el afán de mostrar resultados operacionales y generar distorsión mediática a través de juicios anticipados.
- La violación de los principios de necesidad, proporcionalidad y legalidad que se evidencia con la presencia del Ejército Nacional y el Esmad en las protestas pacíficas, el uso indebido, fraudulento e ilegal de las armas de dotación, el incumplimiento de los procedimientos y medios establecidos, que impiden el derecho de quienes se manifiestan pacíficamente.
- El desconocimiento y señalamiento a la labor de los defensores de derechos humanos los cuales obstruyen el objetivo de las misiones de verificación.
- Líderes están siendo víctimas de judicializaciones y homicidios selectivos. El Estado no ha sido capaz de desmontar el paramilitarismo, ni reconocer la responsabilidad de este en los homicidios de líderes sociales, manteniéndose y fortaleciéndose a través de los años debido a la utilización de otros medios y reorganización de estructuras por el control territorial, social, económico y político.
- Rechazamos las amenazas contra el movimiento social en Arauca, centro oriente y a nivel nacional. Exigimos garantías plenas para la vida y libertad de líderes sociales y defensores de derechos humanos.
