La verdad de Lengupá

La desaparición forzada y otras caras del conflicto se vivieron entre los paisajes profundos y las gentes humildes de Lengupá: seis municipios de Boyacá en la frontera con Casanare donde también reclaman por la verdad y la búsqueda de sus seres amados. PeriodismodeVerdad.com se acerca a las verdades ocultas de un territorio hermoso y poco nombrado en el relato nacional de la guerra y la paz.

Lengupá es una provincia en Boyacá que acoge seis municipios: Berbeo, Miraflores, Páez, Campo Hermoso, Zetaquirá y San Eduardo. Sus montañas, valles y abismos la hacen hermosa y aterradora al mismo tiempo. Aquí, donde la naturaleza es diversa y rica, todas las formas de la violencia se dieron cita. Actores armados de distintas características y corrientes se encontraron en esta región y resquebrajaron el tejido social y la confianza para imponer sus leyes de dolor, silencio y muerte. Hoy la abundante flora inunda con su aroma el paisaje a la vez que sus precipicios dibujan un escenario perfecto contra el olvido de aquellos que arrasó la violencia y les obligó a perecer a merced de las aves rapaces al fondo de los abismos.

Es la frontera con el Casanare en la cordillera oriental. En Lengupá, como en muchas tierras de Colombia, la historia se ha llenado de violencia. Gracias a las comunidades, a la fortaleza de las víctimas y el acompañamiento de organizaciones también se han escrito días y años de luchas sociales, las comunidades han buscado la verdad y los desaparecidos que la violencia le arrebató a esta hermosa tierra.  Sin embargo, a excepción de Puerto Boyacá, Boyacá ha sido casi invisible en el mapa de la desaparición forzada en el país. Y a pesar de vivir las violencias y la guerra a la par con el resto de Colombia, poco ha resonado esta provincia en el historial del conflicto. Por eso el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición tiene desafíos especiales en esa región.


Acto central de Peregrinación a Lengupá – Diciembre de 2018

La semilla que ya han sembrado organizaciones y víctimas empezó a ser abonada por la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD). A inicios de mayo, la comunidad se reunió en Tunja con delegados de estos mecanismos para conversar sobre la apuesta del Sistema y trazar una ruta sobre la cual empezar. Boyacá resultó ubicada en la región Centro Andina de la Comisión de la Verdad, junto a Tolima y Huila.

Según el Registro Único de Víctimas, unas 33 mil personas se registraron como víctimas de diversos tipos en Boyacá, pero no se consolidan aún cifras de casos de desaparición forzada. Las familias, por ejemplo, reclaman por el paradero de unas 2 mil personas según el plantón realizado en 2018. “¿Dónde están 2216 desaparecidos en Boyacá?”, decía la Corporación Zoscua. Sin embargo, la Unidad de Víctimas habla de 522 víctimas directas y 1374 familiares de desaparecidos siendo los municipios con más casos Puerto Boyacá (213), Otanche (28), Miraflores (24), Muzo (23) y San Luis de Gaceno (22).

Desaparición y muerte

Particularmente en Lengupá se desconoce el número. Solo algunos están documentados ya que el miedo aún prevalece y se convive con organizaciones ilegales. Entre ellos está el caso del campesino José Germán Salamanca de 43 años de edad, desaparecido por las Autodefensas Campesinas de Casanare (ACC). Lo sacaron  de su casa de habitación en la vereda Guanatá, municipio Zetaquirá, hacia las 8 de la noche el 23 de octubre del año 2000. ¿Dónde está? ¿Qué pasó con el campesino que labraba la tierra y con su yunta de bueyes les araba las tierras a sus vecinos? ¿Qué pasó con el líder de la junta de acción comunal? Esta y muchas más son las verdades que Lengupá reclama.

“La familia ya estaba durmiendo cuando llegaron siete hombres y le dijeron a José que tenía que irse con ellos, que al otro día regresaba. José no sospechó nada, se vistió y se fue con ellos y nunca más se volvió a saber de él”, relata su esposa quien luego de un mes de desaparecido hizo la denuncia ante la Fiscalía de Miraflores. Durante los años siguientes la citaron a declaraciones. En agosto de 2014 el personero de Zetaquirá le informó a la familia que el caso se había cerrado.

