Comunicado: Denuncian al Estado Colombiano por detención arbitraria de 8 líderes ambientales ante la ONU
El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) y la Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria (COSPACC) denunciaron este lunes 16 de septiembre ante el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas, el caso de ocho líderes ambientales y comunitarios de San Luis de Palenque (Casanare, Colombia) capturados tras participar en protestas contra la empresa canadiense Frontera Energy, quien días antes de producirse la detención, de la cual es denunciante, firmó dos convenios de cooperación con la Fuerza Pública por más de cuatro mil millones de pesos.
El 27 de noviembre de 2018, siendo aproximadamente las 2:45AM, se realizaron los procesos de allanamiento y captura de Ferney Salcedo, Yulivel Leal, Jesús Leal Salcedo, Carmen Iraida Salcedo, Miguel Ángel Rincón, Josué Eliecer Rincón, María Teresa Rincón y Salcedo Betancourt, líderes comunitarios y ambientales del municipio de San Luis de Palenque y, además, integrantes de una misma familia.
Con un operativo de más de 200 hombres, entre miembros de la Policía y el Ejército Nacional, dos Helicópteros y la Fiscalía 135 de la Estructura de Apoyo (EDA) en Casanare, capturaron a estas personas a quienes se les acusa de concierto para delinquir, violencia contra servidor público y obstrucción a vías públicas que afecten el orden público, entre otros delitos.
De inmediato, la comunidad rechazó esta decisión y denunció que se trataba de un montaje judicial promovido por la empresa petrolera Frontera Energy (antigua Pacific Exploration and Production) y la Fiscalía General de la Nación, en contra de los principales voceros de la comunidad, la cual desde el 2016 ha venido denunciando los daños ambientales, sociales y económicos que la explotación del Bloque Cubiro está generando en su territorio.
Los ocho líderes sociales capturados han liderado procesos de denuncia y organización social para exigirle a la empresa que invierta una compensación ambiental por el valor del 1% de su inversión por la captación de agua que se realiza para la actividad petrolera; reparación de las vías veredales que se han deteriorado por el paso constante de vehículos pesados; y el pago de las deudas adquiridas por Frontera Energy durante los últimos años con más de 80 personas de la comunidad que prestaron sus servicios de transporte, alimentación y hospedaje.
Pese a ser líderes sociales reconocidos, la Fiscalía ha argumentado que las ocho personas conformaron en el año 2016 un Grupo Delictivo Organizado (GDO) el cual tiene como “fachada la protesta social”. Además, los acusan de ser los responsables de las lesiones que fueron ocasionadas a un agente del Esmad en una protesta el 26 de febrero de 2018. Sin embargo, a lo largo del proceso la Fiscalía y la Fuerza Pública, han limitado su actuación a señalar la organización y movilización social como una conducta ilícita y no han presentado pruebas que relacionen a estas personas con actividades realmente ilegales.
El CSPP y COSPACC denunciaron y entregaron abundante documentación en Ginebra – Suiza, que da cuenta de cómo Frontera Energy ha incidido en el proceso de investigación contra los líderes sociales que protestaban en su contra, entre otras a través de la firma de millonarios convenios con las fuerzas militares y la policía directamente y presuntamente aprovechándose de los convenios que Ecopetrol tiene con la Fiscalía y que financian directamente a los funcionarios y las unidades que estarían detrás de este caso.
Muestra de ello, es como durante el mes de noviembre de 2018, y pocos días antes de la detención, la empresa Frontera Energy suscribió dos convenios con el Ministerio de Defensa Nacional (18-014 y 18-017), en los cuales el Ejército Nacional se comprometió a brindar una especial protección a las áreas de interés de la empresa a cambio $4.492.974.695.
Por su parte, el Fiscal 135 EDA, que funge como acusador en el caso de San Luis de Palenque, tiene su oficina en las instalaciones del Cantón Militar de la Brigada 16, estructura que recibió buena parte de la mencionada financiación. A su vez, la estructura de la Fiscalía de la que hace parte (Estructura de Apoyo de Hidrocarburos –EDA-), ha recibido durante los últimos cinco años, más de 82 mil millones de pesos de Ecopetrol para investigar delitos relacionados con “acciones de hecho durante la protesta social”, entre otros, que afecten a la empresa colombiana y sus asociadas.
Según Franklin Castañeda, presidente del CSPP, “son altos los riesgos que entrañan los mencionados convenios, que colocan al servicio de intereses privados las instituciones del Estado colombiano, hecho que se agrava si se tiene en cuenta que una de sus beneficiarias es la Fiscalía General de la Nación, entidad que ha venido impulsando procesos en contra de defensores de derechos humanos y del medio ambiente que han denunciado o se han movilizado contra las irregularidades con la que funcionan estas empresas”.
Las organizaciones que presentaron la comunicación denunciaron en la ONU la parcialidad del ente investigador del Estado en favor de la empresa Frontera Energy, así como las violaciones al debido proceso que se han presentado a partir de un uso indebido del derecho penal, la violación de la libertad personal y el presupuesto de peligrosidad de la labor de defensa de los derechos humanos. Por esto, solicitaron que se declaren estas detenciones como arbitrarias.
El Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria es un mecanismo creado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el que un grupo de expertos tienen como función la averiguación de casos en los que existan detenciones que puedan atentar contra los principios establecidos por normas internacionales y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
