La desaparición forzada y otras caras del conflicto se vivieron entre los paisajes profundos y las gentes humildes de Lengupá: seis municipios de Boyacá en la frontera con Casanare donde también reclaman por la verdad y la búsqueda de sus seres amados. PeriodismodeVerdad.com se acerca a las verdades ocultas de un territorio hermoso y poco nombrado en el relato nacional de la guerra y la paz.
Lengupá es una provincia en Boyacá que acoge seis municipios: Berbeo, Miraflores, Páez, Campo Hermoso, Zetaquirá y San Eduardo. Sus montañas, valles y abismos la hacen hermosa y aterradora al mismo tiempo. Aquí, donde la naturaleza es diversa y rica, todas las formas de la violencia se dieron cita. Actores armados de distintas características y corrientes se encontraron en esta región y resquebrajaron el tejido social y la confianza para imponer sus leyes de dolor, silencio y muerte. Hoy la abundante flora inunda con su aroma el paisaje a la vez que sus precipicios dibujan un escenario perfecto contra el olvido de aquellos que arrasó la violencia y les obligó a perecer a merced de las aves rapaces al fondo de los abismos.
Es la frontera con el Casanare en la cordillera oriental. En Lengupá, como en muchas tierras de Colombia, la historia se ha llenado de violencia. Gracias a las comunidades, a la fortaleza de las víctimas y el acompañamiento de organizaciones también se han escrito días y años de luchas sociales, las comunidades han buscado la verdad y los desaparecidos que la violencia le arrebató a esta hermosa tierra. Sin embargo, a excepción de Puerto Boyacá, Boyacá ha sido casi invisible en el mapa de la desaparición forzada en el país. Y a pesar de vivir las violencias y la guerra a la par con el resto de Colombia, poco ha resonado esta provincia en el historial del conflicto. Por eso el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición tiene desafíos especiales en esa región.
Acto central de Peregrinación a Lengupá – Diciembre de 2018
La semilla que ya han sembrado organizaciones y víctimas empezó a ser abonada por la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD). A inicios de mayo, la comunidad se reunió en Tunja con delegados de estos mecanismos para conversar sobre la apuesta del Sistema y trazar una ruta sobre la cual empezar. Boyacá resultó ubicada en la región Centro Andina de la Comisión de la Verdad, junto a Tolima y Huila.
Según el Registro Único de Víctimas, unas 33 mil personas se registraron como víctimas de diversos tipos en Boyacá, pero no se consolidan aún cifras de casos de desaparición forzada. Las familias, por ejemplo, reclaman por el paradero de unas 2 mil personas según el plantón realizado en 2018. “¿Dónde están 2216 desaparecidos en Boyacá?”, decía la Corporación Zoscua. Sin embargo, la Unidad de Víctimas habla de 522 víctimas directas y 1374 familiares de desaparecidos siendo los municipios con más casos Puerto Boyacá (213), Otanche (28), Miraflores (24), Muzo (23) y San Luis de Gaceno (22).
Desaparición y muerte
Particularmente en Lengupá se desconoce el número. Solo algunos están documentados ya que el miedo aún prevalece y se convive con organizaciones ilegales. Entre ellos está el caso del campesino José Germán Salamanca de 43 años de edad, desaparecido por las Autodefensas Campesinas de Casanare (ACC). Lo sacaron de su casa de habitación en la vereda Guanatá, municipio Zetaquirá, hacia las 8 de la noche el 23 de octubre del año 2000. ¿Dónde está? ¿Qué pasó con el campesino que labraba la tierra y con su yunta de bueyes les araba las tierras a sus vecinos? ¿Qué pasó con el líder de la junta de acción comunal? Esta y muchas más son las verdades que Lengupá reclama.
“La familia ya estaba durmiendo cuando llegaron siete hombres y le dijeron a José que tenía que irse con ellos, que al otro día regresaba. José no sospechó nada, se vistió y se fue con ellos y nunca más se volvió a saber de él”, relata su esposa quien luego de un mes de desaparecido hizo la denuncia ante la Fiscalía de Miraflores. Durante los años siguientes la citaron a declaraciones. En agosto de 2014 el personero de Zetaquirá le informó a la familia que el caso se había cerrado.
También la familia de Carlos Ovalle Gordillo espera justicia. “A mi padre lo ejecutaron las Autodefensas del Casanare un 26 de febrero del 2002 en su finca de la vereda Chapacía, donde también pretendían atentar contra mi madre María Elvira Díaz y declararon objetivo militar a toda la familia Ovalle Diaz”, le cuenta a PeriodismodeVerdad.com Miguel Ovalle, hijo de Carlos y víctima de la persecución y el desplazamiento forzado junto a toda su familia.