También la familia de Carlos Ovalle Gordillo espera justicia. “A mi padre lo ejecutaron las Autodefensas del Casanare un 26 de febrero del 2002 en su finca de la vereda Chapacía, donde también pretendían atentar contra mi madre María Elvira Díaz y declararon objetivo militar a toda la familia Ovalle Diaz”, le cuenta a PeriodismodeVerdad.com Miguel Ovalle, hijo de Carlos y víctima de la persecución y el desplazamiento forzado junto a toda su familia.

“Mi padre era un hombre de carácter fuerte y arraigado a su tierra que tras varios intentos de los paramilitares para asesinarlo, se mantenía en este lugar ya que él decía que él era un hombre que no le había hecho mal a nadie. Para nosotros fue muy difícil aceptar su muerte y a esto se le suma que en su velorio la Defensoría del Pueblo de Tunja  abordó a mi mamá y le indicó que era necesario que abandonáramos el pueblo; de ahí salimos para Bogotá y luego del atentado contra mi hermano el 28 de agosto del 2001 que para la época se desempeñaba como Personero municipal”, recuerda Miguel hasta rememorar su exilio.

“Iniciamos trámites para salir del país. Aplicamos para varios países pero terminamos en Canadá; allí estuvimos por dos años. Bueno, el único que regresó al pueblo fui yo en el 2004. Pero ya no tengo a mi mamá, acá no tengo a mi hermano, no tengo a mi papá. Tengo a mis dos hijas que ya crecieron, pero no tengo a mis otros seres queridos”, relata Miguel desde su fincaEl joven sigue labrando la tierra y en la actualidad participa en la recopilación de memorias en busca de la reconstrucción y sanación de su entorno. Su hermano Nelson, entre tanto, sigue en la defensa de los derechos humanos.

La historia de la guerra

Todo empezó a inicios del siglo XX. Esta historia reciente de violencias en Lengupá se divide en dos periodos con tres olas. El primero comenzó con la posesión de Mariano Ospina como Presidente de Colombia en 1946 hasta 1950 y la configuración del poder político entre el partido Conservador y el Liberal. Lengupá también vivió el terror bipartidista.

A mediados de los 80  y principios de los 90 comenzó a gestarse la segunda ola de violencia tras la llegada de Ecopetrol en la región, al mismo tiempo que se levantó el Batallón Energético Prócer José María Carbonell para custodiar las inversiones petroleras de acciones subversivas de guerrillas y otros grupos ilegales que ya hacían presencia en el territorio.

La oferta inesperada de trabajo industrial transformó la economía local, atrayendo mano de obra externa que precarizó el trabajo y redujo considerablemente la labor agraria. Estas condiciones motivaron diversas manifestaciones de inconformismo en la clase popular, permitiendo la conformación de organizaciones sindicales y políticas de izquierda, que fueron exterminadas violentamente, bajo el pretexto de la guerra contrainsurgente y en complicidad con los paramilitares, quienes se encontraban en la zona garantizando la seguridad del corredor cocalero entre los Llanos orientales y el centro del país.

De acuerdo con documentación y relatos locales, durante esta etapa de conflicto los paramilitares reclutaron jóvenes, hicieron labores de patrullaje, cometieron asesinatos selectivos e infiltraron las instituciones locales del Gobierno. El Alto de Buenavista  -vereda Cápaga, municipio de Páez- fue testigo silencioso de las masacres; hasta este abismo hermoso e imponente llegaban hombres armados y civiles a quienes les hacían pelear hasta la muerte o, simplemente, les arrojaban al vacío.


Caminata hacia el Alto de Buenavista

Mientras este entramado sociopolítico violento se manifestaba en la región, llegó la tercera ola de violencia que inició con la Ley de Justicia y Paz en 2005, mediante la cual las Autodefensas Unidas de Colombia se desmovilizaron. Las Autodefensas de Colombia (ACC), sin embargo, no entraron en ese proceso e inició una lucha cada vez más aguda por mantener el poder territorial. De acuerdo con Fernando Ortiz en Hilando Voces, publicación del programa de paz del CINEP, él mismo fue reclutado por paramilitares para hacer parte de sus filas y recuerda escucharles hablando de la posibilidad que tenían de legalizar su accionar una vez Álvaro Uribe Vélez llegara a la presidencia. Su reclusión fue motivada por uno de sus compañeros de colegio, quien hacía parte de la red de informantes y colaboradores de los “paras” en la región.

