Nuestras luchas dos décadas de impunidad y barbarie

Por: Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria – COSPACC-

 Casanare no ha escapado de las atrocidades propias de la imposición de un modelo de desarrollo. La década de los noventa comenzó con una transición entre la hacienda tradicional (terratenientes), la avanzada del narcotráfico con Gonzalo Rodríguez Gacha, Víctor Carranza a la cabeza acompañado de Víctor Feliciano y Héctor Buitrago, que sumado a los hallazgos petroleros en manos de la transnacional británica BP (hoy Equion), configuraron una tenebrosa estrategia en defensa de sus intereses sembrando con ello terror y barbarie segando la vida de campesinos, sindicalistas, indígenas, líderes sociales y políticos, dejando dolor en la población y un gran manto de impunidad que se entreteje entre los benefactores y la justicia.

Más de dos décadas de impunidad y barbarie son la huella del oro negro en esta región del país. Persecución al movimiento campesino, sindical, cívico e indígena dan cuenta de ello cerca de 2600 desaparecidos, mayoritariamente campesinos. En tan solo en 5 meses entre noviembre de 2002 y marzo de 2003 paramilitares de Martín llanos desaparecieron 60 personas, 27 de ellas en el municipio de Recetor y 33 en el municipio de Chámeza, con la presunta ayuda de los militares que hacían presencia en la zona y que eran comandados por el coronel (r) del Ejército Nacional, Juan Carlos Castañeda Villamizar quien hoy goza de buena salud jurídica y en donde como por arte de magia,   luego de ocurridos los sucesos brotó la explotación petrolera en manos de la multinacional Brasileña Petrobras.

 Resumen de la agresión en Casanare 1990-2015 sin contar desplazamiento forzado

Una estrategia  en defensa de la explotación petrolera en el departamento origina la agresión , más allá de agredir a los sectores sociales, contó con el aniquilamiento del movimiento social, y la oposición política tanto al modelo extractivo como político, no en vano la muerte del entonces director de Corporinoquia Carlos Hernando Vargas Suarez, quien fuera asesinado por paramilitares, justo después de salir de una reunión con las empresas petroleras, Perenco, Oxy y BP el 02 de diciembre de 1998, según testimonios Suárez pretendía hacer regir las normas ambientales como impedir licencias ambientales globales que colocaban en riesgo el patrimonio ecológico de la región y el cumplimiento del 1 % de compensación ambiental por utilización de agua. Otro ejemplo, la muerte de Carlos Octavio Vargas Ovejero ex secretario general de la alcaldía de Aguazul, que se encontraba en campaña a la diputación departamental cuando por segunda vez es secuestrado por paramilitares de Martín Llanos y posteriormente asesinado el 30 de agosto del 2000; Vargas Ovejero criticó la labor de las Fuerzas Militares al servicio de la multinacional BP en entrevistas dadas a medios de televisión Inglesa como La BBC de Londres y Mundo en Acción. En 2013, el juez segundo administrativo de descongestión de Santa Rosa de Viterbo Boyacá, falló como muy pocas veces se atreven, mediante una sentencia, declarando responsable administrativa y contractualmente a la Nación, Ministerio de la Defensa, Ejército Nacional, Brigada XVI, por la muerte del campesino Luis Alberto Vega Patiño.

Así nos contó la viuda, con palabras entrecortadas de manera muy valiente lo que sucedió aquella vez: «Mi esposo era un campesino de 43 años, dedicado a la ganadería y la agricultura, vivíamos en la vereda Ocobe, del municipio de Labranzagrande. Compartimos nuestras vidas durante veinte años. Era un hombre dedicado al hogar y a las actividades del campo, además siempre se preocupó por el bienestar de la comunidad. Nosotros llevábamos una vida tranquila hasta cuando militares lo detuvieron sin ninguna orden judicial, lo asesinaron y lo hicieron pasar como guerrillero muerto en combate, luego de haber simulado un enfrentamiento». Dentro de la sentencia, el juez ordenó: “como medida de reparación simbólica, la celebración de acto público en el municipio de Labranzagrande Boyacá, en el cual se le pida perdón a la familia Vega Patiño, por los hechos ocurridos el día 04 de junio de 2006 y afirmar de manera categórica que no hay duda que el señor Luis Alberto Vega Patiño, no pertenecía a ningún grupo armado al margen de la ley”.

 El 30 de enero de 2014, en el parque principal de Labranzagrande Boyacà, El mayor general Ricardo Gómez Nieto comandante de la octava división del Ejército Nacional, tomó la palabra el general, antes de entregarle un ramo de flores a la viuda, sin ni siquiera atreverse a mirarla a los ojos, diciendo entre otras cosas: “Comparto el dolor que sienten todos ustedes. Si bien estas palabras y cualquier otra medida de reparación no podrán aliviar su aflicción ni resarcir la tristeza, ni el dolor que los embarga por la muerte de su ser querido (…) quiero que sepan que ellas manifiestan el compromiso indeclinable de la fuerza pública para evitar que hechos como estos se repitan en el futuro (…) Quiero aprovechar esta ocasión para manifestar que la Fuerza Pública como defensora de los derechos humanos de nuestros conciudadanos, siempre ha estado, está y estará dispuesta a ayudar a esclarecer la verdad, frente a cualquier hecho que ponga en duda sobre su actuación”. el acto que no duró más de 24 minutos, fue considerado por las víctimas como un acto de burla hacia las familias de las víctimas, pues él entonces El comandante de la Brigada 16 el exgeneral HENRY WILLIAM TORRES ESCALANTE, implicado en la muerte de LUIS ALBERTO VEGA, como la gran mayoría de casos de ejecuciones extrajudiciales con modalidad de falsos positivos, continúan en la impunidad.

 ” Nos preguntamos, queriendo encontrar respuestas: ¿Realmente es un acto de reparación simbólica lo que hicieron los victimarios, o se trata con su presencia desbordada e intimidatoria, en un acto de revictimización?. ¿Podrán ser sinceras las expresiones de disculpas públicas y pedir perdón por parte de los generales, mientras se afirma con voz de mando, que en representación de la ley seguirán matando, para garantizar las libertades y defender los derechos humanos?,. ¿Serán las víctimas quienes deben decidir, de qué manera deben ser y que deben contener este tipo de actos?.

En fin, son muchas las inquietudes que nos seguirán surgiendo, cuando se habla de tiempos de paz e incluso de post-conflicto; mientras generales de la república, hablan de hacer mafias para denunciar a la Fiscalía y borrar cualquier acción, que intente investigar y esclarecer los crímenes de Estado. Queda claro que si bien los altos oficiales manifiestan su intención de evitar este tipo de hechos en un futuro…. ¿entonces mientras tanto que se está haciendo en el presente? Lo que sí es cierto, es que nos toca seguir luchando de manera organizada caracterizándonos por la solidaridad y la conciencia política; exigiendo implacablemente verdad justicia, reparación integral. Tras dos largas décadas de agresión en el departamento de Casanare, víctimas y familiares de víctimas del conflicto social y armado y delegados de organizaciones defensoras de Derechos Humanos nacionales e internacionales, continuamos trabajando para hacer visible la impunidad y la barbarie que ha azotado nuestra región.

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