Caso San Luis de Palenque: Comunidades, movilización, empresas petroleras y judicialización
El pasado 16 de septiembre en Ginebra – Suiza, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos –CSPP- y la Corporación Social Para la Asesoría y Capacitación Comunitaria –COSPACC- presentaron una comunicación al Grupo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas –ONU- por la captura de los ocho líderes sociales, ambientales y comunitarios del municipio de San Luis de Palenque, Casanare.
Los líderes, que fueron detenidos el 27 de noviembre del 2018 y que en la actualidad se encuentran privados de la libertad, son: Ferney Salcedo, Yulivel Leal, Jesús Leal Salcedo, Carmen Iraida Salcedo, Miguel Ángel Rincón, Jousé Eliecer Rincón, María Teresa Rincón y Salcedo Betancourt, habitantes de San Luis de Palenque y 7 de ellos integrantes de una misma familia. Fueron detenidos por promover movilizaciones sociales ante los impactos negativos que la exploración y explotación de hidrocarburos promovida por la empresa Frontera Energy está generando en su territorio.
Las detenciones fueron realizadas desplegando un gran operativo de más de 200 hombres, entre miembros de la Policía Nacional y el Ejército Nacional, incluyendo el uso de dos Helicópteros. Las autoridades capturaron a estas personas bajo acusaciones de concierto para delinquir, violencia contra servidor público y obstrucción de vías que afectan el orden público, entre otros delitos.
Las razones de la protesta de los líderes sociales y por ende de su detención
En el año 2012, representantes de las Juntas de Acción Comunal (en las cuales participan 5 de los 8 detenidos) de los municipios de San Luis de Palenque, Trinidad y Pore, departamento de Casanare, denunciaron los daños que las obras realizadas por las empresas petroleras estaban generando en la comunidad.
En palabras de la comunidad: “La empresa viene generando contaminación ambiental por el polvo que levanta con el tráfico de los vehículos, generando enfermedades respiratorias a las comunidades y demás seres vivos. La empresa utiliza el agua de producción para regar la vía, la cual va a las sabanas contaminando pastos y abrevaderos para el ganado. En ocasiones se toma agua de río generando consumos en detrimento de los cursos de agua. La compañía está vertiendo las aguas de producción al Río Pauto, generando contaminación ambiental y detrimento al uso del agua para el consumo humano y la economía de la región. Se han presentado muertes de animales por contaminación de las praderas. La contaminación atmosférica se presenta con la quema de los gases asociado a la producción, que pueden generar en enfermedades graves”[1].
A partir de ese año, las comunidades iniciaron un proceso continuo de exigibilidad de derechos, plasmado en pliegos de exigencias, mesas de concertación y diálogo entre las empresas, la Alcaldía Municipal y la Gobernación, y movilizaciones sociales. A lo largo de estos años, los ocho líderes sociales y defensores de derechos humanos destacaron en su labor de representantes de la comunidad.
Según la Fiscalía General de la Nación en el año 2016, se conformó un Grupo Delictivo Organizado “GDO”[2] en el municipio de San Luis de Palenque, y el cual tiene como “fachada la protesta social”. Aseveración encaminada a minimizar las exigencias de la comunidad ante las afectaciones de la empresa Frontera Energy (para ese momento PACIFIC E&P). En junio del mismo año, las comunidades denuncian que el transporte pesado utilizado por la empresa estaba afectando las vías terciarias del municipio[3], además, el no pago de las deudas producto de servicios de transporte, alimentación, hospedaje y lavado de ropa, así como la falta de inversión social y ambiental. Según la comunidad la empresa adeudaba un aproximado de 3.400 millones de pesos.
En junio de 2017 se realizó una reunión entre la Alcaldía, la Empresa y la comunidad para dialogar sobre el mantenimiento de la vía. En esta reunión se acordó conformar una veeduría a dichos arreglos, integrada por la Alcaldía Municipal y la comunidad de las veredas involucradas. Por incumplimientos de la petrolera Frontera Energy ante este y otros compromisos, la comunidad y los trabajadores petroleros de San Luis de Palenque – Casanare adelantaron una manifestación en los pozos petroleros del bloque “Cubiro” del 1 al 4 de agosto de 2017. Los voceros del paro indicaron que: “Esta movilización se da por el mal estado de la vía Las Plataneras, que se encuentra intransitable debido al paso constante de tractomulas que transportan el crudo afectando a tres veredas: El Tigre, La Venturosa y La Platanera. A esto se le suma el incumplimiento a la licencia 2147 del 25 de diciembre del 2005 correspondiente al bloque –Cubiro[4]”.
El 17 de octubre de 2017 las comunidades de San Luis de Palenque, nuevamente se movilizaron pacíficamente para exigir a la empresa Pacific Rubiales (actualmente Frontera Energy) y la Alcaldía respuestas al pliego presentado en el mes de septiembre y que contemplaba aspectos en materia de Derechos humanos, salarios, inversión social, arreglo de vías y pago del 1% por compensación ambiental. Producto de la movilización, el 21 de octubre la Empresa concertó con la comunidad el inicio de un proceso de diálogo en cinco mesas: asuntos laborales, inversión social, bienes y servicios, medio ambiente y derechos humanos.
El 21 de noviembre de 2017 en una reunión liderada por el Ministerio del Interior, en la cual participó la empresa Frontera Energy y representantes de la comunidad, se presentaron las propuestas de los habitantes de las veredas afectadas. En esa reunión, los manifestantes y la comunidad rechazaron la oferta de la empresa de cancelar únicamente el 50% del total de la deuda que tenían para ese momento con los contratistas locales, la cual ascendía a más de 3.400 millones.