Hoy se hace un esfuerzo por desenterrar la verdad de la que poco se conoce. Hay quienes se han dedicado a contar la historia desde la voz de las víctimas y se encuentran ahora buscando estrategias para romper el silencio, para no caer en la re victimización de comunidades a las que les han desgarrado el alma y que les sigue doliendo recordar sus casos. También defensoras y defensores de la vida construyen a cada paso elementos de confianza que permitan entender qué pasó en Lengupá, por qué se ha instalado allá tantas veces la violencia y cómo enmendar errores del pasado para evitar que de nuevo se ubique el terror.

Pero muchos aún no se atreven a hablar. Entregar testimonios para avanzar en la construcción de la memoria de Lengupá ha generado incluso discrepancias; los responsables no fueron solo los ilegales sino el Ejército nacional y la similitud de uniformes no permitían la plena identificación. A eso se suma que, en ocasiones, miembros del Ejército y paramilitares se hacían pasar  por guerrilleros. Pese a todo hay voces y luchas como la de Miguel Ovalle quien se escucha de nuevo en las calles de su pueblo y retumba en los cañones de la exuberante provincia de Lengupá como una grito de valor y dignidad: “Uno se acostumbra a sobrevivir; lo más importante es que ya no tengo rencor”, dice desde su paraíso. 

Texto: América Leguizamón. Fotos Cortesía Jennifer Camargo – Trochando Sin Fronteras

En Lengupá se continúa recuperando la memoria

Equipo de comunicaciones Casanare – Boyacá

27 de abril 2019

“Los hechos victimizantes, lejos de quedarse en eventos pasados, tienen una temporalidad que se extienden hasta el presente mirafloreños en el que aún quedan muchos acontecimientos por esclarecer”. (Caso Tipo No 14)

Foto tomada por: Equipo de comunicaciones Boyacá – Casanare

Lengupá una provincia de Boyacá golpeada por la violencia, durante varias décadas parecía haber olvidado a sus muertos y desaparecidos. Pero hoy sus pobladores quienes vivieron las violencias de una forma descarnada se dan a la tarea de hacer memoria, lo cual ha permitido liberar las cargas emocionales, sanar heridas, recuperar la confianza, reconstruir el tejido social, generar autonomía y visibilizar el territorio y esto lo han hecho a través de contar sus historias en el Caso Tipo No 14, Hilando voces, tejiendo memorias. Tras las huellas de las violencias de Lengupá, Boyacá.

Para que la memoria se ha colectiva las organizaciones sociales como el CINEP, COSPACC, Tiendo OSC, Las comunidades de víctimas de Berbeo, Campohermoso y San Eduardo, La Corporación Alianza Desaparición Forzada en Guaviare y Boyacá, la Corporación Colectivo Orlando Fals Borda y la Corporación Reintegración y Reconciliación Vida y Paz, se han dado a la tarea a presentar el Caso Tipo No 14, Hilando voces, tejiendo memorias en los municipios de esta provincia. El pasado 9 de abril se hizo la presentación en Miraflores en el salón parroquial. Y hoy sábado 27 se hace el lanzamiento en el municipio de Páez. Estos dos eventos contaron con la participación del padre Javier Giraldo, un arduo defensor de los Derechos Humanos y de las víctimas del conflicto armado. Y quien indico que continuara haciendo su trabajo hasta que se aclare los responsables y aparezca la última víctima desaparecida. Y que esta recopilación de la memoria se logró gracias al compromiso y entereza de las víctimas para contar su historia y apoyar en la investigación para mantener vivía la memoria.

Los delegados de la Corporación para la Asesoría y Capacitación Comunitaria –COSPACC- recordaron como se inició el acompañamiento a esta comunidad desde hace ya casi una década y la importancia que ha tenido las comunidades para reconstruir la memoria, “nosotros estaremos donde las comunidades nos necesiten y requieran nuestro apoyo y acompañamiento, pero son ustedes los verdaderos protagonistas de este trabajo”.

