El narcotráfico en Colombia: algunas implicaciones jurídicas, políticas y sociopolíticas de esta problemática

Para supuestamente contrarrestar el auge del terrorismo y la subversión, los gobiernos Nacionales han variado han barajado de Estado de Sitio a conmoción de Interior año tras año, asesorados por la DEA y admitiendo de buen grado las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Pentágono en tal sentido y la creencia de que no podemos elaborar nuestras propias leyes, siendo obligados al cumplimiento de compromisos internacionales totalmente violatorios de nuestra Soberanía Nacional.

Además, la racionalidad Política de la construcción de las leyes de nuestro país está cimentada por conceptos e ideologías neoliberales, que han dado marcha un capitalismo tecnológico y burocrático afianzado a través del capital financiero, olvidando que la legitimidad de cualquier Estado (sea el que sea) está basada sobre un orden público tendiente a favorecer el bienestar de las comunidades bajo su mandato (salud vivienda trabajo tierra educación cultura esparcimiento) y no sobre un orden público represivo y absurdo.

Esto último, lo decimos porque en Colombia en una misma jurisdicción con jueces sin rostro, testigos NN, sin jurados de conciencia, sin careo testimonial, con reversión de la prueba, se juzgan indiscriminada indiscriminadamente terroristas, guerrilleros, porte ilegal de armas, Directivos Sindicales, Líderes Populares y de la oposición, narcotraficantes, sicarios y delincuencia común; mejor dicho:

¡¡ EN COLOMBIA DISENTIR NO ES DERECHO… ES DELITO Y SE CASTIGA A VECES CON LA MUERTE!!!

A nuestro entender la última declaración de Conmoción Interior, el decreto 874 del 1° de mayo de 1994, no sólo atenta contra el sistema judicial del país; también es abiertamente violatoria de la Constitución Nacional, sobre todo si se tiene en cuenta que el gobierno colombiano basado en tan tremendo “simio” expide el mismo día y año del decreto 875 (Emergencia Judicial), con el cual se llega al acabose total del estado de derecho ya que de esta forma se aceleran los procesos y los Fiscales Y Jueces están fallando sentencias y llamamientos a juicio en serie, sin una seria actividad judicial investigativa y lógica.

Lo irónico de este tinglado es que el Gobierno supuestamente actúa de tal

forma para impedir “el fracaso” en la rama judicial y “consolidar la seguridad ciudadana” (decreto 875 mayo primero de 1194 último párrafo del considerando), sin tener en cuenta que con esta acción se está generando una serie confrontación con la Rama Judicial en cuanto a si se está reconociendo que está desaparece, para constituir (como de hecho ya lo es) a la Fiscalía General De La Nación como máximo organismo jurisdiccional del país.

En Colombia es un secreto a voces que el lavado de los dólares del narcotráfico favorece al sector financiero, al sector de las grandes construcciones y a la inversión en compras de tierras para eludir impuestos lo que causa inflación por una parte y por la otra, no permite una verdadera inversión en infraestructura para el desarrollo social de las comunidades ante la falta de un pago de impuestos acorde con el valor de las inversiones en términos reales, pareciera ser como que el problema del narcotráfico no es de moral sino de divisas; lo anterior significa de manera resumida que en Colombia la fluctuación de narco-dólares favorece, así como también la economía legal, a una élite privilegiada en el manejo económico del país.

cómo se puede observar a simple vista pareciera ser que el problema de la legalización de la dosis mínima de

drogas en nuestro país no es más que un sofisma de distracción; ahí tenemos el doctor Ossa Escobar y el debate que produjo su detención de tres días por parte de marihuana (la detención fue simbólica) y ni siquiera le exigieron abandonar el empleo; lo realmente incomprensible son los brotes de histerismo y propaganda electoral que le ha dado a la decisión en este aspecto de la Corte Constitucional, llegando el presidente Gaviria a la exageración.

A nosotros personalmente no nos interesa el resultado de tal controversia, pero si hacemos un llamamiento de atención al gobierno y a los medios masivos de comunicación que con propagandas tendientes asumir con franqueza el problema de la drogadicción en nuestro país, luego lo niegan de forma farisea. Lo que sí nos interesa son los factores que se mueven tenebrosamente tras la producción, elaboración y distribución de estupefacientes en Colombia y el mundo y es que ayer no existe nada ético, sino simplemente el manejo de miles de millones de dólares a costa del dolor y el envilecimiento de millones de seres humanos en pro del enriquecimiento ilícito de los capos de la mafia y de gobernante, jueces y funcionarios corruptos.

En realidad, el gobierno colombiano si ha luchado en contra del narcotráfico, quizás más que cualquier otro país del mundo, pero ha aprovechado la oportunidad para desarrollar la tesis de “Seguridad Nacional” aplicadas implacablemente en contra de quienes no debe hacerlo.