El 29 de enero de 2018 se presentó una nueva manifestación en San Luis de Palenque por los continuos incumplimientos de la Empresa. El 31 de enero la comunidad llegó a un acuerdo con la compañía, donde esta se comprometió a no transportar más hidrocarburos hasta no resolver las cinco mesas de trabajo que se adelantaban para solucionar esta problemática. Sin embargo, en el mes de febrero la compañía sorprendió a la comunidad ingresando 15 tractomulas escoltadas por Policía y Ejército para continuar con las actividades, provocando la reacción de los habitantes afectados por el incumplimiento de la empresa Frontera Energy. Por esta situación, la comunidad salió de manera espontánea a manifestarse.
Ante esta situación, el 5 de febrero de 2018 Frontera Energy anunció públicamente la suspensión de las actividades en el Bloque Cubiro Afirmando que: “Desafortunadamente, las excesivas demandas por parte de un grupo minoritario de personas de San Luis de Palenque; grupo que no representa a los líderes ni a la comunidad del municipio, ha llevado a que la compañía tome esta decisión. Frontera Energy está dispuesta a negociar en buenos términos, pero no bajo la presión de un bloqueo y amenazas a los trabajadores. La compañía no responderá a tácticas de intimidación de un grupo de personas que no representa los intereses de las comunidades de San Luis de Palenque y Trinidad, y hace un llamado a los alcaldes de dichos municipios, así como al gobernador de Casanare y al gobierno nacional para que asista en la pronta resolución de este conflicto[5]”.
El 29 de junio de 2018 en la ciudad de Bogotá, a instancias de la Estrategia Territorial del Sector Hidrocarburos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ETH-ANH), se realizó una reunión con representantes de la comunidad y la empresa Frontera Energy. Allí una vez más los líderes, que actualmente están privados de la libertad, manifestaron los reiterados y permanentes incumplimientos por parte de la empresa, Particularmente el pago de la deuda a los transportistas y el mantenimiento vial. Dando seguimiento a las mesas de negociación, los días 11 y 12 de julio de 2018 se realizó una reunión entre representantes del gremio de transportadores del Bloque Cubiro y representantes de la Empresa Frontera Energy. En ella, los voceros de la comunidad hicieron solicitudes sobre garantías laborales en el pago de los servicios.
Posteriormente, representantes de la comunidad, en particular el señor FERNEY SALCEDO, participó en una reunión los días 8 y 9 de agosto de 2018. Allí presentó las deudas pendientes de la Empresa Frontera Energy con seis personas, así como las violaciones a los derechos laborales de diez trabajadores de la empresa. De igual forma, señaló que la reparación y compensación ambiental es uno de los incumplimientos de Frontera, dado que no cumple con lo expuesto por la ANLA en cuanto a reforestación y otros aspectos.
Ante estos incumplimientos se envió un derecho de petición en octubre de 2018 en el que solicita a la empresa, entre otros aspectos, dar cumplimiento a la compensación ambiental debida, la cual debe ser del 1% del costo total del proyecto y se da por la captación de agua de los ríos Guanapalo, Pauto y Caño Gandul. De igual forma, solicita que se cumpla la meta de reforestación por el uso de vías, la cual debe ser de 1.25 por cada área de explotación, manifestando que la empresa debe 200 hectáreas de reforestación y hasta esa fecha solo habían sembrado 12 hectáreas en la Finca El Platanal.
La respuesta de Frontera Energy se dio el 2 de noviembre de 2018, señalando que: “No son de recibo sus aseveraciones infundadas sobre el incumplimiento por parte de la Compañía de los compromisos pactados en el marco del proceso para la normalización del bloque Cubiro, adicionalmente le aclaramos que la Compañía ha desarrollado múltiples espacios de diálogo y concertación con los legítimos representantes de las comunidades y los líderes del grupo por usted representados, junto con JESÚS LEAL Y YULIBEL LEAL, para superar la problemática social y de conflictividad presente en la zona donde se desarrolla nuestra operación”.
En la segunda semana de noviembre las ocho personas líderes sociales se presentaron a la Fiscalía para averiguar si tenían antecedentes o procesos de investigación en curso contra ellos, a lo cual se les respondió negativamente. Sin embargo son detenidos estos 8 líderes el 27 de noviembre del 2018.
Son 10 meses de privación de la libertad de los 8 líderes sociales, ambientales y comunales, un mecanismo que las empresas multinacionales de la mano del Estado colombiano utilizan para reprimir las luchas de las comunidades y la defensa del territorio y la vida.
1- ANLA (2017). Auto No. 04929 “Por el cual se ordena el inicio de un procedimiento sancionatoria ambiental”. Pág. 3, Disponible en: http://cort.as/-Lm21.
2- Grupo Delictivo Organizado (GDO) fue definido por la Ley 1908 de 2018 como “El grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la Convención de Palermo, con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material”.
3- ANLA (2017). Auto No. 04929 “Por el cual se ordena el inicio de un procedimiento sancionatoria ambiental”. Pág. 3, Disponible en: http://cort.as/-Lm21.
4- TROCHANDO SIN FRONTERAS (2017). Petrolera Frontera Energy incumple a comunidades. Publicado el 4 de agosto de 2017. Disponible en: http://cort.as/-K0rx:
5-La República. Frontera Energy suspendió las actividades en el Bloque Cubiro, en Casanare. Publicado el 5 de febrero de 2018. Disponible en: http://cort.as/-M8H0
