La Provincia de Lengupá en Boyacá no escapa de la barbarie y la impunidad

 Con cerca de 30 mil habitantes en su mayoría comunidad campesina, Lengupá es una de las 13 provincias del departamento de Boyacá, Colombia, región extensa y rica en minerales, con una tierra fértil donde se cultiva toda clase de alimentos de clima templado, frutas, hortalizas, legumbres, especialmente relevante por el cultivo de caña de azúcar, café, plátano, frijol y fique además de frutales como pitahaya, mora, tomate de árbol entre otros.

 Pese a ello durante las últimas décadas la agricultura ha pasado a segundo plano para generar pastizales y cría de especies vacunas y porcinas para consumo humano. Además de ello cuenta con una enorme riqueza hídrica por lo que se localiza dentro de la hoya hidrográfica que comparte su nombre con parte de grandes lagos y un páramo reserva hídrica de la región; región que no escapa al gran capital, a todo este contexto es necesario agregarle el uso del territorio para la ganadería extensiva, amenazas de proyectos hidroeléctricos y mineroenergéticos.

 Durante los últimos 20 años el paso del gasoducto Cusiana Porvenir La Belleza de La Transportadora de Gas Internacional (TGI), el Oleoducto Central de Ocensa de Aguazul Casanare a Vasconia (Boyacá)y a el puerto de Coveñas, y el Poliducto Andino de Ecopetrol y TGI, que en conjunto, han ocasionado no solo el deterioro ambiental del territorio, se han beneficiado de la implantación del aparato paramilitar en la región generando centenares de víctimas ocasionando la desesperanza de la población, la falta de identidad a la región, conformismo y especialmente falta de reconocimiento de su historia, de su memoria que ha sido arrebata y negada por un pensamiento globalizado y hegemónico que no solo permite la impunidad sino que se convierte en el marco de referencia para que estos hechos se sigan repitiendo y se vuelvan a presentar en el futuro.

 Situación de Derechos Humanos

 Desde 2010 COSPACC, mediante la exploración de derechos de petición, pliegos de peticiones, entrevistas abiertas, acercamientos con la comunidad, y artículos de prensa nacional e internacional, talleres, encuentros, peregrinaciones, se constata hechos violentos como asesinatos selectivos de personas y familias, desapariciones, torturas, asesinatos y amenazas, desplazamiento forzado interno, abuso sexual desde el año 1991 como forma de represión y negación del movimiento social en la región, lo cual constata una clara vulneración hacia los derechos humanos, situación que ha tenido repercusiones sociales, económicas, culturales, ambientales hasta la actualidad, debido además, al gran número de víctimas.

 A pesar de los distintos esfuerzos por compilar información todavía no alcanza a vislumbrar una muestra real del tamaño de la agresión en la región. El desplazamiento forzado interno supera las 800 víctimas, no están relacionados otros hechos victimizantes que para las asociaciones de víctimas son 9, apenas estamos tratando algunos de ellos.

 Análisis por actores

Varios son los testimonios de sobre la complicidad de la fuerza pública y policía con los paramilitares denominados carranceros en la década de los 90 y de las autodefensas Campesinas de Casanare durante el primer quinquenio del 2000. “La policía los transportaba en sus camionetas manifiesta una víctima en el municipio de Páez”. “El ejército les transportaba alimentos manifiesta otra testigo del municipio de Miraflores” “Fui a denunciar a la Fiscalía y cuando salí a media cuadra estaban los paras amenazando por colocar la denuncia, manifestando que tenían pleno conocimiento de lo que yo estaba diciendo” “a mí el inspector de policía me dijo que era mejor que no colocara la denuncia, que dejara así”. La fiscalía me informó que mi caso de desaparición forzada fue archivado, pero mi familiar no aparece y se lo llevaron los paras.

 Las autoridades argumentan que la agresión se desarrolló por la presencia de la guerrilla en el territorio, sin embargo, al cruzar la información las víctimas son civiles, dirigentes sociales y campesinos pertenecientes a la Asociación Departamental de Usuarios Campesinos –ANUC-, del partido político de la UP, de las Juntas de Acción Comunal. Se habla con dolor del caso de la Churuca una mujer con algunas dificultades mentales y que la echaron al río por ser testigo de algunos hechos de barbarie. Jóvenes que saliendo del colegio los esperaba una camioneta y los llevaba obligados a engrosar filas del paramilitarismo, los personeros que intentaron sobreponerse a la agresión fueron amenazados o recibieron atentados, dos de ellos viven hoy en el exilio, lo que refleja una contradicción con el argumento inicial. Desesperanza aprendida en la comunidad.