Las victimas como los protagonistas de esta recopilación, han indicado que a pesar de que en el pueblo se les tiene “recelo” a los ejecutores de los hechos violentos se continuara con la reconstrucción de la memoria y la búsqueda de los desaparecidos. Aunque en Lengupá la violencia se había interiorizado entre la población las víctimas la han cuestionado y son ellas las que han resistido lo cual ha permitido ir reconstruyendo el tejido social afianzar confianzas y estrechar lasos. Y una de las formas que han utilizado las víctimas es el teatro que ha sido parte importante para la recopilación de la memoria y sanar heridas y son los niños y jóvenes los que representan esta dura realidad que tuvieron que afrontar sus abuelos, padres, hermanos y amigos, como una forma de no olvidar y conocer la historia a partir de las personas que sobre vivieron al paramilitarismo y otras violencias de la región.

Espacios de socialización e investigación son los que han permitido ir visibilizando el fenómeno paramilitar en Boyacá, el cual ha estado oculto bajo el manto del miedo. “Es por esto que se ve necesario continuar analizando las dinámicas de las estructuras del paramilitarismos en Colombia para generar un entorno de confianza y respaldo entre los habitantes…” (Caso Tipo No 14). Las víctimas, la comunidad y las organizaciones sociales continuaran trabajando en Lengupá para la recuperación de la memoria, por justicia y verdad.  

Tomado de: Trochando Sin Fronteras

HERMES JOSÉ BURGOS, FISCAL DE -ASONALCA- DETENIDO EN FALSO POSITIVO JUDICIAL

Centro oriente de Colombia, 2 de octubre de 2018

Comunicado a la opinión pública


Detenido el compañero Hermes José Burgos, Fiscal de ASONALCA.

La Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro -ASONALCA- repudia, rechaza y denuncia la detención del compañero Hermes José Burgos, campesino forjado al calor de la lucha quien se desempeña como Fiscal de nuestra asociación y promotor de la misma en los distintos departamentos del Centro Oriente.

Esta detención se presenta en momentos en que se arrecia la violencia y la estigmatización de las fuerzas del régimen contra las comunidades organizadas. En los últimos años, ASONALCA ha denunciado públicamente seguimientos, intimidaciones, persecución, falsos positivos judiciales y asesinatos contra miembros de nuestra Asociación en los departamentos de Arauca, Boyacá, Santander, Casanare y Norte de Santander, siendo los casos más graves los asesinatos cometidos contra nuestros compañeros Arley Mogollón en el municipio de Saravena Arauca y Daniel Abril en Trinidad, Casanare. Todas las denuncias que hemos realizado tienen como denominador común la desidia y falta de voluntad del Estado colombiano en esclarecer las agresiones contra los líderes sociales y campesinos.

El caso de nuestro compañero Hermes se enmarca a nivel nacional en el genocidio y la violencia política impulsada por las fuerzas estatales y para-estatales contra los líderes sociales registrando en los últimos años más de 460 asesinatos, 60 falsos positivos judiciales y capturas masivas que ante la falta de pruebas caen como las ocurridas en el sur de bolívar, cesar y Nariño.

No es una persecución aislada, los intereses de profundizar el modelo económico de muerte y desolación chocan con las comunidades organizadas y luchadoras, los actos victimizantes y las detenciones arrecian luego de jornadas de movilización y acciones colectivas en defensa de los territorios y las comunidades.

En palabras de nuestro compañero Hermes “las mazmorras del Estado son lugares que nos obligan a ser más fuertes, las cárceles son lugares de aprendizaje y lucha para los líderes y las dirigencias de las comunidades, mi compromiso es de convicción en el proceso social, en defensa del pueblo colombiano y en confrontación a las políticas de despojo y arrasamiento del Estado”.

Reiteramos la denuncia contra la clase oligarca de este país que en combinación de las formas de represión golpean a los movimientos populares. Reiteramos nuestra apuesta por la construcción de un nuevo sistema agroalimentario para un país Sin Hambre para las clases trabajadoras y renovamos nuestra vocación de lucha y construcción de poder popular.

Exigimos la liberación inmediata de nuestro compañero Hermes José Burgos y la de los demás líderes y lideresas sociales víctimas de montajes judiciales, gritamos: Ser líder social no es delito.

Las cárceles y la muerte son la respuesta de los tiranos contra un pueblo que reclama, justicia, libertad y vida digna.

Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro -ASONALCA-

Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria – COSPACC-

Comunicado a la opinión Publica

Yopal Casanare, diciembre 20 de 2018

LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE CONGRESO DE LOS PUEBLOS CAPÍTULO CASANARE NOS PRONUNCIAMOS EN RECHAZO A LOS INCUMPLIMIENTOS DE LA MULTINACIONAL PETROLERA CANADIENSE FRONTERA ENERGY Y A LOS MONTAJES JUDICIALES DE LÍDERES COMUNITARIOS DE SAN LUIS DE PALENQUE – CASANARE

En agosto de 2017 las comunidades del bloque Cubiro del municipio de San Luis de Palenque presentaron un pliego de peticiones a la multinacional petrolera canadiense Frontera Energy – bloque Cubiro, manifestando la disposición de diálogo para concertar soluciones a las problemáticas económicas, sociales y ambientales de los territorios.

Ante los reiterados incumplimientos por parte de Frontera Energy en los acuerdos, las comunidades se han movilizado pacíficamente desde octubre de 2017, con el fin de exigir el pago de la deuda por servicios, pavimentación de 2,5 km de vía, la formalización laboral, las garantías de derechos humanos para la comunidad y el cumplimiento de las licencias ambientales.

Como organizaciones sociales en varias ocasiones hemos manifestado públicamente la falta de seriedad por parte de la multinacional en el cumplimiento real de los acuerdos establecidos con las comunidades y la inobservancia de las autoridades gubernamentales. Exigimos que se viabilizaran las soluciones materiales de las peticiones expuestas y los puntos concertados con las comunidades.

Rechazamos que la multinacional petrolera incumpla el punto de garantías de derechos humanos, toda vez que instaura una denuncia penal contra líderes que exigen el cumplimiento de lo pactado, denuncia que no ha sido retirada. Rechazamos que la respuesta estatal haya sido la captura efectuada el 27 de noviembre de 2018 con un despliegue desproporcionado de fuerza pública, y la posterior judicialización a ocho líderes y lideresas comunitarias que han participado de estos escenarios de organización y movilización, quienes hoy se encuentran privados de su libertad, de los cuales 4 tienen una medida de aseguramiento intramural en establecimiento penitenciario y los otros 4 detención domiciliaria como consecuencia de los montajes judiciales.

Los falsos positivos judiciales son la modalidad implementada para atacar al movimiento social, buscan acabar con las expresiones organizativas que trabajan por la defensa de la dignidad de las comunidades. Actualmente se encuentran privados de la libertad los ocho líderes de San Luis de Palenque junto con los líderes sociales Hermes Burgos y Alix Miriam Aguilar, quienes son víctimas de montajes judiciales por parte de la misma unidad de la fiscalía, lo cual pone en evidencia un ataque a líderes sociales del departamento La judicialización de líderes como respuesta del Estado recrudece las problemáticas comunitarias, la privación de la libertad busca desarticular los procesos sociales aun cuando se ha manifestado públicamente que los líderes sociales están prestos ante los requerimientos de las autoridades judiciales, tal como se expresó en el plantón y presentación de líderes realizada el pasado 19 de noviembre ante la Dirección seccional de Fiscalías de Casanare Las comunidades del bloque Cubiro continúan con el ejercicio legal y legítimo a la protesta social, con dos movilizaciones pacíficas que se han realizado el 5 y 14 de diciembre del presente año, a las cuales han invitado a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la Gobernación de Casanare, las Alcaldías Municipales de Trinidad y San Luis de Palenque y la petrolera Frontera Energy Bloque Cubiro.

Estas invitaciones han sido ignoradas por parte de todas las autoridades e instituciones invitadas, excepto el alcalde de San Luis de Palenque, quien asistió y se opuso a las vías de hecho pacíficas a las que han acudido las comunidades ante los reiterados incumplimientos.

Desde las organizaciones sociales de Congreso de los Pueblos capítulo Casanare, nuevamente exponemos la situación política y social que atraviesan las comunidades de San Luis de Palenque, exigimos la libertad de los 8 líderes y lideresas víctimas de montajes judiciales, rechazamos la persecución a los procesos organizativos y exigimos el cumplimiento de los acuerdos que ha firmado la multinacional petrolera canadiense Frontera Energy bloque Cubiro. Una vez más exigimos la libertad inmediata de los líderes Alix Mariam Aguilar y Hermes Burgos.

