Diversas organizaciones de
derechos humanos han denunciado el avance de una política de persecución al
movimiento social en Casanare caracterizada por constantes señalamientos,
amenazas, procesos de judicialización a través de montajes judiciales, malas interpretaciones
de la norma y asesinatos selectivos contra líderes y organizaciones
ambientalistas, campesinas, juveniles, comunales y de mujeres.
Es por eso que diversos líderes del departamento,
junto con organizaciones y procesos comunitarios convocaron el pasado 12 de
junio una movilización con la consigna #SerLíderSocialNoEsDelito
para evidenciar que a la lucha por los derechos y reivindicaciones de las
comunidades no se le puede dar un tratamiento de guerra, como lo vienen
haciendo las instituciones de investigación y judicialización del Estado.
Esta
movilización rechazó la política de persecución al movimiento social y acompaño
a diversos líderes sociales y comunales que están atravesando procesos de
judicialización como lo son los líderes sociales del movimiento social de Casanare
y los líderes de San Luis de Palenque y Trinidad quienes se encuentran privados
de la libertad, debido a sus acciones de movilización en defensa del territorio.
En Casanare más de 30 líderes sociales enfrentan procesos judiciales por
defender la vida, el territorio y ejercer su derecho a la movilización, política
de Estado implantada para acallar las comunidades en la exigencia de sus
derechos.
Detenido el compañero Hermes José Burgos, Fiscal de ASONALCA.
La Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro -ASONALCA- repudia, rechaza y denuncia la detención del compañero Hermes José Burgos, campesino forjado al calor de la lucha quien se desempeña como Fiscal de nuestra asociación y promotor de la misma en los distintos departamentos del Centro Oriente.
Esta detención se presenta en momentos en que se arrecia la violencia y la estigmatización de las fuerzas del régimen contra las comunidades organizadas. En los últimos años, ASONALCA ha denunciado públicamente seguimientos, intimidaciones, persecución, falsos positivos judiciales y asesinatos contra miembros de nuestra Asociación en los departamentos de Arauca, Boyacá, Santander, Casanare y Norte de Santander, siendo los casos más graves los asesinatos cometidos contra nuestros compañeros Arley Mogollón en el municipio de Saravena Arauca y Daniel Abril en Trinidad, Casanare. Todas las denuncias que hemos realizado tienen como denominador común la desidia y falta de voluntad del Estado colombiano en esclarecer las agresiones contra los líderes sociales y campesinos.
El caso de nuestro compañero Hermes se enmarca a nivel nacional en el genocidio y la violencia política impulsada por las fuerzas estatales y para-estatales contra los líderes sociales registrando en los últimos años más de 460 asesinatos, 60 falsos positivos judiciales y capturas masivas que ante la falta de pruebas caen como las ocurridas en el sur de bolívar, cesar y Nariño.
No es una persecución aislada, los intereses de profundizar el modelo económico de muerte y desolación chocan con las comunidades organizadas y luchadoras, los actos victimizantes y las detenciones arrecian luego de jornadas de movilización y acciones colectivas en defensa de los territorios y las comunidades.
En palabras de nuestro compañero Hermes “las mazmorras del Estado son lugares que nos obligan a ser más fuertes, las cárceles son lugares de aprendizaje y lucha para los líderes y las dirigencias de las comunidades, mi compromiso es de convicción en el proceso social, en defensa del pueblo colombiano y en confrontación a las políticas de despojo y arrasamiento del Estado”.
Reiteramos la denuncia contra la clase oligarca de este país que en combinación de las formas de represión golpean a los movimientos populares. Reiteramos nuestra apuesta por la construcción de un nuevo sistema agroalimentario para un país Sin Hambre para las clases trabajadoras y renovamos nuestra vocación de lucha y construcción de poder popular.
Exigimos la liberación inmediata de nuestro compañero Hermes José Burgos y la de los demás líderes y lideresas sociales víctimas de montajes judiciales, gritamos: Ser líder social no es delito.
Las cárceles y la muerte son la respuesta de los tiranos contra un pueblo que reclama, justicia, libertad y vida digna.
Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro -ASONALCA-
Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria – COSPACC-
Las organizaciones sociales del departamento de Casanare como parte del Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia y del Congreso de los Pueblos denunciamos a la comunidad internacional y nacional los hechos de criminalización y persecusión a los que el Estado colombiano somete a los líderes y lideresas del departamento.
foto tomada de: Periódico Periferia
En horas de la madrugada del día lunes primero de Octubre miembros del Gaula de la policía llegaron a la vivienda de la Lideresa social Alix Miriam Aguilar en la ciudad de Yopal, Casanare. Luego de realizar un allanamiento proceden a capturar a la lideresa social en un nuevo caso de falso positivo judicial y de criminalización de la organización popular.
Alix Miriam es una reconocida lideresa social de la ciudad, su labor social ha estado encaminada a impulsar los movimientos en búsqueda de vivienda digna, Miriam es además presidenta del comité municipal de la Asociación de Mujeres Unidas Por Casanare -ASMUC-, organización que ha entablado acciones legales y legítimas en defensa de los derechos de las clases populares y con la cual la gobernación del Casanare y diferentes alcaldías se han sentado en espacios de diálogo interlocución y negociación, siendo ella misma vocera. Resaltamos que El Estado colombiano en lugar de ofrecer soluciones a la problemática de vivienda, persigue a los líderes y lideresas y busca encarcerlarlas.
La persecución a Alix Miriam ha sido reiterativa y ha tomado cada vez mayores niveles de hostigamiento por parte de las fuerzas estatales, en el año 2015, también su lugar de residencia fue allanado, sin encontrar ningún tipo de material probatorio o ilegal. Sin embargo si emprendieron una campaña mediática de señalamiento y persecusión. Debido a esta persecución, Miriam cuenta en la actualidad con medidas de protección de la Unidad Nacional de Protección.
Estos allanamientos y detenciones se dan en un marco de criminalización de la protesta social, donde se cuentan en los últimos años más de 460 asesinatos -como el presentado en Trinidad Casanare contra el líder social y ambiental Daniel Abril en el que están vinculados miembros de la brigada XVI-, decenas de casos de judicializaciones, capturas masivas, procesos y acusaciones.
De igual manera todos estos hechos se profundizan con la llegada de un gobierno con tintes fascistas donde el ministro de defensa plantea regular la protesta social y declara que quienes se manifiestan están financiados por la mafia. Todas estas medidas están encaminadas a romper la capacidad organizativa y de lucha del pueblo colombiano, resquebrajar el tejido social y por esta vía brindar mayores garantías para el despojo de los territorios, empeorar las condiciones de los trabajadores y trabajadoras y aumentar las ganancias del gran capital.
Hacemos un llamado a las organizaciones sociales, de mujeres, campesinas, jóvenes, indígenas, estudiantiles, de afrocolombianos, defensoras de los derechos humanos, culturales y en general al movimiento popular del país a acompañar las personas, familias y procesos sociales perseguidos.
A la comunidad internacional a denunciar y presionar al gobierno de Iván Duque por estos falsos positivos judiciales visibilizando las prácticas de exterminio y acallamiento contra el movimiento social.
Asociación de Mujeres Unidas Por Casanare -ASMUCAsociación
Nacional de Jóvenes y Estudiantes de Colombia -ANJECOAsociación
Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro -ASONALCACorporación
Social Para La Asesoría y Capacitación Comunitaria -COSPACC-
Hoy 12 de abril de 2019 denunciamos a la opinión pública regional, nacional e internacional los siguientes hechos.
La persecución sistemática, asesinatos, atentados,
amenazas, y estigmatización a líderes sociales en Casanare.
Denunciamos la detención en horas de la mañana
del día de ayer 11 de abril de 2019 de los Integrantes de La Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro – ASONALCA, FREDY
ADOLFO FIGUEROA y CARLOS ROMERO.
Tanto Freddy
Figueroa cómo Carlos Romero se
Presentaron de forma voluntaria a la Fiscalía
General De La Nación seccional CASANARE
el pasado 19 noviembre del 2018 en Yopal Casanare dónde el fiscal Encinales
manifestó que revisada la base de datos ellos no tenían ningún requerimiento
por la justicia.
Por lo anterior solicitamos al Ministerio Público, Procuraduría General de la Nación su intervención como garantes del respeto de los derechos humanos y exigimos a la Fiscalía y autoridades judiciales garantizar el debido proceso.
Una vez más rechazamos estos hechos que reiteran la
constante persecución al movimiento social en Casanare.
Firma:
CORPORACIÓN SOCIAL PARA LA ASESORÍA Y
CAPACITACIÓN COMUNITARIA