 Los instrumentos psicosociales evidencian una situación casi generalizable de vulneración de la subjetividad de la comunidad afectada, mediante dos ejes de análisis. Los jóvenes que vivenciaron el conflicto cuando tenían una corta edad y aquellos y aquellas que no lo vivieron, invisibiliza la situación ocurrido, no se han apropiado de su historia y tienen un escaso sentido de pertenencia a su comunidad; los adultos, víctimas y conocidos de las familias, en su mayoría, reconocen el conflicto, sin embargo manifiestan una marcada desesperanza aprendida, es decir el estado de pérdida constante y vulneración que hace que la población pierda la esperanza por intentar realizar un cambio, o si acaso recordar lo sucedido para resignificarlo, es un estado en el cual al emitir o no alguna respuesta se recibe un estímulo negativo, sin tener algún discriminador de lo ocurrido, de modo que es un estado psicológico y social de vulneración profunda al bienestar de una comunidad representado además por la pérdida de valores, anomia, represión de sucesos traumáticos, y tendencia al conformismo.

El 27 de septiembre de 2013 y el 18 y 19 de agosto de 2015, más de 200 pobladores de los municipios de Páez, Zetaquira, San Eduardo, Berbeo, Miraflores y de los poblados de La Ururía y Vista Hermosa, acompañados del Párroco del municipio de San Eduardo, los personeros de San Eduardo y Miraflores y el secretario de Gobierno del municipio de Páez, todos ellos habitantes pertenecientes a la provincia de Lengupá departamento de Boyacá, se movilizaron en la peregrinación de acompañamiento a víctimas del conflicto social y armado que ha padecido esta región durante décadas e intensificado. según la secretaría de gobierno de Boyacá, a partir de 1989 donde hasta ahora se han registrado más de 1300 víctimas sin que se hayan esclarecido los hechos, ni menos, comparecido ante la justicia los responsables.

El equipo de derechos humanos del Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia y organizaciones sociales del país realizaron un acompañamiento a las víctimas del conflicto armado en la provincia de Lengupá (Boyacá) a través una peregrinación humanitaria. Éste año, con motivo de la segunda Caravana por la defensa de la vida y el territorio; la Red de Hermandad y solidaridad con Colombia REDHER, y organizaciones nacionales promovieron una Peregrinación nacional desde el centro al Nororiente de Colombia, que inició en Bogotá, pasó por Lengupa, Santander del sur, sur de Bolívar y terminando en Valledupar donde más de 100 personas acompañaron a las familias de las víctimas «No podemos cuestionar al futuro sin revisar el pasado» “si queremos la paz, no podemos anhelar una paz que genere miedo y desigualdad» fueron algunas de las frases expresadas por el sacerdote Jesuita JAVIER GIRALDO MORENO uno de los artífices de la primera peregrinación; y clara razón tiene, el pasado al que se le echa tierra, se le oculta sin censurar, es un pasado que no encuentra su sitio en el presente, en los corazones, pensamientos y en el actuar de los que aún quedan, por eso es una historia que toca hacerle frente con valentía pero nunca con resignación. La conmemoración del 27 de septiembre de 2013 fue el primer paso para acercarse a la verdad de hechos que tanta pena promueven y a su vez unión, resistencia e indignación.

La segunda peregrinación que contó además con la participación del padre Claretiano Henry Ramírez quien realizó una liturgia campal donde personas hicieron memoria y elevaron oraciones por sus familiares arrebatados en la región, fue promovida por la Corporación social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria – COSPACC-, organización defensora de Derechos y que en su apoyo y respaldo a las víctimas asistieron delegaciones nacionales e internacionales pertenecientes a la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia REDHER, Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, Corporación CHOAPO, La Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro de Boyacá y Casanare –ASONALCA-, la asociación Nacional de jóvenes y estudiantes ANJECO, el periódico regional Trochando sin fronteras y Víctimas de los municipios vecinos de Recetor y Chámeza del departamento de Casanare, Soracà y Boyacà del departamento de Boyacá.

 Familiares, vecinos y amigos nuevamente tomaron el micrófono y dando a conocer sus testimonios de lo sucedido; el evento se cerró con un almuerzo comunitario entre los asistentes. Las dos peregrinaciones se han realizado en el sitio la buena vista, un lugar escogido de ser convertido en sitio de dolor a sitio de esperanza y memoria. En horas de la mañana del 18 de agosto el personero de Miraflores convocando a la peregrinación manifestó por la emisora “el año pasado me di cuenta que ese es un acto que repara”. Varios municipios de la región invierten algunos recursos en recuperación de la memoria, en algunos símbolos, en palabras del padre de San Eduardo debería hacerse en el fuerzo en la Buena Vista que es el sitio que los reúne a todos.

 Uno a uno fueron despidiendo y desfilando cada una de las personas asistentes al encuentro, teniendo en cuenta que en ningún momento pretende suplantar la labor del estado, quedando convocados a una tercera Peregrinación Humanitaria a Lengupá con motivo de continuar con el proceso de memoria iniciado años atrás y realizar una vez más un acto por la vida, la memoria contra la impunidad y por la permanencia en el territorio.

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