NO MÁS MONTAJES JUDICIALES CONTRA LOS LÍDERES SOCIALES
SER LÍDER SOCIAL NO ES DELITO
ASOCIACIÓN NACIONAL CAMPESINA JOSE ANTONIO GALÁN ZORRO
“ASONALCA”
CORPORACIÓN SOCIAL PARA LA ASESORÍA Y CAPACITACIÓN
COMUNITARIA “COSPACC”
ASOCIACIÓN NACIONAL DE JÓVENES Y ESTUDIANTES SECCIONAL
CASANARE “ANJECO”
ASOCIACIÓN DEPARTAMENTOS DE MUJERES UNIDAS POR CASANARE
“ASMUC”
UNION SINDICAL OBRERA subdirectiva TAURAMENA “USO”
TAGGEDCASANARECOMUNIDADES

Hilar voces, tejer memorias, la propuesta de las víctimas en Lengupá

La violencia en este departamento, tiene algunos hitos como en los años cincuenta con la guerra bipartidista entre liberales y conservadores, la historia de los Chulavitas[1] el embrión que dio nacimiento a los grupos de autodefensas y paramilitares en Colombia. Tampoco se puede olvidar que en Puerto Boyacá tuvieron origen las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC-[2] las cuales sembraron el terror en el país. Incluso este municipio es considerado como la capital antisubversiva de Colombia.

Boyacá, es uno de los departamentos donde se pretendió invisibilizar la violencia. De las masacres que allí perpetraron los paramilitares poco se sabe, igual de las víctimas del conflicto social y político, especialmente en la provincia de Lengupá.

Ante la necesidad de construir memoria. Comunidades, organizaciones sociales y de derechos humanos el pasado 31 marzo de 2019, en Miraflores – Boyacá, desarrollaron el lanzamiento del Caso tipo número 14 Hilando voces, tejiendo memorias, tras la huella de la violencia vivida desde los años 80’s hasta el 2005. resultado parcial de un proceso de investigación que tiene como objetivo la búsqueda e identificación de personas desaparecidas.

Para los habitantes que vivieron esta época, el número de víctimas es indeterminado, “hasta este lugar, los paramilitares llevaban a sus víctimas, para luego lanzarlas de este precipicio al lecho del río Lengupá“.

Para Tatiana Triana, de la corporación COSPACC, “se viene adelantando un proceso de investigación con el fin de aportar a la memoria y la verdad, y visibilizar los procesos de violencia. El lanzamiento de Hilando voces, tejiendo memorias, tras la huella de la violencia en Lengupá Boyacá, como un primer producto, que entregamos a la región y a la nación, evidenciando y visibilizando los casos que se presentaron, en Lengupá – Boyacá, documentados desde 1985 hasta el año 2005”. Aseguró.

Yolanda Acevedo una de las víctimas narró “El hecho victimizante fue la desaparición de mi hermano, con alegría expongo mi caso, porque muchos se van a dar cuenta que sí me quitaron un miembro de mi familia, que salió a la luz pública ese caso que tanto duele, ejemplo para que muchos otros, lo tomen y lo hagan, lo que se hasta haciendo es llevar una voz a estas víctimas que no quieren hablar, que no quieren decir lo que sucedió, decirles hablen, comenten para que salga a la luz pública, por dicen que la región de Lengupá no tiene violencia, pero si la tenemos

Tomado de:
https://trochandosinfronteras.info/hilar-voces-tejer-memorias-la-propuesta-de-las-victimas-en-lengupa/?fbclid=IwAR2Dgm-OKNQvYPulN3k1VJIbYlXEeE-nvZCIs8pjxnjt1-LmpdZmOr54SIg

Quienes somos – Cospacc

Cos-pacc

La Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria, (Cos-pacc), dedica la mayor parte de sus esfuerzos a la atención, organización y acompañamiento a víctimas a causa del alto grado de violaciones a los derechos humanos que se presentan en las zonas donde trabaja, concentrándose especialmente en los departamentos de Tolima, Boyacá, Casanare, y la ciudad de Bogotá. Todo ello, sin perder de vista el objetivo principal que es la reconstrucción del tejido social y la formación permanente en la promoción y defensa de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario (DIH).