“Mi padre era un hombre de carácter fuerte y arraigado a su tierra que tras varios intentos de los paramilitares para asesinarlo, se mantenía en este lugar ya que él decía que él era un hombre que no le había hecho mal a nadie. Para nosotros fue muy difícil aceptar su muerte y a esto se le suma que en su velorio la Defensoría del Pueblo de Tunja abordó a mi mamá y le indicó que era necesario que abandonáramos el pueblo; de ahí salimos para Bogotá y luego del atentado contra mi hermano el 28 de agosto del 2001 que para la época se desempeñaba como Personero municipal”, recuerda Miguel hasta rememorar su exilio.
“Iniciamos trámites para salir del país. Aplicamos para varios países pero terminamos en Canadá; allí estuvimos por dos años. Bueno, el único que regresó al pueblo fui yo en el 2004. Pero ya no tengo a mi mamá, acá no tengo a mi hermano, no tengo a mi papá. Tengo a mis dos hijas que ya crecieron, pero no tengo a mis otros seres queridos”, relata Miguel desde su finca. El joven sigue labrando la tierra y en la actualidad participa en la recopilación de memorias en busca de la reconstrucción y sanación de su entorno. Su hermano Nelson, entre tanto, sigue en la defensa de los derechos humanos.
La historia de la guerra
Todo empezó a inicios del siglo XX. Esta historia reciente de violencias en Lengupá se divide en dos periodos con tres olas. El primero comenzó con la posesión de Mariano Ospina como Presidente de Colombia en 1946 hasta 1950 y la configuración del poder político entre el partido Conservador y el Liberal. Lengupá también vivió el terror bipartidista.
A mediados de los 80 y principios de los 90 comenzó a gestarse la segunda ola de violencia tras la llegada de Ecopetrol en la región, al mismo tiempo que se levantó el Batallón Energético Prócer José María Carbonell para custodiar las inversiones petroleras de acciones subversivas de guerrillas y otros grupos ilegales que ya hacían presencia en el territorio.
La oferta inesperada de trabajo industrial transformó la economía local, atrayendo mano de obra externa que precarizó el trabajo y redujo considerablemente la labor agraria. Estas condiciones motivaron diversas manifestaciones de inconformismo en la clase popular, permitiendo la conformación de organizaciones sindicales y políticas de izquierda, que fueron exterminadas violentamente, bajo el pretexto de la guerra contrainsurgente y en complicidad con los paramilitares, quienes se encontraban en la zona garantizando la seguridad del corredor cocalero entre los Llanos orientales y el centro del país.
De acuerdo con documentación y relatos locales, durante esta etapa de conflicto los paramilitares reclutaron jóvenes, hicieron labores de patrullaje, cometieron asesinatos selectivos e infiltraron las instituciones locales del Gobierno. El Alto de Buenavista -vereda Cápaga, municipio de Páez- fue testigo silencioso de las masacres; hasta este abismo hermoso e imponente llegaban hombres armados y civiles a quienes les hacían pelear hasta la muerte o, simplemente, les arrojaban al vacío.
Caminata hacia el Alto de Buenavista
Mientras este entramado sociopolítico violento se manifestaba en la región, llegó la tercera ola de violencia que inició con la Ley de Justicia y Paz en 2005, mediante la cual las Autodefensas Unidas de Colombia se desmovilizaron. Las Autodefensas de Colombia (ACC), sin embargo, no entraron en ese proceso e inició una lucha cada vez más aguda por mantener el poder territorial. De acuerdo con Fernando Ortiz en Hilando Voces, publicación del programa de paz del CINEP, él mismo fue reclutado por paramilitares para hacer parte de sus filas y recuerda escucharles hablando de la posibilidad que tenían de legalizar su accionar una vez Álvaro Uribe Vélez llegara a la presidencia. Su reclusión fue motivada por uno de sus compañeros de colegio, quien hacía parte de la red de informantes y colaboradores de los “paras” en la región.
Hoy se hace un esfuerzo por desenterrar la verdad de la que poco se conoce. Hay quienes se han dedicado a contar la historia desde la voz de las víctimas y se encuentran ahora buscando estrategias para romper el silencio, para no caer en la re victimización de comunidades a las que les han desgarrado el alma y que les sigue doliendo recordar sus casos. También defensoras y defensores de la vida construyen a cada paso elementos de confianza que permitan entender qué pasó en Lengupá, por qué se ha instalado allá tantas veces la violencia y cómo enmendar errores del pasado para evitar que de nuevo se ubique el terror.
Pero muchos aún no se atreven a hablar. Entregar testimonios para avanzar en la construcción de la memoria de Lengupá ha generado incluso discrepancias; los responsables no fueron solo los ilegales sino el Ejército nacional y la similitud de uniformes no permitían la plena identificación. A eso se suma que, en ocasiones, miembros del Ejército y paramilitares se hacían pasar por guerrilleros. Pese a todo hay voces y luchas como la de Miguel Ovalle quien se escucha de nuevo en las calles de su pueblo y retumba en los cañones de la exuberante provincia de Lengupá como una grito de valor y dignidad: “Uno se acostumbra a sobrevivir; lo más importante es que ya no tengo rencor”, dice desde su paraíso.
Texto: América Leguizamón. Fotos Cortesía Jennifer Camargo – Trochando Sin Fronteras