Historia

A finales de la década de 1990, el movimiento campesino reunido en la Asociación Departamental de Usuarios Campesinos de Casanare (Aduc) fue exterminado por las fuerzas militares, organismos de seguridad del Estado y grupos paramilitares[1]. En 2002, algunos de sus miembros sobrevivientes crearon la organización Cos-pacc, luego de varios debates frente a la necesidad de reconstruir las organizaciones sociales de la región y frente al tema de la violación sistemática de los derechos humanos en el piedemonte llanero, es decir, entre los departamentos de Boyacá y Casanare.

Trabajo

Cos-pacc desarrolla sus actividades en regiones donde la situación, tanto ambiental como social, es supremamente grave. Acompaña y asesora en materia jurídica a víctimas de violaciones de derechos humanos. Además, documenta y denuncia, en coordinación con la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (Fcspp) y la Corporación Claretiana Normán Pérez Bello, casos de daños ambientales, de violaciones de derechos humanos o del derecho internacional humanitario (DIH) y de lesa humanidad, en particular, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Las organizaciones presentan conjuntamente quejas disciplinarias, denuncias públicas y penales, entre las cuales se destaca la que interpusieron contra la Brigada XVI por varios casos de ejecuciones extrajudiciales en el departamento de Casanare[2].

Para informar y sensibilizar sobre estas violaciones de derechos humanos, una parte muy importante del trabajo de Cos-pacc es la publicación de informes, investigaciones y video documentales elaborados en los contextos de las comunidades con las que trabajan.

Participación en plataformas e iniciativas de paz y derechos humanos

Cos-pacc forma parte de varias plataformas y redes de derechos humanos como la Coordinación Colombia, Europa y Estados Unidos (Cceeu), la red del banco de datos del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice). Además, participa de forma activa en el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Multinacionales y forma parte del Congreso de los Pueblos y, desde este trabajo, participa en la subcomisión de garantías y derechos humanos de la Cumbre Nacional Agraria[3].

Enfoque regional de Cos-pacc

La entrada de empresas multinacionales a finales de los años 1980, sobre todo empresas petroleras[4], en Casanare, Tolima y Boyacá, (regiones donde actualmente trabaja Cos-pacc), ha producido un gran impacto negativo en las comunidades, no sólo en su medio ambiente, sino de su entorno social, tras violaciones sistemáticas de sus derechos.

Casanare

Es la región donde Cos-pacc desempeña la mayor parte de su trabajo. Allí la organización acompaña procesos organizativos de casi todos los sectores y ha establecido un equipo de derechos humanos para poder realizar el trabajo en terreno con mayor presencia. Este equipo está compuesto por delegados del sector campesino a través de la Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro, la Asociación Nacional, la organización Regional Indígena de Casanare (Oric) y el sector juvenil estudiantil (agrupado en la Asociación Casanareña de Jóvenes y Estudiantes, Ajocare), quienes desarrollan una agenda en coordinación con la Fundación Jurídica Javier Barriga Verger (Funjab).

Casanare en ruta

En 2014, se realizó en el municipio de Trinidad (Casanare) una audiencia pública, convocada por políticos, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos, y coordinada por Cos-pacc, bajo el lema “El impacto ambiental y de derechos humanos de la política minero energética en el piedemonte llanero”. En palabras de Fabián Laverde, miembro de Cosp-acc, se trata de “un espacio importante y sin antecedentes para las comunidades casanareñas, quienes fueron las que realizaron las denuncias por las que se consideran víctimas, teniendo en cuenta que pertenecen a procesos organizativos.

También fue un espacio para recalcar la directa responsabilidad del Estado ya que es el que permite u omite las responsabilidades de las empresas petroleras. Las denuncias hechas por las comunidades fueron llevadas ante el Congreso”[5] donde se hizo seguimiento y a finales de 2015 hubo un debate sobre política de seguridad para el sector minero-energético en el cual el senador Iván Cepeda Castro denunció la existencia de convenios entre unidades militares y empresas mineras, de hidrocarburos e hidroeléctricas; “Convenios que cuentan con el mayor número de casos de ejecuciones extrajudiciales”, según comentó el político[6].

Cabe resaltar que las investigaciones realizadas por Cos-pacc sobre los daños ambientales producidos por algunas multinacionales han generado tensiones y oposición de parte de las empresas y entidades públicas frente a la organización[7].

Cos-pacc